Vencer sin riesgo en Euskadi

Las malas películas son predecibles y repetitivas y, en la de la violencia en Euskadi, el caballo del malo dejó de correr hace tiempo. Sin montura, sin agua, sin una mano amiga, a la izquierda aberzale ilegalizada no le queda otra que soltar lastre, digerir un fracaso de 30 años de silencio ante la violencia de ETA y buscar, ahora, la empatía de otros para sobrevivir políticamente. Es comprensible la tentación de mirar para otro lado, de dejar que sigan macerando en un caldo en el que hasta la fecha creyeron afianzar la cohesión de su propio entorno sociopolítico. Que sigan practicando la endogamia intelectual y expulsando al disidente hasta quedar reducidos a la nada. Pero es un proceso largo, de nuevo doloroso y que ahondará en las cicatrices de una fractura social que no se percibe en España, pero que abre las calles de Euskadi con grietas profundas.

Y, por encima de todo, es un proceso innecesario. Ganar el pulso desde la convicción democrática consiste también en tomar conciencia de que se ha ganado; de que una vez tocada la mesa con los nudillos del rival, seguir apretando solo sirve para despellejarse los propios en un afán insano. Hoy, ni ETA ni la izquierda aberzale heredera de Batasuna ponen en riesgo la democracia ni el Estado de derecho. La derrota social y política, la que realmente interesa y permite pasar página una vez que la policial ha quedado en evidencia, es total y se manifiesta en un giro copernicano a su tradicional irredentismo antisistema. Empieza a ser hora de dedicar esfuerzos a retirar el escombro para poder ver que debajo ondea una bandera blanca. Quienes la enarbolan, conscientemente o sin haberlo entendido aún muchos de ellos, han doblegado su discurso y su praxis política a las exigencias insistentes de limpieza democrática y rechazo de la violencia. Tanto es así que la presentación de la nueva formación política que aspira a ser legalizada, Sortu, superó la mayoría de las expectativas en la contundencia de los principios que expuso.

El escenario subsiguiente es complicado, porque en el entramado legal construido para asfixiar políticamente a Batasuna no se contemplaba el medio de restaurarles a la práctica política cuando llegara este día. Tanto es así que la ley de partidos habilita un bucle sin fin de ilegalizaciones basado en una formulación amplia del principio de continuidad. Sin embargo, la práctica jurídica, en la propia aplicación de ese principio, sí ha estimado los límites del mismo. De hecho, en sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional se establece que la mera presencia de personas vinculadas a Batasuna no es suficiente para considerar contaminada una lista electoral o formación según el principio de que «la disolución de un partido político no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueran sus promotores, dirigentes o afiliados». En la práctica, esto no ha impedido que haya sido precisamente la presencia de personas vinculadas a Batasuna, como hoy Rufi Etxeberria o Iñigo Iruin, lo que ha determinado la anulación de formaciones y listas electorales en situaciones previas merced a un determinado sesgo de la Sala del 61 del Supremo que acabó siempre por invertir el principio a favor de una interpretación restrictiva.

Estamos -es cierto- ante unos promotores reconocibles en un pasado político ligado al mundo del MLNV. Pero sosteniendo públicamente lo que hasta ahora eran incapaces de defender y que les exigía el Constitucional: el rechazo de la violencia; la conformación de una estructura política nueva con un modelo de organización homologable al de las formaciones democráticas, esto es, no amparados en la nebulosa de una presunta práctica asamblearia no mensurable y, en consecuencia, manipulable, sino en un modelo de afiliación, con estructuras de elección, decisión y ejecutivas visibles. Con la transparencia, en definitiva, que dificulta la impunidad. Y, por último, con un compromiso legal de expulsar a quien no rechace la violencia de ETA, expresamente mencionada. Se asumen, como digo, las condiciones expresas de contraindicio a la continuidad de Batasuna, que describió el TC al anular el registro de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en mayo del 2007. En definitiva, los rostros reconocidos por todos a los que venimos exigiendo pronunciamientos de esa naturaleza lo han hecho. Han dado ese paso y hoy no se trata de premiarles por ello, sino de constatar que se han rendido a la evidencia de que le deben a Euskadi 30 años de errores, de dolor y de arrogancia.

Perdidos en este maremágnum interpretativo del sentir judicial se nos puede escapar la perspectiva inicial de estas líneas: el pulso a los violentos se ha ganado, pero las heridas sociales hay que curarlas. Con firmeza y reconocimiento del dolor inútil causado, sí. Pero admitiendo que no hay riesgo real en empezar a restañar heridas con Sortu en la legalidad dado que, en el peor escenario, el de un fraude o una trampa argumental tras la que se ocultase ETA, la reciente reforma de la ley electoral permite desposeer de sus actas a cualquiera de sus electos. Si el tumor sigue ahí, sería extirpado sin riesgo. Habría que dejar que el paciente, que es toda la sociedad vasca y no la izquierda aberzale, se recupere de la radioterapia y no seguir bombardeándole con ella.

Por Iñaki González, periodista.

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