Universidad sin corsé

Las universidades públicas son, muy probablemente, la parte del sector público cuyos profesionales están más sujetos a control periódico y la evaluación por resultados. Los profesores son examinados por agencias estatales y autonómicas para medir su productividad investigadora y docente. Sus remuneraciones dependen directamente de la productividad, aunque la parte fija predomina sobre la variable, posiblemente de forma excesiva. La comunidad científica evalúa de forma rigurosa las publicaciones y los proyectos competitivos de investigación. Los resultados en términos de publicaciones científicas son, en relación con la inversión presupuestada, francamente buenos -incluso excelentes en ámbitos específicos-, aunque a veces haya diferencias excesivas entre universidades, centros y áreas. En definitiva, la cultura de la evaluación es consustancial a la universidad, pública o privada, y es el fundamento último de su progreso como institución.

Pero seamos claros y constatemos algunos hechos. El primero es que hay margen de mejora en el rendimiento del conjunto de las universidades. Una organización académica más eficiente es posible. Sin embargo, el entorno rígido y burocrático por la abundante, y en ocasiones contradictoria, legislación estatal y autonómica no ayuda. Es urgente desregular para incrementar la capacidad de adaptación de las universidades, dotarlas de verdadera autonomía y huir del intervencionismo político. Por otra parte, la ganancia de calidad por la mejora de la eficiencia tiene un límite tecnológico marcado por el volumen de financiación invertido, especialmente el que sustenta el sistema público.

Lo que nos lleva a destacar -y a la vez lamentar- un segundo hecho: la escasa, decreciente, insuficiente y volátil financiación del sistema público de universidades de Catalunya. Las cifras son conocidas, pero deben reiterarse. El esfuerzo inversor en educación superior por parte de la Generalitat es del 0,38% del PIB, mientras que en el resto de España es del 0,53%. Y si miramos a Europa, las cifras de esfuerzo inversor se multiplican por dos. A pesar de esta fragilidad inversora, la universidad catalana destaca de forma prominente en resultados de investigación por encima de las españolas. El beneficio/coste es claramente favorable a nuestro sistema universitario, a consecuencia seguramente del elevado grado de internacionalización por el que apostamos hace años. La rendición de cuentas, en su conjunto, es satisfactoria y la sociedad debe saberlo. Lo que no justifica los problemas cotidianos que, inevitablemente, surgen en una institución compleja y dinámica donde las ineficiencias organizativas perduran y deben ser corregidas o eliminadas.

La universidad pública no es, por supuesto, una institución perfecta, como tampoco lo son el Gobierno o la banca. Pero sí es una institución singular, sujeta a un intenso conjunto de criterios de evaluación objetiva que le permiten una capacidad auto-correctora más ágil.

El tercer aspecto consiste en reafirmar la necesidad de la autonomía universitaria. Y clarificar que ha sido la clave del éxito reconocido en las mejores universidades internacionales. De hecho, estas funcionan esencialmente en régimen de práctica independencia de sus gobiernos. Harvard, Stanford o la UCLA no entenderían que la potestad y la última palabra en la aprobación de sus planes de estudio fuesen del Gobierno federal o estatal. O que las plazas de profesorado se seleccionasen y controlasen desde instancias gubernamentales. Pero este intervencionismo existe en nuestro país, con una tendencia tristemente creciente que lamina y desnaturaliza la autonomía universitaria. En otros ámbitos culturales, sociales y económicos tenemos abundantes ejemplos de dirigismo gubernamental que no son halagadores y que muestran que este no es el camino a seguir.

La misión gubernamental debería centrarse en velar por la calidad de los resultados docentes y de investigación/innovación instituyendo un sistema de incentivos económicos y de reconocimiento sustantivo claramente definido, transparente e internacionalmente homologable, que compense adecuadamente a aquellos centros o profesionales que satisfacen los indicadores de calidad establecidos.

La autonomía universitaria ha sido la garante del progreso contrastado de nuestro sistema, y el rendimiento responsable de cuentas debe seguir siendo el mecanismo objetivo que permita identificar debilidades de corto y largo plazo, planificar soluciones y adaptarse a las necesidades educativas y de creación de conocimiento de la sociedad a la que servimos. Una función que requiere también una financiación suficiente y estable, un entorno organizativo alejado de rigideces burocráticas y legislativas que encorsetan el buen funcionamiento de la universidad, y una independencia exquisita del dirigismo político.

Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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