Utilizan la libertad de elegir para privatizar

El 4 de abril, la derecha social salió a la calle en defensa de los privilegios de la enseñanza privada concertada, reaccionando desmedidamente ante un mínimo recorte de aulas en sus centros, olvidando el tijeretazo dado a 112 aulas en la pública aragonesa en los últimos años. Al día siguiente, la consejería limitó a 13 aulas las no renovadas de la red concertada. Antes, al calor del debate sobre los presupuestos, entre Podemos y PSOE, se habló de 28 aulas cerradas. Ahora, tras los recursos, los tribunales han limitado el cierre a una, sí, de 28 hemos pasado a un aula, haciendo uso de medidas cautelares.

En Aragón, ya estamos acostumbrados a decisiones de los tribunales que dan oxígeno a la red privada concertada o a la religión en las aulas. La actuación de los tribunales a través de las medidas cautelares merecería en sí misma un artículo. Al PSOE le basta con acatar las medidas cautelares y no compartir la medida. Así puede contentar a la privada concertada y a Podemos, que ni tira ni afloja en un asunto que les resulta molesto, de presentarlo como el lobo se ha ocupado la derecha, pero nada más lejos de la realidad.

La red privada concertada la creó y reguló el PSOE en 1985, como medida de urgencia y con carácter transitorio para atender las necesidades del boom demográfico de los años 70, que la red pública no podía atender. La conferencia episcopal supo aprovechar la coyuntura.

En STEA lo repetiremos una y mil veces: la concertada no es complementaria de la pública, no son dos redes que conviven en armonía. La concertada es, ante todo, un negocio económico y con ideología, aprovecha los momentos en que gobierna el PP para expandirse –pensemos en la calamitosa situación de la escuela pública en Madrid o en Valencia, tras Aguirre y Camps, y cuando el PP está en la oposición defiende con uñas y dientes sus avances--. La concertada ha ido ganando fuerza desde 1985, siendo una anomalía española y belga, dado que en el resto de países de nuestro entorno --UE y OCDE-- no tiene ningún peso significativo, la norma son dos redes: pública y privada, pero no concertada. Aquí, es necesario desmontar un mito para justificarla: que el artículo 27 de la Constitución bendice la red concertada, el mismo consagra la libertad de elección, pero no que tenga que ser subvencionada.

Betsy Devos, secretaria de Estado de Educación de Donald Trump, tiene en mente el modelo español para importarlo a EEUU --donde la red pública atiende en torno al 90% de la población-- para concertar con empresas privadas y diferentes confesiones religiosas la subvención de la educación.

La red privada concertada no es un monolito, pero a grandes rasgos la partida en la escuela concertada es cosa de dos: la Iglesia católica y empresas privadas que ven la misma como un inmenso negocio. La primera está en franca retirada. ¿Por qué constructoras, bancos, etc. invierten en la enseñanza? Simplemente porque es un negocio seguro, el Estado corre a cargo con los gastos en virtud del concierto (salarios del profesorado, suministros, etc.) y las familias pagan donaciones voluntarias, o sobreprecios en conceptos como el comedor, el transporte o las actividades extraescolares. Una prueba de que estamos ante un buen negocio es que Francisco Granados, el cabecilla de la red Púnica recibía entre 900.000 y 1.200.000 euros por cada uno de los centros que sus contactos políticos permitieron concertar, nadie da algo por nada.

STEA denuncia que la educación privada concertada no es más que una manifestación del proceso de privatización de servicios públicos --desde la sanidad a los servicios sociales--. Si queremos empezar a ganar esta guerra, es necesario sacar esta dimensión al debate público, cuestiones como la libertad de elección de centro, no son más que cortinas de humo. Se hace necesario debatir en el eje izquierda-derecha, servicios públicos-negocio privado. ¿Cuántos centros privados concertados hay en los pequeños pueblos de Aragón?: ninguno, como no hay negocio, no se ofrece libertad de elección.

En STEA, deseamos dos únicas redes (pública y privada), por ello no debemos renunciar en el medio plazo a que la red concertada pase a sostenerse solamente con fondos privados. No debemos subvencionar un negocio privado en detrimento de un servicio público como debería ser la educación, que además la queremos laica y libre de doctrinas.

Tomás Sancho Pérez, integrante del secretariado de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñana de Aragón (STEA).

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