Urge poner fin a la impunidad de los genocidas

Varias decenas de los “principales genocidas” ruandeses viven en Europa, en particular en Francia, a menudo con total impunidad y sin ser molestados por la justicia.

Durante el transcurso del genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994, no solo han saqueado, torturado, violado y masacrado, sino también planeado, reclutado, enseñado y organizado.

Estos no son “meros ayudantes” del genocidio, sino que se encuentran entre sus principales responsables. Algunos de ellos están bajo órdenes de arresto internacional o ya han sido condenados por la justicia ruandesa por genocidio o cómplices de genocidio.

Desde hace más de veinte años la Iglesia Católica, que les ayudó a fugarse, ha estado protegiendo a varios genocidas. A veces esconde y a veces nombra sacerdote a estos asesinos no arrepentidos, sobre todo en las parroquias de pueblos y ciudades francesas.

Desde hace más de veinte años la mayoría de los principales genocidas han estado viviendo en Francia sin ser molestados por la justicia. No están ahí por casualidad: fue el ejército francés el que exfiltró y encubrió la fuga de aquellos que acababan de organizar y perpetrar la exterminación de más de un millón de Tutsis en 1994. Este fue uno de los momentos clave en la política de colaboración con el régimen genocida en Ruanda, que comenzó antes, y continuó durante y después del genocidio. Esta política fue liderada por los altos cargos del aparato estatal francés del momento, tanto de derechas como de izquierdas.

La impunidad que protege a los principales genocidas ruandeses y aquellos que han colaborado con ellos es el último obstáculo hoy en día para que se implemente justicia de manera completa en lo referente a este genocidio.

De hecho, gracias a un compromiso inédito y excepcional de las instituciones y la población ruandesa desde 1994, cientos de miles de asesinos han sido juzgados en las gaçaças, en las jurisdicciones de los pueblos y en los tribunales del país. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha juzgado a varios de los genocidas de más alto rango.

Que perdure esta impunidad supone un sufrimiento adicional para los supervivientes, un obstáculo en la proyección hacia un futuro en común para los jóvenes de Ruanda y de Europa, una imperdonable injusticia para todos y una escandalosa infracción del Estado de derecho.

Nuestra demanda es simple: el fin de la impunidad para los genocidas y sus cómplices.

Respetando rigurosamente la separación de poderes, fundamental para toda democracia que se precie, todos los gobiernos deben elaborar y hacer aplicar con efectividad una política penal. Ya es hora de que todos los países implicados, en primer lugar Francia, pongan en el centro de las prioridades de esta política penal la persecución, extradición a Ruanda o enjuiciamiento en sus lugares de residencia de los genocidas y sus cómplices, para que finalmente se haga justicia.

Es imprescindible considerar el fin de la impunidad para los genocidas y sus cómplices ya que es una urgencia moral, humana, social, política e histórica, y por lo tanto también judicial.

Es responsabilidad de nuestra generación asegurarse de que son juzgados, a fin de ofrecer a las generaciones futuras la posibilidad de crear juntas un “imbere heza”, un “buen futuro”.

Benjamin Abtan es presidente de European Grassroots Antiracist Movement (EGAM), coordinador de la Elie Wiesel Network de parlamentarios de Europa para la prevención de atrocidades en masa y contra el negacionismo. Bernard Kouchner fue ministro de Asuntos Exteriores, fundador de Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo (Francia). Beate and Serge Klarsfeld son presidentes de Hijos e Hijas de Judíos Deportados de Francia (Alemania y Francia). John Hume es premio Nobel de la Paz (Irlanda). Y Patrick De Saint-Exupéry es autor y periodista (Francia).

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