La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se producirá formalmente en el Congreso el próximo 29 de diciembre, ha generado todo tipo de comentarios sobre su verdadera trascendencia. Parecen unánimes las opiniones de que estos Presupuestos garantizan al Gobierno completar la legislatura. La propaganda oficial añade a esto que con estas cuentas públicas entramos en una nueva era. Nadie parece tener en cuenta que los Presupuestos de Montoro no son los de Montero. Los primeros se podían prorrogar, pero los segundos tienen fecha de caducidad. Concretamente, el 31 de diciembre de 2021.
Estos Presupuestos no garantizan una legislatura porque son excepcionales y se han elaborado para una situación excepcional. Proyectan un déficit público que puede ser mayor de lo previsto en la medida en que los ingresos están sobrevalorados, algo que ni España ni la Unión Europea pueden permitirse para 2022. Para ese ejercicio necesitaremos obligatoriamente otros, ya que los de 2021 son improrrogables e insostenibles para el año siguiente.
Los PGE para el año próximo amenazan situar el déficit estructural en España en niveles del 6% del PIB, equivalente a unos 75.000 millones de euros; algo solo admisible de manera coyuntural al estar suspendidas las reglas fiscales europeas de control de gasto y deuda pública. Ahora hay que atender a necesidades derivadas de la pandemia apoyando, sin duda, a empresas, familias y colectivos vulnerables. Pero, a partir de 2022, tendremos que demostrar un compromiso firme e inequívoco con la consolidación fiscal que las distintas instituciones vienen reclamando sin éxito.
Difícil papeleta para un Gobierno que presume de plantear este año el mayor gasto público de la historia y lo acompaña de unas subidas de impuestos en la dirección contraria a los principales países europeos, que han decidido combatir la crisis bajándolos. Los niveles de déficit y deuda pública que contemplan estos Presupuestos carecen, además, de un análisis detallado de la eficiencia del gasto público como ha recomendado la AIReF en diversas ocasiones.
Pero en 2022, tras la distribución de la vacuna en 2021, todo será diferente. La UE reinstaurará más pronto que tarde las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obligan a los Estados miembros a controlar y reducir sus niveles de gasto y deuda de manera progresiva para asegurar su viabilidad. El Gobierno tendrá que definirse a mediados de octubre próximo cuando se vea en la obligación de enviar a Bruselas el adelanto de las cuentas públicas para 2022. Aunque ya para entonces debería haber presentado ante el Congreso unas cuentas acordes con esa filosofía.
En esas circunstancias, la aprobación de unos PGE más austeros para 2022 solo será posible si el Gobierno es capaz de mantener los apoyos del bloque de la investidura. Y aquí surge la pregunta: ¿Estarán dispuestos, tanto los partidos que sustentan al Gobierno como sus socios, a asumir los recortes en los gastos que necesariamente van a tener que recoger esos Presupuestos con la fecha de celebración de las próximas elecciones cada vez más cerca? Si no es así, una eventual prórroga supondría mantener un nivel excesivo de déficit y deuda pública inconsistentes con las reglas fiscales, cuyo cumplimiento exigirán las instituciones europeas.
Es decir que, de cara a los PGE de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez se va a tener que enfrentar a una seria disyuntiva: o emprende el camino de la consolidación fiscal, planteando recortes de gastos que sus socios probablemente no le van a aprobar, o entra en conflicto con la Unión Europea arriesgando unas ayudas cuyo grifo podría cerrarse mediante la aplicación del freno de emergencia en el momento en que renunciemos a cumplir con nuestros compromisos.
Si en el reciente análisis del Círculo de Empresarios sobre los Presupuestos para el próximo año decíamos que éstos ponían en riesgo la recuperación, podemos también añadir que ponen en riesgo la recepción de parte de los fondos europeos, debido a la condicionalidad de los mismos. La UE va estar muy atenta a que todos los fondos que vayamos a recibir sean destinados a lo que tienen que ser destinados; es decir, a reforzar nuestro sistema sanitario y a impulsar la transición ecológica y digital. Pero, además, va a exigirnos muy pronto retomar el camino de la consolidación fiscal. Y tendremos también que abordar las reformas estructurales que necesita España en materia de educación, pensiones, sanidad, mercado laboral o administraciones públicas, por poner sólo algunos ejemplos.
Algunas de esas reformas se encuentran muy ligadas a la condicionalidad de los fondos de ayuda europeos. Por ejemplo, la del sistema de pensiones. La decisión de que se revaloricen conforme al IPC no parece el camino adecuado para hacerlas sostenibles en el futuro por lo que Bruselas ya ha pedido que se tomen medidas compensatorias que las hagan viables. En cuanto a la reforma laboral, que también preocupa a la Unión Europea, una contrarreforma como la que propone un ala del Gobierno sería letal para el empleo, agudizando los problemas que ya de por sí nos ha traído la pandemia. Esa reforma no debe mirar hacia atrás sino hacia delante. Debe acercarnos a los niveles de los países de nuestro entorno con los que ya estamos compitiendo en un mundo global.
Desde que el actual presidente del Gobierno accedió al cargo mediante una moción de censura, hace algo más de dos años, el Círculo ha venido insistiendo en que, para la estabilidad, crecimiento y recuperación del empleo, España necesita pactos de Gobierno entre los partidos más centrados como el PSOE, PP y Ciudadanos. Pactos en los que no tengan cabida los partidos que quieren desmembrar España, desmontar el régimen del 78 y forzar un cambio en el modelo de Estado, lo que no dudan en proclamar cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Pactos que den estabilidad al país y que transmitan confianza a los inversores tanto nacionales como internacionales. Pactos que garanticen políticas de consolidación fiscal, estabilidad, seguridad jurídica y confianza.
Las perspectivas económicas que se nos presentan son seriamente preocupantes. La propia OCDE ha llegado a señalar que España, después de Argentina, va a ser el país del mundo que va a sufrir la peor recesión. Esto no nos deja más opción que la de plantear para 2022 unas cuentas públicas muy diferentes a las que se van a aprobar este año. Estas son del todo punto improrrogables y, más allá de su escasa credibilidad, únicamente se justifican por la situación excepcional que estamos viviendo.
Necesitamos, por lo tanto, unas cuentas creíbles que sirvan para hacer frente a la dramática situación que ya estamos viviendo. Lamentablemente, y por mucha vacuna que nos llegue, las heridas tardarán en cicatrizar. Muchas empresas desaparecerán y muchos ERTEs terminarán convirtiéndose en EREs más pronto que tarde. De hecho, ya hay algunas que están queriendo devolver las ayudas para poder tener la libertad de despedir como única alternativa que garantice su supervivencia. Ha llegado el momento de que los políticos dejen de anteponer sus intereses ideológicos a los legítimos intereses de los ciudadanos. Que piensen de verdad no sólo en todos aquellos que ya están pasando dificultades o que las van a empezar a pasar en breve, sino también en esas generaciones a las que estamos cargando con el peso de una deuda insoportable. Es muy triste que tenga que ser la UE quien nos tenga que recordar estas cosas constantemente. Y es, sin duda, esperanzador saber que España estará vigilada.
No parece que hayamos entrado en una nueva era como nos quieren hacer creer el Gobierno y sus socios, sino más bien en un paréntesis abierto por la pandemia. Muy pronto tendremos que volver a la ortodoxia económica que nos permita respetar nuestros compromisos europeos e internacionales y asegurar la viabilidad de nuestro modelo de crecimiento a largo plazo.
John de Zulueta es presidente del Círculo de Empresarios.