Universidad, corrupción y política

La corrupción académica vinculada a los políticos ha devenido factor determinante de la política española, tanto o más que la corrupción económica, al provocar dimisiones fulminantes de ministros o presidencias de comunidades autónomas (Cifuentes, Montón), y cuestionamientos de los principales líderes (Casado, Sánchez) de los partidos que se han venido turnando en el Gobierno desde la Transición. Lo que refleja una vez más la falta de ética de una parte nada desdeñable de una clase política en proceso de cambio a consecuencia de una mayor exigencia de coherencia, entre el discurso y la práctica, por parte de la sociedad y los medios.

Hasta el presente, ningún partido le ha dedicado al tema de la corrupción académica-política la atención que se merece al afectar de forma tan notoria a la regeneración de la democracia española. La pluraridad y la competencia entre los partidos, y una sociedad civil que roza el hartazgo, harán el resto. Sabemos de lo que hablamos. En diciembre de 2016, denunciamos como profesores e investigadores afectados por los plagios de Fernando Suárez, rector en aquel momento de la Universidad Rey Juan Carlos, por medio de un manifiesto (apoyado por más de 400 colegas de 100 universidades españolas y extranjeras). Denuncia pendiente de las sentencias de los juicios en curso por robo de propiedad intelectual en el Juzgado de lo Mercantil y el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, sobre el plagio de un libro de Miguel Ángel Aparicio de la Universidad de Barcelona y, a iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre los plagios masivos del todavía catedrático Suárez Bilbao de artículos y libros de 30 profesores universitarios e investigadores españoles y extranjeros. Sentencias que deberían suponer un vuelco que deje atrás la complaciencia actual de la universidad, la política y la legislación sobre los plagios de profesores y políticos que, junto la corrupción de los másteres, han generado una verdadera alarma social. Cualquier alumno, joven investigador o padre de familia sabe el esfuerzo de años, sudor y dinero que supone estudiar, investigar y publicar trabajos académicos y tesis doctorales u obtener títulos de posgrado. No se está haciendo nada efectivo para poner remedio.

Los afectados por los plagios de la URJC, en el origen de la crisis político-academica actual, tuvimos en su momento un apoyo unánime aunque fugaz de la opinión pública, no así de las instituciones académicas y políticas. Sufrimos, y con nosotros la universidad pública, la dejadez tanto de la Conferencia de Rectores (con la excepción de los de Barcelona, Alicante, Santiago y Burgos), que decidió la no intervención. Tampoco el anterior Ministerio de Educación y la Aneca quisieron actuar, si bien en la respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada gallega Yolanda Díez Pérez aceptaron vagamente -en el caso de haber sentencia a nuestro favor- revisar los sexenios, la tesis doctoral y la habilitación a cátedra del ex rector de la URJC. Habíamos demandado, sin éxito, que procediesen de oficio. De momento, la nueva ministra de Educación no ha dicho ni mu, pese a la responsabilidad directa del Ministerio en la evaluación de la investigación y la calidad de nuestras universidades.

La acción política falla justamente ahora, cuando son políticos los que se aprovechan de la falta de control del sistema universitario para inflar sus currículos, conseguir títulos fraudulentamente y copiar publicaciones. Llevando hasta un extremo caricatureso la titulitis y la curriculitis -a lo que la universidad no es ajena- que valora la cantidad por encima de la calidad, donde todo vale para aparentar lo que no que se es. De aquellos barros del irresoluto caso de Fernando Suárez Bilbao, estos lodos. Necesitamos con urgencia medidas de fondo, a tomar por las universidades, las instituciones políticas y en ultima estancia los jueces, que sirvan para prevenir y/o resolver por medio de sanciones el problema de los plagios y los títulos académicos ilegalmente concedidos a políticos en activo.

La Conferencia de Rectores ha de cumplir su función rectora del sistema universitario español, elaborando una normativa de referencia que funcione para las universidades a fin de evitar y sancionar el plagio entre profesores e investigadores, así como el funcionamiento anómalo de másteres que hacen excepciones con alumnos de determinado estatus político o de otro tipo. El máximo órgano universitario debería también intervenir cuando una universidad no quiera o no pueda enfrentar el problema (fue el caso de la URJC, hoy desmadrado), de manera que no sea necesario acudir a instancias externas de tipo político o judicial para dar solución a cuestiones de disciplina académica que afectan negativamente al conjunto de la universidad española. No se puede pretender que se persiga el plagio de los estudiantes normales y no se haga lo mismo con los profesores y los alumnos VIP.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -a través de la Aneca, como órgano responsable y organizador de la gestión, la docencia y la evaluación de las universidades y del profesorado universitario- tiene la obligación de adoptar disposiciones cuando las universidadas afectadas por malas prácticas graves no quieran o no puedan resolverlas por sí mismas. Es la circunstancia crítica de la URJC, paradigma de funcionamiento corrupto en el sistema universitario español, que exige ya una alta inspección del Ministerio junto con una refundación a través de un nuevo equipo de gobierno que haya estado al margen de másteres, plagios y demás corruptelas.

Si fallan, como está sucediendo, las universidades y el Gobierno, que son ambos parte del problema, hay que facilitar que los tribunales de Justicia puedan hacer correctamente su trabajo. El Congreso de Diputados tendría que revisar ya el delito de plagio en el Código Penal, de modo que, junto con el plagio económico, comprendiera el plagio académico. Actualmente, en España solamente se penaliza el plagio cuando existe “ánimo de lucro”, no así la usurpación de la autoría de investigaciones y publicaciones con el propósito de disfrutar ilegamente títulos y otros beneficios académicos. El plagio académico entre profesores y investigadores ha ido creciendo en España, en suma, porque ni la universidad ni la ley lo vigilan, y menos aún prohíben y castigan.

Por último, los partidos políticos que también son parte del problema, ¿no deberían exigir también la dimisión a sus dirigentes y cargos públicos que estén investigados por corrupción académica severa, activa o pasivamente?

Urge restituir el honor y la autonomía de la universidad, cuya imagen es esencial para terminar de limpiar al mismo tiempo la democracia española, que tanto nos costó conquistar, de fechorías, privilegios y otros vicios malos.

Carlos Barros es director fundador de la Red Académica Internacional Historia a Debate.

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