Desde el pasado sábado, Catalunya asiste a un torrente de declaraciones sobre la bondad o los problemas que supone el nuevo sistema de financiación. Dado que sus puntos fuertes, y sus debilidades, han sido ya analizados en profundidad, me permitirá el lector que obvie su estudio, y que me centre en aspectos que son tanto o más sustantivos que lo conseguido.
El primero de ellos es que el acuerdo ha demostrado que la aprobación del Estatut valió la pena. Estos últimos años, frente al griterío que se despertó en otros puntos de España, una parte de la opinión pública catalana e, incluso, alguno de los más firmes impulsores de su reforma llegaron a considerar que el esfuerzo había sido baldío. Que la ambición como país que el Estatut proyectó había sido excesiva. Nunca participé de esta visión. Por el contrario, me pareció siempre que la estrategia de incluir pormenorizadamente la financiación en su articulado era una condición del todo necesaria, no suficiente, para que la inevitable negociación política que había de implicar tuviera fuertes anclajes. ¿Qué hubiera pasado de no disponer de una ley orgánica como base de la negociación financiera? ¿Alguien puede creer, honestamente, que se habrían alcanzado estos resultados?
Por tanto, una primera, y muy importante, lección a extraer de este proceso es que la dureza del debate estatutario era necesaria. Y que sin el esfuerzo que entonces se efectuó los resultados que hoy celebramos serían otros, y no ciertamente mejores.
Vinculada al punto anterior emerge una segunda reflexión. El éxito de esta negociación debería actuar como bálsamo de un sentimiento catalán profundamente dolido y cansado por las dificultades generadas por el proceso estatutario y la negociación financiera. Como país, necesitábamos esta victoria. Porque no de otra forma puede calificarse un modelo de financiación que, en sus aspectos más esenciales, procede del Estatut. Y, por ello, parece más sorprendente la posición de aquellos que se enrocan no queriendo aceptar que, finalmente y quizá sin que sirva de precedente, nos ha ido bien. Así ha sido. Y así lo hemos de transmitir al país. Porque es un éxito colectivo.
En tercer lugar, las repercusiones de este acuerdo sobre la futura sentencia del Tribunal Constitucional no se le escapan a nadie. Que una parte tan sustantiva del Estatut sea la base del modelo de financiación de todas las comunidades autónomas lo blinda, en cierta medida, frente a aquellos que quisieran verlo descarrilar en el alto tribunal.
Bienvenido sea el pacto también por este importante aspecto.
Sus repercusiones políticas en el medio plazo son, en cuarto término, un aspecto más que relevante, que ayuda a entender también la resistencia de CiU a reconocer las virtudes del acuerdo. Guste o no guste, Catalunya se ha ido inclinando estos últimos años, y de forma claramente perceptible, hacia el nacionalismo y hacia una redefinición de sus relaciones con España. El Estatut es una buena prueba de ello, pero no la única. Y ese proceso, que tiene raíces estrictamente ideológicas, se ha ido alimentando por un maltrato fiscal del todo abusivo. Y que las balanzas fiscales, y el debate sobre su signo y la contribución de cada comunidad autónoma, sean objeto de debate popular es una clara muestra de aquella tendencia de fondo del sentimiento nacional del país.
En este contexto, el PSC ha tomado el camino correcto, ha resistido las presiones del PSOE y se ha colocado al frente del proceso. Con ello, ha ganado centralidad política. Y eso en un partido que, por sus orígenes, aparece como el gran articulador de esta Catalunya tan compleja. Para el futuro social del país, es una muy buena noticia que haya adoptado esta firmeza. Catalunya lo necesitaba, y ese partido también.
En esta redefinición hay que destacar que el papel del president Montilla y del conseller Castells ha sido inestimable. Demasiado a menudo tenemos la sensación de que nuestros dirigentes, en España o en el resto del mundo, no parecen tener la calificación necesaria. Y esa visión de una clase política poco preparada se ha exacerbado con la crisis financiera internacional. Pero, hoy y aquí, hay que ser justos y reconocer que el tándem Castells-Montilla ha funcionado a la perfección, y que son líderes políticos de la talla que el país precisaba. Conviene pues, también, felicitarnos por ello.
Finalmente, un poco de agua al vino. Parece que estos días estamos vislumbrando el final del esfuerzo que significó la apuesta estratégica del Estatut. Nueva financiación, traspaso de cercanías, probable redefinición de la gestión de El Prat, nuevos traspasos…, en síntesis, un importante paquete de mejora del autogobierno y de nuestras finanzas. Pero las dificultades que hemos encontrado en este camino, iniciado hace ya ahora más de cinco años, no deberíamos olvidarlas.
Las relaciones Catalunya-España se han modificado de forma radical, y el Estatut y sus consecuencias, entre ellas el nuevo sistema de financiación, son la expresión política de cambios económicos y sociales mucho más profundos. Hoy, ni somos tan relevantes como antaño para el resto de España ni esta es tan importante como lo fue para nosotros. Las dificultades del Estatut y de la financiación muestran que el anclaje de Catalunya en España no está, todavía, resuelto. Ni por la parte española ni por la nuestra.
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada en la UAB.