Además de los costos que implica en términos de salud y vidas humanas, la pandemia de la COVID-19 amenaza con revertir gran parte del progreso alcanzado por los países en vías de desarrollo en los últimos 20 años para reducir la pobreza. Son necesarios nuevos y significativos gastos para proteger a los más golpeados por la crisis; al igual que las economías avanzadas, muchos países en vías de desarrollo desplegaron programas nuevos o ampliaron los existentes para evitar el colapso económico y prevenir el hambre generalizado, pero gran cantidad de ellos fueron incapaces de alcanzar la escala de gasto de Estados Unidos y otros países desarrollados. Al menos 100 países ya solicitaron ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Existe una fuente de financiamiento prometedora, que aún no recibió suficiente atención, el colapso de los precios del petróleo presenta una oportunidad única para eliminar los subsidios a los combustibles sólidos de una vez y para siempre. Esto no solo ayudaría en la lucha contra el cambio climático, también permitiría a los gobiernos destinas una mayor parte del gasto a los pobres y a financiar la deuda contraída por la crisis.
Durante décadas muchos países —desde Ecuador hasta Indonesia— han subsidiado la gasolina y otros combustibles, habitualmente fijando su precio en el surtidor. Con esta política, cuando los precios del petróleo aumentan, también lo hace el costo de los subsidios, pero el precio en el surtidor se mantiene igual.
Históricamente, los subsidios a los combustibles han sido muy populares en los países en vías de desarrollo, cuyos grandes sectores informales y falta de registros dificultan a los gobiernos identificar a los pobres. Antes de la llegada del dinero móvil y la ampliación de los servicios bancarios, otorgar efectivo o dinero directamente a los ciudadanos solía abrir la puerta a la corrupción. Los subsidios a los combustibles permitían solucionar este problema, porque todos se podían beneficiar al comprar gasolina y ese beneficio quedaba explicitado a través del precio en el surtidor.
El problema, por supuesto, es que los subsidios a los combustibles fomentan su uso excesivo, que tiene terribles implicaciones ambientales. En vez de subsidiar los combustibles, los economistas a menudo señalan que debiéramos gravarlos con impuestos para atender a esas externalidades. Un estudio reciente estima que la eliminación de los subsidios al gas y al petróleo podría haber reducido las emisiones mundiales de dióxido de carbono entre el 5 y el 6 % en 2015 (el 28 % si además se hubieran eliminado los subsidios al carbón).
Además, los subsidios a los combustibles son una manera ineficiente de ayudar a los pobres, especialmente ahora que han surgido mejores métodos para definir los beneficiarios y distribuir los beneficios. Aunque los hogares pobres y de clase media baja se benefician con los subsidios a los combustibles, los hogares de clase media y los más pudientes se benefician más, porque tienden a comprar más combustible. Según un informe de 2015 del FMI, el 20 % de los hogares más ricos reciben 6 veces más beneficios por subsidios a los combustibles que el 20 % más pobre. Y los subsidios a los combustibles suelen ser extremadamente caros, especialmente cuando el precio del petróleo es elevado. Por ejemplo, Indonesia destinó el 3,1 % de su PIB a subsidios a los combustibles en 2018, pero solo el 1,4 % del PIB a la salud.
A pesar de sus obvios defectos, estas políticas subsisten en muchos países. En épocas normales, eliminar un subsidio a los combustibles implica que el precio del combustible dará un gran salto, lo que suele provocar protestas masivas. También puede producir inflación si todos interpretan la suba de los precios de los combustibles como una señal para ajustar otros precios.
Pero estos no son tiempos normales. Las secuelas de la pandemia han afectado a la mayoría los mercados financieros, pero el golpe a los precios mundiales del petróleo fue particularmente drástico. El precio real (ajustado por inflación) del crudo cayó al menos la mitad, de aproximadamente 60 USD por barril antes de la crisis a 25-30 USD por barril en la actualidad. En un momento durante la crisis de la COVID alcanzó su menor nivel desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto presenta una oportunidad sin precedentes para eliminar los subsidios a los combustibles de una vez y para siempre. Como los precios del petróleo están por el suelo, muchos países pueden dejarlos en manos del mercado sin que eso afecte el precio en el surtidor. Y cuando la demanda mundial de petróleo se recupere (y con ella, los precios), esos países no seguirán atados a gastos de miles de millones de dólares cada año para subsidiar combustibles. Esos ahorros se podrían usar para pagar las deudas contraídas por la COVID-19 y financiar programas de asistencia social durante mucho tiempo. Otra cuestión de igual importancia es que esos países ya no estarían subsidiando activamente la crisis climática.
Los gobiernos debieran permitir que los precios de los combustibles fluctúen libremente antes de que se cierre la actual ventana de oportunidad. Indonesia ya aprendió esta lección a los golpes: en 2008, después de la caída de los precios del petróleo generada por la crisis financiera, el gobierno redujo los subsidios a los combustibles y ajustó sus precios internos, pero los dejó fijos. Cuando los precios del petróleo aumentaron durante la recuperación, el gobierno repentinamente tuvo gastar miles de millones de dólares en subsidios a los combustibles.
Este ciclo se repitió unos pocos años más tarde. Mientras se desempeñaba como ministro de finanzas de Indonesia en 2013, uno de nosotros (Basri) propuso reducir el subsidio a los combustibles del país y dejar que sus precios fluctuaran. Pero, aunque el gobierno estaba dispuesto a dar el primer paso, al final decidió una vez más dejar los precios fijos. Cuando los precios del petróleo subieron, la empresa estatal petrolera se vio obligada a desembolsar miles de millones de dólares en subsidios.
Los precios actuales del petróleo, históricamente bajos, permiten hacer ajustes que ayudarían a mitigar el cambio climático por mucho tiempo. Eliminar los subsidios también liberaría los presupuestos gubernamentales cuando los precios del petróleo comiencen a aumentar. Los gobiernos en los países en vías de desarrollo deben aprovechar este momento, tanto para financiar la respuesta ante la pandemia como para brindar transferencias dirigidas a quienes más las necesitan.
M. Chatib Basri, Indonesia’s finance minister from 2013 to 2014, is Senior Lecturer in the Department of Economics at the University of Indonesia.
Rema N. Hanna, Professor of South-East Asia Studies at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government, is Faculty Director of Harvard’s Evidence for Policy Design.
Benjamin A. Olken, Professor of Economics at MIT, is Director of MIT’s Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.