LA COVID se ha extendido por todo el mundo causando miedo y trastornos económicos globales. La incidencia acumulada no se ha reducido eficazmente y la inmunidad natural de grupo está muy lejos de ser una realidad. Todas las esperanzas están puestas en el desarrollo de una vacuna. Este proceso está ocurriendo con notable rapidez: hay 170 vacunas candidatas, 30 de las cuales están en evaluación clínica y 10 de ellas en fase 3, lo que supone que están relativamente avanzadas.
Para ese desarrollo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ejerció inicialmente cierto liderazgo. Y, así, el pasado mes de abril lanzó el denominado ACT, el acelerador de herramientas de acceso a Covid-19.
Esto fue encomiable. Pero no ha sido suficiente para asegurar una verdadera sinergia. De hecho, en lugar de optar por la colaboración internacional (que habría aprovechado mejor la energía científica colectiva), se estableció desde el principio de la pandemia una carrera comercial internacional para ver quién desarrolla primero una vacuna. Y a los intereses comerciales, se sumó una alarmante lucha nacionalista.
De este modo, hemos asistido en las últimas semanas al penoso espectáculo en el que, por ejemplo, el jefe de Estado de un determinado país ha anunciado la aprobación de hasta dos vacunas producidas en su territorio… U otro famoso presidente anunció con rotundidad cuándo estará lista la vacuna (mira por dónde la fecha que dio era justo antes de las elecciones que se celebrarán en breve en ese país, aunque las vacunas que se están desarrollando en el mismo están en fases de ensayo clínico y no han mostrado los resultados en sus distintas fases). Pero, además, ¿desde cuándo los presidentes de las naciones aprueban vacunas o medicamentos?
Y en paralelo, y tan negativo como lo anterior, en otras ocasiones han sido los propietarios de empresas farmacéuticas privadas los que han anunciado directamente en los medios de comunicación los resultados preliminares de sus ensayos sin que éstos hayan pasado siquiera por los filtros de publicación científica sólida con rigurosa revisión por pares y la aprobación consolidada por la correspondiente agencia del medicamento. Esos gestos estrafalarios no ayudan en absoluto, pero hemos visto que sí que aumentan la cotización de dichas empresas en Bolsa.
Para minimizar los problemas y maximizar los beneficios asociados a las vacunas para hacer frente a la Covid-19, desde el punto de vista médico, social y ético a mi juicio como mínimo es esencial ocuparse de lo siguiente:
Ante todo, hemos de contar con información fiable sobre la seguridad y la eficacia vacunal. La OMS, o una entidad delegada sin intereses comerciales o políticos vinculados al país que respalda la vacuna, debería vigilar e informar sobre el desarrollo de la vacuna para garantizar que no haya atajos inapropiados. En nuestro caso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios puede jugar ese papel.
Por otra parte, y dado que las vacunas pueden contener conservantes, coadyuvantes o aditivos (para prevenir la contaminación, mejorar las respuestas inmunitarias específicas de los antígenos y estabilizar los virus vivos atenuados), deberemos conocer de forma veraz y detallada de la composición completa de cada vacuna Covid-19, entre otras cosas para garantizar el mejor ajuste de los candidatos a cada vacuna. Suponiendo que habrá varias vacunas finales entre las que elegir, deberían elaborarse protocolos exhaustivos en los que se detallen la seguridad, los efectos secundarios, la eficacia y la composición para adaptar quién recibirá qué (por grupo de edad y según su vulnerabilidad/características personales).
También hay que atajar un problema objetivo de equidad: sabemos que el Reino Unido y Estados Unidos han pedido suficientes dosis de vacuna para unas cinco veces su población; y la Unión Europea ha anunciado reservas para alrededor de tres veces la población comunitaria. Todo esto limita el acceso a la vacunación de los más necesitados a nivel mundial. Este pre-pedido masivo también tiene un riesgo para los compradores: el de invertir todo su presupuesto en una vacuna que resulte insegura, o ineficaz. En tal caso, ¿cómo se podría pagar por las próximas que funcionen? La reflexión es evidente: para salvaguardar el acceso justo a las vacunas una vez que estén disponibles, necesitamos coordinación y estrategias definidas.
En el plano internacional, la Unión Europea, la OMS y las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel activo para garantizar el acceso universal e igualitario a las vacunas Covid-19. Además, dentro de España, y dado que presumiblemente las vacunas tendrán que distribuirse progresivamente en cada país, habrá que definir quién se vacuna primero (en general parece lógico dar prioridad a los grupos vulnerables y a los profesionales de la salud de primera línea).
Complementariamente, se debería planificar y designar un punto focal institucional para el programa de inmunización de la vacuna Covid-19. Además, será crucial garantizar la seguridad física de las vacunas y de los trabajadores que las custodian y administran, por razones obvias.
Y, por supuesto, antes de lanzar los programas de inmunización, los estudios de seroprevalencia y vigilancia de la seguridad deben ser preparados de forma operativa.
Además, cualquier evento adverso debería ser registrado y seguido, y para todo ello sería muy útil disponer de un carnet digital de vacunación apropiado.
Finalmente, hemos de anticiparnos a la desinformación en redes sociales, lo que constituye una amenaza para el adecuado seguimiento de los potenciales programas de vacunación. Es fundamental asegurar buena comunicación para informar al público sobre la disponibilidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna.
En resumen, la evaluación de las vacunas Covid-19 debe ser objetiva, rigurosa, transparente, equitativa y comunicada adecuadamente. Esto es esencial para comprender la composición, la seguridad y la eficacia de las vacunas en lo que respecta a la respuesta de inmunidad, la duración y los posibles efectos secundarios. Esto será un reto, pero la recompensa esperada vale la pena: acabar con esta pandemia de una vez por todas.
José María Martín Moreno es doctor en Epidemiología por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia.