¿Unos nuevos Pactos de La Moncloa?

Después de semanas de conjeturas, hoy va a tener lugar la primera reunión encaminada a vertebrar el diálogo para la búsqueda de pactos para salir de la crisis. Este diálogo se centrará, de momento, en cuatro temas: agilizar el flujo de crédito desde el sistema financiero a las empresas, activar políticas industriales en busca de nuevos nichos de empleo, un plan de austeridad y el aumento de la competitividad.

Tras las manifestaciones del martes 23 de febrero, en las que los sindicatos pusieron de manifiesto su oposición a la ampliación de 65 a 67 años de la edad de jubilación propuesta por el Gobierno en su “Actualización del Programa de Estabilidad España 2009-2013”, hecho público el 3 de febrero y corregido casi inmediatamente por presiones diversas, con grave repercusión negativa, por cierto, sobre la Bolsa y sobre la confianza de los mercados mundiales en la economía española, hoy debería comenzar a tomar cuerpo la idea mayoritaria de que hay que llegar a pactos para sacar a España de la crisis y reencauzar las políticas económicas para lograr un futuro más prometedor.

El enfrentamiento entre los grandes partidos, PSOE Y PP, es evidente y cada vez se ve con más claridad que intentar conseguir unos pactos como los de La Moncloa de 1977, que permitieron salir de una grave crisis con el consenso de todos, es imposible.

Pero hay más. Lo que pretendo explicar aquí es que unos pactos semejantes no sólo son imposibles, sino que, además, no tienen sentido, pues las condiciones políticas y económicas de la España actual no tienen nada que ver con lo que era nuestra economía y nuestra sociedad política en aquel año de 1977 en que se suscribieron los Pactos de La Moncloa.

Este primer semestre de 2010, de cuarta presidencia española rotatoria del Consejo de la Unión Europea, matizada por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debía coadyuvar al ascenso de España a la primera división del mundo. Pero todo parece haberse puesto en contra: economía estancada pese al impacto de los estabilizadores automáticos derivados de la menor recaudación fiscal y del mayor gasto público; alza del desempleo hasta tasas que duplican la media de la OCDE; titubeos en nuestra política presupuestaria y social y en nuestra política exterior; problemas de recalificación financiera que encarecen el acceso al crédito para España y sus empresas; dificultades para implementar la evolución hacia el modelo europeo definido por la Estrategia de Lisboa del 2000 para una sociedad más competitiva y exportadora y menos basada en el ladrillo; bromas de mal gusto sobre la falta de liderazgo del presidente Zapatero de cara a presidir Europa cuando no sabe liderar España, etcétera.

En este contexto se invoca la necesidad de un gran espíritu de acuerdo nacional similar al que, después de las elecciones legislativas de julio de 1977, condujo a los Pactos de La Moncloa -liderados por el entonces indiscutido vicepresidente económico del Gobierno de Adolfo Suárez, Enrique Fuentes Quintana, y que permitieron visualizar que los dos grandes sindicatos, la patronal y los partidos políticos se ponían de acuerdo respecto a las amplias reformas que España debía asumir para transformarse del viejo Estado paternalista del franquismo a un Estado homologable a los países de su entorno más próximo, el europeo.

La idea de un “Pacto Nacional Anticrisis” en este 2010 parece tentadora. La población no acaba de entender la guerra que se tienen declarada los principales partidos políticos, el Gobierno, la patronal y los sindicatos en un momento en que la dureza de la crisis debería inducir a que nadie tratara de alcanzar intransigentemente sus propios objetivos a costa de desestabilizar el conjunto. En caso contrario, se dice, ahí tenemos la experiencia dolorosa de Grecia, que se ha visto abocada a que Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional tomen las riendas de su plan de ajuste para suplir su falta de rigor.

Sin embargo, las condiciones en que nos movemos actualmente poco tienen que ver con las que existían en 1977, año en el que, con el telón de fondo de la crisis del petróleo y el paso de la dictadura a la democracia, España tenía una inflación del 40% y existían serias dudas sobre muchas de las políticas económicas y sociales que debían seguirse en un contexto en el que las Administraciones Públicas solamente tenían la mitad de su peso actual y no había aún Estado de las Autonomías.

Desde entonces y tras una Transición que se ha calificado de modélica, en 1986 nos convertimos en país miembro de la entonces Comunidad Europea, con la obligación de asumir la normativa europea, y en 1999 pasamos a formar parte de la Zona del euro, tras haber llevado a cabo los correspondientes ajustes para cumplir con los requisitos de estabilidad monetaria y presupuestaria exigidos por el Tratado de Maastricht. A mayor abundamiento, España participó en la aprobación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se impusieron los países europeos para que no se cumplieran los negros augurios de Milton Friedman de que sin un Gobierno económico europeo la moneda europea única estaba condenada al fracaso.

España ha avanzado mucho en estos últimos 30 años y, dejando al margen el intento de golpe de Estado de Tejero del 23-F, constatamos que nuestras instituciones han funcionado correctamente impulsando la convergencia hacia las medias europeas, hasta que la crisis actual y la ampliación de la UE hasta los 27, que nos aleja de los enjundiosos fondos europeos, han torcido la tendencia. A partir de aquí y con los matices que se quiera, el Gobierno tiene los datos necesarios para adoptar una política económica coherente y congruente con los problemas a resolver a corto, medio y largo plazo ejerciendo el liderazgo que le han proporcionado las urnas, imponiendo los sacrificios necesarios a los agentes económicos y sociales que hayan olvidado que las cuentas deben cuadrar y que no se puede vivir y gastar indefinidamente por encima de lo viable.

Es hora, pues, de evitar promesas imposibles de cumplir y opciones alejadas de lo que supone el modelo europeo que estamos obligados a seguir, y es hora de que los interlocutores económicos y sociales asuman que nuestra economía no nos puede seguir dando el nivel de vida que creíamos haber alcanzado y que estaba basado en gran medida en un creciente e insostenible endeudamiento.

La crisis actual nos ha permitido tomar conciencia de la ficción de la opulencia en la que nos habíamos instalado, pero, para salir de ella, no hacen falta Pactos Nacionales de La Moncloa como en 1977, cuando había que escenificar consenso con fotos en que los líderes de derechas y de izquierdas se daban la mano, sino, simplemente, que nadie haga demagogia y que nadie quiera aprovecharse de los demás para preservar las posiciones de ventaja obtenidas en la época de las vacas gordas.

Más que Pactos de La Moncloa, este país necesita más sensatez de los partidos políticos y los agentes económicos y sociales, mejor gobernanza sin deseo de contentar a todos simultáneamente, y más visión a largo plazo para solucionar la transformación de nuestra economía hacia un modelo de progreso, competitividad y sostenibilidad coherente con lo que Europa, el euro y la globalización nos exigen.

Francesc Granell, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.