El Ministerio de Universidades está elaborando un nuevo Estatuto para el personal Docente e Investigador (PDI) universitario, un mecanismo público que puede dotar de estabilidad socio-laboral y de trayectoria profesional a gran parte de la comunidad universitaria. Uno de los puntos críticos en la negociación del nuevo estatuto está en la figura del profesorado asociado. En el origen del conflicto, se encuentra la respuesta que dieron las universidades españolas a la crisis económica y a la falta de capacidad para reponer los puestos de trabajo debido a un decreto del ministro José Ignacio Wert. En 2012, unas universidades redujeron su oferta docente y adaptaron sus plantillas y otras, la mayoría, aumentaron la oferta formativa para incrementar los ingresos sin importunar al profesorado estable gracias a la oportunidad que les ofrecía una figura universitaria, el profesorado asociado.
La definición del profesorado asociado en la Ley de 2001 era y es el sueño de todo directivo pues es una figura docente que puede ser contratada temporalmente en periodos de 3, 6 y 12 meses, durante 5, 10 o 15 o 30 años, sin necesidad de despedir ni de motivar su no renovación, sin avisar con 15 días de antelación y sin finiquito. Aún más: no se les paga un salario, solo una gratificación, entre 200 y 600 euros por realizar entre el 40% y el 70% de la carga lectiva de un profesor a tiempo completo. El uso de esta figura universitaria ha sido fraudulenta y no inadecuada como se muestra en el borrador del estatuto. Y no se reconoce el fraude, para no asumir la deuda que tienen las universidades con los más de 30.000 profesoras y profesores asociados. Así, la solución pasará por ser judicial, por llevar a los tribunales tanto la contratación temporal sucesiva del profesorado asociado como las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPT) universitarias.
Los gobiernos y departamentos universitarios que han abusado del profesorado asociado son los mismos que desprecian sus currículos. Con la paradoja de que los criterios meritocráticos que exigen al profesorado asociado son los mismos que expulsaría a la mayoría del funcionariado universitario actual y que, sin la consabida endogamia, hubiera permitido entrar a todo el personal investigador en el extranjero o al que abandonó la carrera investigadora.
Quienes redactan el borrador quizás deban aprender a pensar por fuera de su privilegiada situación. El PDI Asociado fue sacado del sistema de I+D+i español y no se le permite firmar —porque sí hacen— investigación competitiva. El PDI asociado, en tanto enlace entre la universidad y el entorno social, representa un importante porcentaje de la investigación contratada de las universidades y es un generoso protagonista de las prácticas curriculares impuestas con Bolonia. El equipo ministerial ya ha cometido errores, revisen la bondadosa contribución a la brecha salarial de género que han provocado con sus sexenios de transferencia. Otro frente se abre con el programa Docentia: se obligará al PDI asociado a evaluar su docencia sin opción al complemento salarial que se dará al resto del profesorado. Otra vez sin cumplir que a igual trabajo, igual salario. Sean inteligentes y duden de lo que creen que deben hacer.
El estatuto que están elaborando, junto con el periodo de inversión pública que viene, representa una gran oportunidad para que el sector de la investigación sea central en la recuperación socio-económica. En España, y fuera de ella, se dispone de un gran capital humano dedicado a la investigación y a la docencia, de personas a las que ustedes pueden aportar una estabilidad laboral y económica, una vida digna, ¡ahí es nada! Aprendan de algunas de sus compañeras de gobierno y, con su Estatuto, cuiden a la comunidad universitaria.
Isabel de la Cruz es portavoz de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas. Teresa Samper pertenece a la Plataforma de PDI Asociado de la Universidad de Valencia