La pobreza urbana ocupa un papel preponderante en la reflexión global alrededor de Hábitat III, la conferencia que Naciones Unidas organiza cada 20 años sobre vivienda y urbanismo sostenible.
Pero la infravivienda y la pobreza en las ciudades no son un fenómeno ni nuevo ni reciente. En la evolución de la urbanización, la pobreza ha sido una característica constante. Hasta la aparición de las políticas de redistribución de la renta de principio del siglo XX, buena parte de la población mundial no tenía ni derechos políticos ni económicos ni participación democrática y la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y precariedad.
Desde esta perspectiva histórica podemos afirmar que el verdadero triunfo en la lucha contra la desigualdad y la pobreza se ha conseguido con políticas de redistribución de renta estructuradas eficazmente a través del Estado-nación donde se han dado las condiciones políticas para articularlo y sostenerlo.
En este contexto, las ciudades han dado un gran salto cualitativo en su nivel de cohesión y bienestar allí donde el Estado de bienestar ha sido posible. Las políticas de transferencia de rentas a las familias han inyectado recursos importantes a los más pobres y con ello se han disminuido en buena manera las grandes desigualdades sociales y la ciudad ha podido ser una factoría de convivencia e integración.
Cuando este éxito se acompaña de un fortalecimiento de la Administración local, capacitada para invertir en espacio público de calidad en un buen ordenamiento urbano y en equipamientos públicos accesibles a todos, la operación se redondea con un buen nivel de equidad para la gran mayoría. La ciudadanía, a su vez, ha respondido con generosidad a los retos de la diversidad cultural, las migraciones y las transformaciones sociales asociadas
Sin embargo, a finales de la década de los setenta se inició un profundo proceso de revisión a la baja del Estado de bienestar. Con el triunfo del neoliberalismo y las políticas de reducción del tamaño del Estado, las ciudades han visto cómo en términos relativos las transferencias a las familias con menos recursos disminuían, al igual que sus salarios y pensiones de desempleo tras la crisis de 2008. Las políticas de austeridad indiscriminada han agudizado aún más la situación.
Ante este panorama, las ciudades han retomado el papel de administración escoba, intentando paliar las necesidades urgentes y graves que nadie más atiende.
La prosperidad y bienestar de la sociedad son bienes muy apreciados que se ponen en riesgo ante esta clase de coyunturas con efectos graves y en algunas ocasiones imprevistos y contradictorios: emergencia de partidos de extrema derecha, actitudes hostiles y radicalizadas contra las migraciones, el Brexit y otros.
En este marco las ciudades se ven abocadas a un bucle profundamente negativo, ya que tienen que afrontar más gasto social que, por mayor que sea, no tiene punto de comparación con el nivel de transferencias familiares del Estado de bienestar.
Este gasto municipal pone en cuestión la realización de las inversiones urbanas necesarias en defensa de los bienes comunes para todos y en equipamientos públicos accesibles.
Finalmente, el bucle negativo puede acabar poniendo en entredicho la calidad de la gestión local cuando realmente el problema se ha originado en las opciones macroeconómicas, monetarias y fiscales, llevando a una sistemática reducción del Estado de bienestar.
En países sin Estado de bienestar el destino de la gestión municipal es incluso más precaria. En tales circunstancias, la solidaridad y el cuidado a los más pobres se deja en manos de redes familiares, de distintas formas de caridad y filantropía y de la beneficencia municipal. Métodos que, aún siendo bienintencionados, no alcanzan nunca el nivel de solidaridad, justicia y eficacia del Estado de bienestar.
El plan de acción para recuperar la buena senda del Estado de bienestar debería enfocarse en su fortalecimiento y no en su decapitación. Es la garantía de una sociedad justa y receptiva a los retos de la modernidad, como la migración, el envejecimiento, el cambio climático, la igualdad de género, el derecho a la sexualidad sin discriminación y otros que irán emergiendo y que aún hoy no imaginamos. En segundo lugar, deberá continuar el fortalecimiento de la Administración local, actor clave en la obtención de una sociedad participativa, abierta y con el suficiente ánimo como para encajar los cambios que solo empezamos a intuir.
Joan Clos es secretario general de Hábitat III y secretario general adjunto de la ONU / Director ejecutivo de ONU-Hábitat.