Hace algo más de un año que la comunidad humanitaria internacional empezó un paulatino proceso de instalación en Venezuela, con la aquiescencia del gobierno. Y aunque algunas organizaciones no gubernamentales internacionales y agencias de las Naciones Unidas operan en el país desde hace años, dando respuesta a las necesidades derivadas del refugio colombiano, nunca antes se habían alcanzado los actuales niveles de sofisticación y presencia humanitaria.
En contextos como el venezolano, el espacio humanitario —el ambiente donde operan las organizaciones humanitarias— surge como resultado de complejas transacciones entre los distintos actores y poderes a través de una diplomacia humanitaria de alto nivel y bajo perfil, con capacidad para huir de las ortodoxias y con una visión de proceso. En este último año se han logrado avances importantes entre el gobierno de Venezuela y la comunidad humanitaria, sobre la base de un entendimiento común: la crisis humanitaria es innegable y las poblaciones más vulnerables tienen derecho a protección y asistencia. No es un logro baladí, ni mucho menos, aunque fuese concebido después de que más de cinco millones de venezolanos abandonaron su país.
Dicho esto, hay que recordar que la comunidad humanitaria (y en particular las ONG internacionales) están en Venezuela, como lo están en otros muchos lugares, con el objetivo de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las comunidades. Su ADN es actuar, rápido de ser posible y bajo claros principios de humanidad, imparcialidad e independencia. No aprovecharlas al máximo de sus capacidades, tal como está sucediendo, perjudica a las poblaciones afectadas por la crisis. Es por eso que urge un acuerdo operacional entre el gobierno y el conjunto de la comunidad humanitaria liderada por las Naciones Unidas que lleve a los venezolanos la asistencia que necesitan.
Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la situación humanitaria venezolana se ha vuelto prácticamente indescifrable, tanto por su dimensión como por los impactos que va a dejar.
Este virus tiene un gran poder destructivo y toda la capacidad para desnudar por completo, y sin ningún pudor, la cruda realidad subyacente en el país. La cuarentana impuesta por las autoridades, que era de alguna manera necesaria para tratar de detener la transmisión, ha precipitado la tormenta perfecta. Sin alimentos, sin combustible, con una población extenuada y con un sistema de salud sin la capacidad para hacer frente a este desafío, la pandemia ha agravado y multiplicado las necesidades.
Ante este panorama, es necesario avanzar urgentemente en la respuesta humanitaria. El diálogo de los últimos doce meses permitió un mejor conocimiento mutuo que se ha traducido en hitos concretos: la implantación de la arquitectura humanitaria, la activación de los mecanismos de movilización de fondos, un lento inicio de las operaciones de asistencia más allá de Caracas y la aproximación de donantes comprometidos con las necesidades —hay que destacar la importante labor de la dirección de ayuda humanitaria de la Comisión Europea en todo este proceso inicial—. Sin embargo, todos estos elementos son parte de una fase inicial, a todas luces ya superada por el ritmo de los acontecimientos.
La segunda fase del diálogo entre la cancillería venezolana y la comunidad humanitaria debería ser la puesta en marcha de un acuerdo humanitario operativo.
La nueva etapa de esta hoja de ruta debe incluir la normalización de la presencia de las ONG internacionales que aún no tienen registro, la aprobación de visas humanitarias y la definición de unos mínimos elementos para facilitar y proteger la movilidad de las ONG en el marco de sus actividades.
Además, debe permitir la importación a gran escala de bienes humanitarios, alimentos y medicamentos, vitales hoy para Venezuela. En definitiva, un acuerdo que permita desarrollar una operación humanitaria de gran envergadura.
El reciente acuerdo entre el Ministerio de Salud, el equipo de asesores de la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud para la gestión de la pandemia es un paso en la dirección correcta.
Negociar abiertamente un marco asumible implica también incluir a las ONG internacionales. Este no es un asunto menor, ni secundario. Es indispensable que la participación de las ONG internacionales, que son esenciales en el circuito de la respuesta humanitaria de las Naciones Unidas en cualquier contexto, esté regulada de alguna manera. Es poco factible pensar que la respuesta se puede expandir exclusivamente sobre el modus operandi de las Naciones Unidas (sustentado en la lógica operacional que le confiere su estatus de organismo internacional), mientras las ONG internacionales permanecen en un limbo legal y operativo, que limitan su capacidad enormemente.
No se trata de crear un marco perfecto, ni de usar lo humanitario como vehículo de otras agendas, sino de dar certidumbres al conjunto de la comunidad humanitaria y también a las autoridades. El gobierno de Nicolás Maduro puede plantear los cuestionamientos que estime oportunos, pero con la genuina intención de llegar a algún acuerdo. Y la comunidad humanitaria, con las Naciones Unidas a la cabeza, tiene que asumir la responsabilidad de demandar facilidades y certezas para poder hacer su trabajo con unas mínimas garantías y con la mirada puesta en la crítica situación de los venezolanos.
Sergio Ferrero Febrel es politólogo y experto en asuntos humanitarios. Ha sido funcionario internacional de las Naciones Unidas y delegado de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.