Universidades: una reforma reaccionaria

El futuro de un país depende en buena medida de la calidad de su sistema de formación superior, universitaria y profesional. La sostenida hegemonía de Estados Unidos en la frontera tecnológica y de investigación ha sido la clave explicativa del llamado siglo americano, y esa hegemonía se ha sustentado en la calidad su sistema de formación superior.

En España, desgraciadamente, estamos lejos, tanto en el sistema universitario como en el de formación profesional superior, de alcanzar las metas de excelencia a las que razonablemente podríamos aspirar, pero creo que en cambio sí tenemos un buen diagnóstico de nuestras insuficiencias, punto de partida inexcusable para superarlas. Me cupo el honor durante unos años de ser el máximo responsable político de nuestras universidades y empiezo por reconocer que, pese a los desvelos y competencia de mi equipo, así como al excelente trabajo de la Comisión de Expertos que elaboró un impecable diagnóstico de los males de nuestras universidades y la forma de enfrentarlos, nos quedamos cortísimos en las soluciones. Lo que intentamos tropezó con invencibles resistencias corporativas y tuvimos que desistir de reformar en profundidad el sistema. Lo he explicado con detalle en mi libro La Educación en España (Almuzara, 2019) y no voy a volver aquí sobre ello ni a remover viejos desencuentros. Quisiera sólo subrayar que, a falta de soluciones, sí dejamos -y no por mérito mío- una herencia estimable en la disección rigurosa de los problemas que la Universidad española tenía que afrontar.

Pues bien, analizando lo que el Gobierno ha transmitido de su segundo intento de reforma universitaria, el borrador de anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se diría que Subirats y su equipo no sólo han operado al margen de ese diagnóstico, sino que buena parte de lo que proponen puede hacer más profundos los problemas que en aquél se describen.

Existe general coincidencia entre los expertos en que las raíces de los males que aquejan a nuestro sistema universitario tienen que ver con su gobernanza, su financiación, la selección del personal docente e investigador (PDI) y la falta de evaluación. El sistema mantiene una gobernanza compleja e ineficaz, caracterizada por el polisinodialismo (muchos órganos colegiados con competencias solapadas), un acceso al PDI excesivamente burocratizado y endogámico, una financiación escasa y ajena al rendimiento, y una ausencia prácticamente total de mecanismos de evaluación del desempeño de centros y universidades.

No quiere esto decir que la Universidad española no haya alcanzado logros importantes en los últimos años, ni que no existan -pese a estos problemas- nichos de excelencia destacables. El crecimiento del acceso a la universidad de los jóvenes españoles, que ya está por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE, supone uno de esos logros, quizá el más importante de ellos.

Ahora lo que se precisa es que el retorno de ese amplio acceso se traduzca en oportunidades para los jóvenes egresados y crecimiento conmensurado en nuestro stock de capital humano. Las tasas de desempleo, subempleo y acceso muy diferido al mercado de trabajo de quienes salen de la universidad española están entre las más altas de nuestro entorno, y esto supone que tenemos problemas de ajuste entre las necesidades del mercado de trabajo y el contenido de la formación que reciben los universitarios y/o problemas de calidad de esa formación. Identificar esos problemas y procurar los ajustes necesarios en oferta, demanda y calidad requiere mejorar la información y distribuirla eficazmente entre el conjunto de partes relevantes: los gobiernos, las empresas, los profesores y los propios estudiantes. Sobre esto no hay prácticamente nada contemplado en el borrador del anteproyecto.

Gobernanza y eficacia

Tampoco en el ámbito de la gobernanza se acometen los problemas reales. De hecho, fuera de algunos ajustes sobre mandatos de los rectores y las condiciones a reunir para aspirar a serlo, el sistema polisinodial se mantiene incólume, cuando no se deteriora adicionalmente. Una gobernanza con cuatro órganos colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social), además de los unipersonales, con competencias borrosas cuando no solapadas basado en el "modelo democrático de sufragio" (sic) es dudosamente compatible con la eficacia. Sobre esto se viene insistiendo en la práctica totalidad de los diagnósticos sobre nuestro sistema universitario, y cuanto más se insiste más se persiste en el enfoque equivocado. Los requisitos para aspirar a rector son estrechos, puesto que impiden a extranjeros y no funcionarios participar, y al mismo tiempo más laxos que los hasta ahora vigentes, de suerte que un premio Nobel extranjero no puede ser rector de una Universidad española, pero sí puede serlo un Profesor Titular español (hasta ahora se requería ser Catedrático).

En materia de financiación, a reserva de una Memoria Económica, que no ha sido presentada, el anteproyecto compromete una inversión equivalente al 1% del PIB, lo que supone un notable avance sobre la situación actual (0,7% del PIB). Este compromiso es, sin duda, positivo, pero siendo importante el cuánto es igualmente importante el cómo y el para qué, sobre los que el anteproyecto no dice nada. El problema financiero de las universidades públicas españolas (un problema real) es doble. Por un lado, la financiación es ciertamente escasa. Por otro lado, no proporciona incentivos relevantes ligados al desempeño ni a la excelencia. El grueso de la misma es una financiación basal por número de estudiantes, lo que incentiva engrosar la matrícula al menor precio posible, pero no la pertinencia ni la calidad de la formación. España tiene un grave problema de desajuste entre la formación que ofrecen las universidades y la que demanda el mercado de trabajo. Ese problema guarda estrecha relación con la falta de incentivos eficaces que lleven a las Universidades a mejorar la empleabilidad de sus egresados.

Hay alguna nota positiva en el borrador referida a la participación de las Universidades en la formación a lo largo de la vida, con las figuras emergentes de los microgrados y las microcredenciales, y la definición de las figuras docentes e investigadoras con algo más de precisión y sentido que en la legislación vigente. Pero se queda muy lejos de la transformación estructural que la universidad española precisa.

El anteproyecto regula esencialmente las universidades públicas. Las privadas gozan de un margen dispositivo mucho mayor, aunque están sujetas a un régimen de reconocimiento que se deberá desarrollar mediante decreto. Por ese camino, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas pueden limitar o no el desarrollo de éstas. En todo caso, hay que preguntarse si bajo esta legislación no va a haber una creciente divergencia entre universidades públicas constreñidas por una reglamentación excesiva y universidades privadas con las manos más libres para innovar y adaptarse al cambio.

Ya está pasando. Los estudiantes de grado matriculados en universidades privadas han pasado en los últimos cinco años de representar el 13% del total a acercarse al 20%. En máster, donde hace cinco años las universidades privadas atraían al 32% del total, ahora representan el 44%. En el área de ciencias sociales y jurídicas (la más numerosa, con diferencia) las privadas suponen el 55% de la matrícula total de máster. Y ello no responde básicamente a una insuficiencia de oferta pública cuanto a una respuesta de la demanda.

El coste de mantener un sistema universitario público excesivamente atado a intereses corporativos, resistente al cambio y reacio a la rendición de cuentas puede ser muy alto. De poco servirá disponer de más financiación si la misma no se liga a los resultados. Y si el sistema público sigue adoleciendo de los mismos problemas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, muchos estudiantes seguirán votando con los pies; es decir, mudándose a las universidades privadas. Paradójico logro del sector más progresista del gobierno más progresista...

José Ignacio Wert, exministro de Educación y exembajador ante la OCDE.

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