Pese a que no existe ningún automatismo constitucional que suponga la caída de un Ejecutivo si no logra aprobarlos, se suele decir que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) no hay posibilidad de gobierno, ya que suponen plasmar en euros el proyecto político. Incluso los escasos aspectos puramente simbólicos que no necesitan financiación se fundamentan en un Estado cuyo poder pasa también por el control de una parte de la riqueza nacional.
No obstante, unos Presupuestos aclaran mucho más de lo que no se va a hacer (todo lo que no esté recogido) que de lo que se va a hacer (el Gobierno siempre puede disponer que casi todos los gastos –exceptuando el pago de deuda– queden sin ejecutar, en particular con el pretexto de que los ingresos han sido menores de lo esperado).
Además, el artículo 134.5 de nuestra Carta Magna faculta al Ejecutivo a presentar en cualquier momento del ejercicio proyectos de ley (convertidos de manera abusiva por el presidente Sánchez en decretos-leyes) para gastar más o ingresar menos. Y para terminar de restar importancia a los PGE, el 134.7 excluye que puedan servir para crear nuevos tributos, sino solo para modificarlos. La realidad financiera de los recursos del Estado desborda pues ampliamente lo que puedan prever estas cuentas anuales y, de hecho, los gobiernos de Sánchez ya han creado impuestos y aumentado gastos en varias ocasiones durante estos dos años y medio.
¿Cómo puede entonces interpretarse su contenido? Utilicemos el símil de un viaje: dónde se quiere ir, con quién, en qué vehículo, quién lo pilota, cuánto combustible hará falta… Y la respuesta a cada una de estas preguntas me invita a desconfiar de las intenciones del Gobierno.
Por supuesto, en el dónde se expande la creatividad, así que lo interesante es ver en qué se les olvida prometer esa Arcadia de prosperidad y justicia social. Resulta especialmente alarmante su previsión de que en 2023 llegaremos con el mismo 14% de desempleo que el que se encontró en 2018. Sánchez llevaría entonces gobernando cinco años, habrían pasado tres de esta epidemia de la que “salimos más fuertes”, un plan de recuperación inédito desde Europa: ¿para seguir siendo el país con más desempleados de Europa y un 50% más de paro que veinte años antes?
La gran prueba de la incapacidad para gobernar de Sánchez y sus ministros ha sido la descoordinación en la pandemia
¿Con quién? Ya lo dijeron los socialistas en su lema de la primera campaña con Sánchez como candidato: “gobernar para la mayoría”, arrinconando pues a una minoría para la que no se gobierna (o contra la que se gobierna). Pero resulta que esa mayoría no son los más humildes sino los intocables de siempre, porque lo más abultado y lo más inmutable de los Presupuestos lo dedican a dar más a los pensionistas y a los empleados públicos, precisamente los colectivos a quienes menos ha afectado la crisis.
Bien se podía haber congelado a ambos grupos salvo la revalorización de la pensión mínima y dedicar más gasto a los desamparados de la crisis, pero el Gobierno sabe bien dónde tiene una clientela más organizada que exige pago al contado y a quiénes puede intentar engatusar con argumentarios. Por supuesto, menos aún tienen en cuenta a las futuras generaciones a las que dejan una factura pública cada vez más abultada que deberán compaginar con esa hipoteca suscrita a la edad en que sus padres habían terminado de pagarla.
El con quién también puede responderse con los votos que se ha sacado adelante. Pero estos Presupuestos serán dañinos no solo porque los respaldan muchos que quieren romper España, sino antes que nada por su desacertado contenido. Por eso merecían que la oposición en bloque se hubiera concentrado en demostrarlo, para evitar la cantinela del Gobierno de “eran los PGE que necesitábamos y bienvenidos los votos que han permitido sacarlos adelante”.
¿En qué vehículo? Aquí es donde más se ve la falta de ambición y de realismo del Gobierno. La estructura socioeconómica (características de las empresas, de la fuerza laboral…) no es un dato de partida ajeno a la acción de los poderes públicos. Su productividad, competitividad o capacidad de innovación dependen no solo de cómo se organicen entre ellos, sino también de numerosas decisiones del legisladores o del Ejecutivo, tales como normas (sobre el tráfico mercantil, sobre los contratos laborales…), incentivos (incluso a nivel de tributos equivalente no es lo mismo gravar por contratar a alguien que por las ganancias obtenidas) y resultados (la calidad de la educación en el país, por poner algunos ejemplos). El Gobierno y sus apoyos tenían mucho que decidir y no lo han hecho sobre qué reformas necesita España.
¿Quién lo pilota? El Gobierno por supuesto, así que corresponde examinar su capacidad de gestión. Sirve quizá fijarse en los mayores logros de los que hacen gala. La primera legislatura tuvo dos: 17 meses para cambiar a Franco a otro mausoleo de titularidad pública pero más pequeño, y una subida significativa del salario mínimo cuyo coste e implantación corresponde abordar a las empresas.
En este segundo mandato, el “paso histórico” ha sido supuestamente el Ingreso Mínimo Vital donde –aparte de la cacofonía con el vicepresidente Iglesias– el ministro Escrivá ha cumplido apenas el 20% de los objetivos que él mismo anunció en mayo (buscando como excusa retrasos de gestión de los expedientes por parte de… una empresa pública). Aunque sin duda la gran prueba de la incapacidad para gobernar de Sánchez y sus ministros habrá sido la descoordinación en la pandemia que nos ha situado entre los peores del mundo en impacto sanitario y económico.
Estos Presupuestos no abordan reformas, siguen remitiendo costes a las próximas generaciones y falsean los ingresos
¿Cuánto combustible hará falta? ¿De qué sirve prometer un viaje fabuloso a un coste moderado cuando precisamente se esconde que no se cuenta con suficiente queroseno? Esa caída en pleno vuelo ha sucedido este año porque las previsiones del Gobierno de caída en el PIB han ido sistemáticamente varios puntos porcentuales por detrás de las de casi todos los analistas y, lo peor, de la realidad que se está verificando a final de año. Cada punto son doce mil millones de euros de menor crecimiento de la economía y unos cuatro mil millones menos de recaudación fiscal, con lo cual el Estado acaba recortando de donde puede y no de donde debería si hubiese calculado con mayor sinceridad en lugar del cortoplacismo de postergar las malas noticias y acabar dando peores.
Las principales responsables de esta pésima elección fueron las ministras María Jesús Montero y sobre todo Calviño, y todo apunta a que este año también faltarán probablemente dos puntos en sus cálculos, aun contando con un razonable aprovechamiento de las ayudas europeas.
En suma, estos Presupuestos formulados por la pseudoizquierda nada tienen de progresistas ya que no abordan reformas, siguen remitiendo costes a las próximas generaciones, falsean las previsiones de ingresos, subordinar la gestión a una política divisiva y renuncian a la solidaridad territorial para contentar a los egoísmos localistas. Todo ello en absoluto protege a los más débiles sino lo contrario, es decir que serán regresivos porque debilitan la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Las cuentas heredadas de Montoro ya pecaban de falta de ambición reformista y de mantener las ventajas a los de siempre, pero su continuidad permitía al menos una ejecución presupuestaria más mesurada. Ahora Sánchez e Iglesias se han concedido pólvora para unos meses de electoralismo que pronto pagaremos en un crecimiento menor que el del resto de Europa y en un agravamiento de las desigualdades; para entonces, veremos si prefieren anticipar elecciones o creen que les basta con culpar a la oposición.
Intuyo que cada vez menos españoles estarán satisfechos con el Gobierno, pero éste no estará amenazado mientras siga dividida la derecha moderada y huérfana de oferta política la genuina izquierda ajena al nacionalismo: confío que 2021 depare novedades en ambos campos.
Víctor Gómez Frías es consejero de EL ESPAÑOL.