Universidad: respuestas a la crisis

La universidad pública reúne todas las ramas del pensamiento al servicio de la sociedad. Se trata de una institución abierta y expuesta al debate, plural, independiente y crítica que durante siglos ha acompañado el progreso de la humanidad y los cambios sociales para un mundo más justo, más solidario, con mayor bienestar. La reciente presentación del libro Impactos de las universidades públicas catalanas en la sociedad, elaborado por la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha puesto otra vez de manifiesto cómo las universidades catalanas son una de las instituciones más evaluadas interna y externamente

-generalmente con buena nota- y que aportan a la sociedad mucho más de lo que reciben de los presupuestos públicos -1,88 euros por cada euro invertido-. Probablemente ninguna otra institución genere mayores impactos positivos en la sociedad.

Ello, sin embargo, no impide que las universidades públicas vivan hoy bajo la sombra de tres amenazas: los tópicos y las críticas poco fundadas que el trabajo mencionado intenta falsar con datos objetivos y un análisis riguroso; la profunda crisis económica que conduce a la tentación de recortar todavía más los ya de por sí insuficientes presupuestos; y, finalmente, la ceguera de ver a la universidad como un gasto y no como una inversión. Al contrario, la universidad muestra buenos indicadores de gestión cuando se hacen comparaciones nacionales e internacionales con sectores y variables académicas, mantiene unos valores éticos, sociales y de tolerancia que priman la calidad y la diligencia en sus funciones, representa la mayor parte de la producción científica del país, y ha afrontado con éxito las reformas y los cambios que se le han pedido en las últimas décadas.

Una financiación por debajo de nuestros referentes europeos -en porcentaje sobre el PIB- y unos buenos resultados en formación, en producción científica y en servicios sitúan nuestras universidades en un marco de calidad por encima de la media mundial. La universidad pública actúa con responsabilidad y ha sido y es solidaria con la situación de crisis. Nuestra respuesta ha sido el rigor y la contención, el sacrificio de todos y cada uno de los sectores universitarios (profesorado, alumnado, investigadores y personal de administración y servicios) y también la asunción de recortes presupuestarios en todos los ámbitos que hasta ahora no afectan a la calidad directa del servicio. Desde la comprensión por la ardua tarea de reducción del déficit presupuestario que tiene el Govern, dar por buenos más recortes sería no defender la calidad y los principios, reducir nuestra función social y no contribuir lo suficiente con el compromiso de país para superar la difícil situación por la que atravesamos.

La universidad pública se nutre en su mayor parte de los impuestos, pero también de las tasas y precios de matrículas y servicios, y no debemos olvidar que un 15% de los presupuestos proviene de contratos, de colaboraciones y de convenios con las empresas. En la coyuntura actual se puede llegar a aceptar la necesidad de pedir al estudiante una aportación económica mayor, pero de ninguna manera puede hacerse como sustitutivo de la aportación de la Administración y sin una política paralela y efectiva de becas, de incentivos fiscales y de facilidades normativas adicionales, que garanticen que todas las personas, de todos los sectores sociales, puedan acceder a los estudios superiores. Si se desproporciona el esfuerzo de las familias en la formación universitaria de sus hijos crearemos graves injusticias que no primarán precisamente la igualdad de oportunidades, la equidad del esfuerzo a asumir ni la promoción del talento como valores.

Seguramente, nuestras universidades requieren de reformas y de una mayor autonomía para dar un nuevo salto hacia delante, pero, aun así, su influencia en el progreso social, económico y cultural es notable y no deja de ser una apuesta segura y necesaria para el futuro. Y eso pasa ineludiblemente por no olvidar a las universidades en las prioridades presupuestarias, como así lo han hecho Alemania, Francia o los países nórdicos.

La actual situación de crisis del sistema comportará sin duda cambios en nuestros valores y en nuestras aspiraciones. El Estado del bienestar sufrirá redefiniciones. Como rector de una gran universidad y después de un año al frente de la ACUP puedo afirmar que no renunciaremos a los estándares de calidad y al compromiso de contribuir al desarrollo social y económico, pero no podremos evitar que la manera en que las circunstancias nos lleven a cumplir este compromiso tenga un impacto más o menos positivo. Una manera que dependerá en gran medida de los recursos disponibles.

La sociedad debe mirar con confianza y esperanza a la universidad pública como institución independiente de intereses económicos particulares y, guiados por el conocimiento científico, sensible a las injusticias, a los desequilibrios sociales y al sufrimiento humano, como recurso fundamental para salir de las dificultades actuales. De la universidad, como servicio público, nacerán respuestas a la crisis.

Por Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *