Urnas y mentiras

Recientemente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente del Gobierno catalán, publicaron un artículo en un periódico acerca del sempiterno referéndum sobre la independencia de Cataluña y sobre la pretendida negativa del Gobierno español a dialogar sobre el tema. Es difícil reunir en tan poco espacio una colección de falsedades y medias verdades como las que contenía su opúsculo.

Así, daban por supuesto, sin mencionarlo, que el Ejecutivo puede dialogar tranquilamente, de igual a igual, con un Gobierno autonómico sobre el modo en que éste pueda llevar a cabo una transgresión flagrante de la Constitución, insinuando que el simple hecho de que Moncloa se niegue a dialogar sobre tamaña transgresión de la Carta Magna constituye un “rechazo frontal”.

Imaginemos por un momento, es un suponer, que Rajoy tuviera un arranque de valor y firmeza y se propusiera convocar un referéndum (naturalmente, cumpliendo los requisitos constitucionales, el principal de los cuales sería que se sometiera a todos los ciudadanos) para saber si el pueblo español estaría de acuerdo en que se revocara el dudosamente constitucional Estatuto catalán hoy vigente, el de 2006, el que podríamos llamar L’Estatut d’en Zapatero. Y que, con ese fin, emplazase a los presidentes de las comunidades autónomas para escuchar sus opiniones acerca de cómo llevar cabo un proyecto tan democrático, para “dar voz a los ciudadanos”, como dicen con unción Puigdemont y Junqueras. Yo pregunto: ¿acudirían ellos a tan democrático cónclave? Estaría bien que manifestaran claramente su posición al respecto. Yo me temo que no asistirían, porque Puigdemont, tan amigo del diálogo, no acudió, por motivos no explicitados, a la última reunión de presidentes autonómicos donde, según tengo entendido, no se habló de referéndums para derogar estatutos. Pero claro, Puigdemont no parece dispuesto, aunque sea para discutir temas financieros, a ponerse a la altura de los otros presidentes de Autonomías, por supuesto de segunda. Él sólo quiere hablar de tú a tú con el presidente de España, a poder ser de referéndums. Pues bien, ¿se avendría el Molt Honorable a hablar en plan bilateral con Rajoy sobre una consulta para derogar L’Estatut? ¿O quizá optaría por el “rechazo frontal”? Toda esta continua apelación a un diálogo imposible parece una simple finta dialéctica para culpabilizar al Gobierno de España por una actitud perfectamente razonable (aunque excesivamente medrosa) ante las continuas ilegalidades de la Generalidad.

Los nacionalistas catalanes (los nacionalistas en general) nos tienen acostumbrados a su táctica de orillar los temas que les resultan incómodos y machacar sin piedad sobre aquéllos donde se sienten fuertes. El de Escocia es uno de ellos, a costa de retorcer la verdad e ignorar todos los aspectos que contradicen sus tesis. Hace poco publicaba en este diario Emilia Landaluce un artículo mostrando las enormes diferencias entre el caso de Escocia y el de Cataluña. A él me remito; me limitaré a decir aquí que Escocia se unió a Inglaterra en 1707 por un tratado (Act of Union) que, por supuesto, puede ser revisado por los respectivos parlamentos; y que el Reino Unido no tiene ninguna prohibición constitucional de celebrar referéndums parciales, como sí la tienen España y la mayor parte de los países democráticos. Traer y llevar el caso escocés sin reconocer éstas y otras fundamentales diferencias, es falsear la realidad, es escamotear al lector todo aquello que puede debilitar las propias tesis. Mentir, en una palabra.

Otro ejemplo flagrante de esta táctica es el afirmar que “Europa… ha mostrado sin ambigüedades su preocupación” porque el Gobierno español haya “decidido delegar en los tribunales su responsabilidad” ante el separatismo catalán. Y en apoyo de su tergiversación citan un “reciente informe de la Comisión de Venecia”. Esta Comisión es un grupo que asesora al Consejo de Europa sobre temas constitucionales y que ha emitido un informe expresando su alarma ante las extralimitaciones de los separatistas catalanes y afirmando que un referéndum sin respaldo constitucional no tiene validez “ni interna ni externa”.

Es bien sabido que los órganos de la Unión Europea han expresado repetidamente, de manera firme e inequívoca, su repulsa al separatismo catalán, más nocivo aún para la integridad de la Unión después de la secesión (legal) del Reino Unido. El jueves Tusk o Merkel fueron claros y volvieron a dar un portazo al separatismo tras el Brexit. Todo esto, que es lo importante, lo callan los honorables. Pero es que hay algo más: la Comisión de Venecia criticaba suavemente al Gobierno español por su falta de valentía al enfrentarse con los separatistas y, efectivamente, escudarse en los tribunales para esconder su obligación de afrontar el desafío independentista. En concreto, señalan que no es el Tribunal Constitucional quien debe poner los medios para sancionar a los que le desobedezcan e incumplan sus sentencias, sino el propio poder Ejecutivo, que para eso está, como su propio nombre indica. Es decir, la Comisión de Venecia no criticaba al Gobierno español por su inflexibilidad, sino por su falta de entereza al enfrentarse con el separatismo. Pues bien, al igual que los honorables, la unánime prensa catalana, subvencionada por la Generalidad, comentó con alborozo la opinión del Comité de Venecia, hablando del “varapalo al Gobierno español”, sin decir la verdad entera, esto es, que el “varapalo” es, una vez más, a las pretensiones del separatismo, acompañado de un suave reproche al Ejecutivo por su mojigatería al enfrentar la deriva separatista.

Otra media verdad del escrito de los honorables la expresaban así: “El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman a Cataluña como el que más y sufren por tanto cuando el país sufre”. El Estado español, en efecto, ha abandonado a los catalanes no separatistas, que son más de la mitad de la población, a pesar de los casi 40 años de adoctrinamiento en los medios de difusión y en la escuela, del hostigamiento diario, de la amenazas y los insultos, de las violaciones diarias de la Constitución, y de la violencia, soterrada, esporádica, pero real. La resistencia heroica de esta mayoría de catalanes oprimidos (ésta es la palabra apropiada) es ignorada por un Estado que hace dejación de sus obligaciones, entre las que está el cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio español. Esto tampoco lo mencionaban Puigdemont y Junqueras. Su artículo muestra que están al tanto de las últimas corrientes políticas y que manejan magistralmente la dialéctica de la posverdad.

Gabriel Tortella, economista e historiador, es coautor (junto a J. L. García Ruiz, C. E. Núñez y G. Quiroga) de Cataluña en España. Historia y mito.

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