El pasado 18 de junio tuve la oportunidad de leer en EL PAÍS un artículo de Gabriel Elorriaga, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, sobre la propuesta fiscal que ha presentado el Partido Socialista. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al debate fiscal. Creo que en estos tiempos de desafección, los políticos debemos centrarnos en discutir sobre lo que realmente importa a los ciudadanos. Y la forma en que el sector público recauda para luego revertirlo en forma de servicios, rentas redistributivas o impulso a la actividad económica, es un debate esencial.
Los socialistas defendemos un Estado fuerte y eficiente, que propicie el desarrollo de una economía competitiva capaz de generar un crecimiento sostenible, con unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades y combatan cualquier forma de injusticia y exclusión social. Claro que la mayor parte de la redistribución se consigue vía gasto (aunque no recortando becas o ayudas sociales, como hace este Gobierno), pero no podemos renunciar a perseguir también la justicia social por la vía de los ingresos.
La clave del debate fiscal no es subir o bajar impuestos; lo verdaderamente relevante es cuándo se suben o se bajan, quién los paga, cuánto se paga y, sobre todo, qué se hace con el dinero recaudado. Quedarse en que “la escasez de los ingresos públicos no está causada por unos impuestos demasiado bajos, sino por la falta de actividad económica”, como dice Elorriaga en el citado artículo, es resucitar curvas de Laffer que ya no abanderan ni sus antiguos defensores, como el ministro Montoro. Tampoco aborda con rigor el debate fiscal y desconoce las lagunas y deficiencias de nuestro sistema fiscal.
Es necesaria una reforma fiscal en profundidad, porque España ha experimentado, durante la crisis, la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro: 5,4 puntos del PIB entre 2007 y 2011, solo superada por Bulgaria. Mientras, la presión fiscal en la Unión Europea retrocedía 0,5 puntos de media y crecía en países como Francia, Grecia, Finlandia, Austria, Bélgica o Portugal. Es necesaria porque las rentas del trabajo y las clases medias y bajas tienen un excesivo peso, ya que soportan el 90% de la presión fiscal, mientras las del capital apenas aportan el restante 10%. Y es necesaria porque no todos contribuyen igual, algunos no lo hacen en absoluto y el Gobierno sigue aumentando los impuestos sobre los de siempre, perdonando los delitos cometidos por quienes nunca contribuyeron y reduciendo los derechos sociales en todos los ámbitos. Quiero recordar que los socialistas hemos recurrido al Tribunal Constitucional la amnistía fiscal y que presentamos sendas enmiendas a los Presupuestos del Estado de 2012 y 2013 contra la subida del IRPF a las rentas del trabajo, enmiendas que el Grupo Popular rechazó.
Por todo ello es necesaria una reforma fiscal en profundidad para conseguir una tributación más sencilla, más justa y más eficiente, sin subir los impuestos a las rentas del trabajo y a las clases medias, que ya pagan demasiado. Se trata de que cumplir con las obligaciones tributarias no sea una carrera de obstáculos ni se precise gastar dinero en asesores fiscales; de no distorsionar la actividad económica; de que paguen más los que más tienen, de acuerdo con su capacidad económica, combatiendo el fraude y la elusión fiscal.
Nuestro sistema impositivo permite que los grandes patrimonios prácticamente no paguen impuestos porque la estructura del gravamen del IRPF excluye las rentas y ganancias de capital canalizadas a través de diversos instrumentos financieros (fondos de inversión; Sicav; sociedades instrumentales; seguros y planes de pensiones personalizados...) hasta el momento de su liquidación, lo que en muchas ocasiones se posterga de manera indefinida, o se canaliza a través de sociedades patrimoniales que no pagan el impuesto del patrimonio. También es público que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta: el 10% de los individuos más ricos de España acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre.
Por eso, nuestra propuesta fiscal no sube los tipos impositivos de las rentas del trabajo ni aumenta el gravamen del ahorro de las clases medias. Lo que sí hace es aumentar las bases impositivas haciendo tributar justamente la riqueza, de modo que contribuyan más aquellos que tienen mucho y que hasta ahora o pagan muy poco o no pagan nada. Para ello proponemos integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, ya sea inmobiliaria o mobiliaria e independientemente de donde esté invertida (Sicav, fondos de inversión, sociedades instrumentales, sistemas de previsión social personalizados, etcétera), de modo que pagarán más las grandes fortunas, y su capacidad económica quedará reflejada en el IRPF a la hora de recibir ayudas. No queremos gravar los pequeños patrimonios y, por eso, fijaremos un mínimo exento adecuado y excluiremos la vivienda habitual hasta un valor máximo.
Defendemos la equidad tributaria. Tanto horizontal, para la cual proponemos equiparar la fiscalidad del trabajo y del capital, como vertical, para lo cual proponemos suprimir deducciones fiscales injustas y regresivas, tanto en el impuesto de sociedades, que discrimina a las pymes en favor de las grandes empresas, como en el IRPF, que discrimina a las rentas medias y bajas.
También queremos estimular el ahorro a medio y largo plazo y darle un tratamiento neutral para que no esté condicionado ni distorsionado por la rentabilidad fiscal. Para ello proponemos crear una cuenta de ahorro libre de impuestos hasta un límite y con carácter finalista (para complementar las pensiones, para formación, para hacer frente a situaciones adversas…), similar al esquema utilizado en Canadá.
Estos son solo algunos de los cambios que proponemos, dentro de un contexto de reforma integral de nuestro sistema impositivo. Una reforma cuya columna vertebral es la lucha contra el fraude, lo que requiere adoptar medidas en el ámbito nacional, como mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria, elaborar ambiciosos planes evaluables de lucha contra el fraude, o actualizar anualmente la normativa antifraude para anticiparse a los avances de la ingeniería fiscal y evitar la elusión de impuestos. Y en el ámbito internacional, planteando en la UE una ofensiva política para acabar con los paraísos fiscales, mejorando el intercambio de información fiscal y eliminando las licencias bancarias a las entidades que no colaboren con las autoridades tributarias.
En definitiva, planteamos una reforma impositiva en profundidad, con medidas factibles basadas en figuras existentes en los países de mayor renta per capita del mundo, como Canadá y Holanda. Una reforma para recaudar más, para hacerlo de forma más justa y más estable, para que los ingresos no se desplomen en las fases recesivas de la economía, para que los impuestos no distorsionen la actividad económica; y que no sube los tipos impositivos ni a las rentas del trabajo ni al ahorro de la inmensa mayoría de los contribuyentes, sino que aumenta las bases impositivas, haciendo tributar justamente a las grandes fortunas, a las grandes corporaciones y a los grandes defraudadores.
Una reforma que llevamos reclamando desde el inicio de la legislatura y que ahora el Gobierno parece que quiere iniciar el próximo año. Estaremos encantados de discutir con el señor Elorriaga y con el señor Montoro, o con quien tenga la responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, los principios de esa reforma. Será un debate estimulante y necesario para nuestro país.
Inmaculada Rodríguez-Piñero es diputada y secretaria federal de Economía y Empleo del PSOE.