Uruguay ofrece un modelo para hacer más seguro el aborto

En abril se anunció que la propagación del virus de Zika a lo largo de América Latina puede causar microcefalia, por lo que los líderes de la región se han visto bajo una presión creciente para flexibilizar algunas de las leyes más duras del mundo en contra del aborto.

Solo dos países de América Latina han legalizado el aborto: Cuba fue el primero, en 1979; Uruguay el segundo en 2012. Pero la experiencia del segundo, uno de los países más democráticos en América Latina, es la que ha dado una lección con la reforma, o al menos una visión de lo que se puede lograr.

Comenzó 10 años antes de que se aprobara la ley con un protocolo médico llamado el “Modelo Uruguay”. Los creadores lo consideran un “paso intermedio” hacia la aceptación del aborto; el protocolo se diseñó para hacer más seguros los abortos que suceden en la clandestinidad.

A finales de la década de 1990 los abortos inseguros eran la mayor causa de muerte materna en Uruguay, lo que representaba casi el 30 por ciento del total de muertes maternas. Este problema era más notable en el Hospital Pereira Rossell que en ningún otro lugar, pues es el principal hospital de maternidad en Uruguay y da servicio sobre todo a la población de bajos recursos de Montevideo. Ahí, casi la mitad de las muertes maternas se debían a abortos inseguros, y en 2001 un grupo de ginecólogos, psicólogos, parteras y trabajadores sociales decidieron tomar medidas.

“La situación era dramática”, recuerda el Dr. Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública. En ese entonces, Briozzo era profesor auxiliar en la Universidad de la República y lideró el grupo llamado Iniciativas Sanitarias, como parte de un programa piloto en el Pereira Rossell que tenía un solo objetivo: ofrecer información sin juicios, precisa y confiable a las mujeres que estaban pensando en abortar sobre el uso de medicinas para terminar un embarazo.

Al igual que en otros países donde el aborto está penalizado, las mujeres en Uruguay habían utilizado el medicamento misoprostol (Cytotec), que se desarrolló originalmente para tratar úlceras. Cuando Cytotec llegó al mercado en 1985, la farmacéutica Searle esperaba que iniciara un “renacimiento del flujo de productos”, un gran plan para revitalizar el negocio farmacéutico en quiebra de la compañía bajo el mando del presidente y director ejecutivo de ese momento, Donald Rumsfeld, quien fue secretario de Defensa del presidente Gerald Ford, y que regresó al mismo puesto durante el mandato de George W. Bush.

Searle no previó que, para mujeres con control limitado sobre sus vidas reproductivas, la advertencia en la etiqueta —“Cytotec no puede ser ingerido por mujeres embarazadas”— le daría una mejor mercadotecnia que cualquier campaña de publicidad. Daba la pista para una oportunidad que valía la pena tomar, y cuando se dieron cuenta de que era seguro y más efectivo que otros procedimientos clandestinos, la popularidad de la píldora explotó.

Con Cytotec, millones de mujeres de pronto tuvieron acceso a una opción barata y accesible para finalizar en privado un embarazo y hacerlo parecer como un aborto espontáneo. La compañía de Rumsfeld, sin darse cuenta, le dio a las mujeres pobres y sin voz una poderosa herramienta, el tipo de tecnología que puede ocasionar una revolución.

La respuesta de los gobiernos fue limitar las ventas del medicamento a hospitales y farmacias registradas con la autoridad local. Algunos estados en Brasil prohibieron totalmente el misoprostol. Aunque las mujeres lo podían seguir consiguiendo (y lo hacían) en el mercado negro, los estudios sugieren que lo usaban con muy poco conocimiento de las dosis adecuada o el modo de administración, de los efectos secundarios y de los cuidados posteriores. Algunas informaron que lo confundían con otras píldoras, como los anticonceptivos orales o de emergencia.

“La utilización del misoprostol en la práctica clandestina del aborto se ha desarrollado en gran medida con base en prueba y error”, según escribió Joanna N. Erdman, directora asistente y catedrática MacBain de Leyes y Políticas de Salud de la Escuela de Derecho Schulich en la Universidad Dalhousie, en un artículo de 2011 publicado en la revista especializada Harvard Journal of Law and Gender. El dilema, agregó, era “cómo darle a las mujeres información segura en un ambiente con restricciones legales”.

El Modelo Uruguay ofreció un camino.

Inspirados en los programas de intercambio de agujas enfocados en la prevención del contagio de VIH por consumo de drogas vía intravenosa, Briozzo y sus colegas uruguayos se acercaron al problema con un método conocido como reducción de daños, pues enmarcaron el aborto antes que nada como un problema de salud pública. Al reconocer la tipificación del aborto en el código penal de su país como un crimen (con excepciones en casos de violación e incesto y para proteger la salud de la mujer), propusieron que el aborto tiene un “antes” y un “después” y que durante esos periodos los profesionales de la salud están obligados a intervenir.

En una “consulta antes”, un médico confirmaba el embarazo y la edad gestacional, identificaba cualquier condición patológica y determinaba si la mujer califica para un aborto legal. En caso afirmativo, los servicios para el aborto se daban bajo solicitud. En caso negativo, el médico le proporcionaba a la paciente una descripción general, basada en evidencia, de los distintos métodos clandestinos de aborto, los riesgos asociados con cada método y su legalidad, alternativas al aborto y apoyo social disponible si la mujer decidía continuar con el embarazo.

Aunque el médico explicara cómo utilizar el misoprostol correctamente, ella o él no daban información sobre cómo o dónde se podía conseguir el medicamento, porque eso sería ilegal. “No era un consejo”, dice Erdman. “No era recetar ni promocionar”, y esto fue, ella dice, lo que permitió que el Modelo Uruguay se llevara a cabo dentro del marco de la ley.

En un artículo de 2006 sobre el programa piloto, Briozzo y sus colegas describieron la “consulta antes” como “una oportunidad para las mujeres de ser consideradas ciudadanas con derechos, que deben recibir información que les garantice que estarán en una posición más favorable para tomar la mejor decisión de acuerdo con su situación personal, su entorno y sus valores”.

A todas las mujeres que asistieron a la “consulta antes” se les invitó a que regresaran a la “consulta después”, para darles cuidados prenatales o posaborto, según lo que hubieran decidido hacer. Para aquellas que escogían el aborto, el médico confirmaba “con confidencialidad absoluta” la terminación completa del embarazo y atendía cualquier complicación. En mujeres con un aborto incompleto se practicaba un aspirado uterino. Todas las mujeres recibían anticonceptivos.

De 675 mujeres que asistieron a la “consulta antes” entre marzo de 2004 y junio de 2005, 495 regresaron para la “consulta después”. De las 439 mujeres que recibieron información, casi 90 por ciento decidió terminar su embarazo, todas ellas con el uso de misoprostol (el resto decidió continuar con el embarazo, no estaban embarazadas, habían tenido abortos espontáneos o cumplían con los requisitos para un aborto legal en el hospital).

Los resultados fueron sorprendentes: de las mujeres que participaron en el programa no hubo muertes maternas ni complicaciones graves debido a los abortos. Tampoco hubo ningún caso de septicemia posterior al aborto, la cual había sido la mayor causa de muerte por abortos inseguros, con un promedio de 10 casos al año en el Hospital Pereira Rossell.

Más difícil de cuantificar, aunque quizá más importante, fue hasta qué punto el programa modificó las percepciones de la gente. Antes de que comenzara, Briozzo dijo en una entrevista telefónica, se hablaba sobre el aborto solo “en la nota roja de los periódicos”. No obstante, después “los artículos trataban sobre salud y derechos humanos”. Con la reducción de daños, “es posible que se pueda cambiar el modo en que la gente concibe el problema”, comentó. “El potencial de este modelo es el potencial de cambiar políticas públicas en el país”.

De hecho, aunque pasaron otros ocho años antes de que Uruguay legalizara el aborto, el gobierno promulgó una norma para llevar el modelo a todos los centros del sector público; un reconocimiento tácito de que el derecho a la salud, como se define bajo la ley internacional humanitaria, “incluye el derecho de buscar, recibir e impartir información” y sobre todo, este derecho obliga al Estado a “contenerse de limitar el acceso” o “de reservar o intencionalmente tergiversar información relacionada con la salud”.

En los años subsecuentes, Iniciativas Sanitarias trabajó con organizaciones internacionales para replicar el Modelo Uruguay en otros nueve países, todos ellos más grandes, más pobres y con sociedades más conservadoras que Uruguay. Hasta ahora, el modelo no se ha vuelto ley ni ha escalado a nivel nacional en ningún otro país, pero los defensores dicen que ha tenido un efecto claro en los abortos inseguros en muchas de las comunidades donde se probó. También les ha dado valor a los profesionales de la salud en esos lugares para dar a conocer su opinión públicamente, según dicen los defensores.

“Pensamos que el Modelo Uruguay puede abrir posibilidades para las mujeres donde el zika es una amenaza: en Brasil y en Centroamérica”, apuntó Giselle Carino, directora regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar para el Hemisferio Occidental, la cual ha apoyado la expansión del Modelo Uruguay.

Briozzo menciona que además de lo trágico de la mortandad materna en sí misma, la pérdida de una madre también reduce las probabilidades de que los hijos sobrevivan. “Así que, desde nuestro punto de vista, nosotros somos el ‘movimiento provida’”, afirma. “En toda Latinoamérica es posible tomar este acercamiento de reducción de daños para dar acceso a la información con neutralidad, con confidencialidad y con humanidad. Es derecho de las mujeres”.

Patrick Adams, periodista.

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