Venezuela, en la frontera del caos

El pasado miércoles, Juan Guaidó fue investido por la Asamblea de Venezuela presidente interino de la República. Su misión: devolver la palabra al pueblo y procurar la reconciliación nacional. Son muchos los países que le reconocieron, pero no es probable que lo haga Naciones Unidas porque Rusia y China (miembros permanentes del Consejo de Seguridad) se aferran al principio de no injerencia en los asuntos internos y apoyan a Maduro. Así las cosas, el papel de la Unión Europea y, sobre todo, el de las organizaciones regionales americanas (OEA, UNASUR y MERCOSUR) es especialmente relevante. En este contexto, España puede hacer un gran papel porque es, al mismo tiempo, la voz más escuchada en Bruselas cuando se habla de Iberoamérica, y la más escuchada en Iberoamérica cuando se trata de influir en Europa. Y es también un interlocutor privilegiado con los Estados Unidos de América.

A día de hoy apoyan a Guaidó la mayoría de los países que comulgan con los valores occidentales: el compromiso con los derechos humanos, el respeto a la norma y a las minorías y la economía abierta. En este grupo están Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia... y ahora España. Siguen fieles a Maduro los que creen que estos valores sólo han servido para que un club de élite domine a los demás (Lavrov, ministro de Exteriores ruso) o los que piensan que estamos instalados en un mundo postoccidental (Zarif, ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán). Además de Rusia y China, militan en este grupo Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Siria.

Venezuela, en la frontera del caosAsí las cosas, lo primero que tiene que hacer el presidente Sánchez es convencer a nuestros socios europeos de que Maduro ha perdido la legitimidad democrática en un proceso degenerativo en el que caben distinguir tres etapas. En los años anteriores a las elecciones legislativas del 2015 se cebó inmisericorde con la prensa poco amiga; metió en la cárcel a muchos de sus adversarios políticos y se empeñó en controlar a los jueces para protegerse de una eventual mayoría contraria a sus intereses. Cuando la Mesa de Unidad Democrática ganó las elecciones de 2015, dio otro golpe de tuerca e hizo todo lo posible para anular a la Asamblea Nacional: invalidó actas de diputados electos; desconoció las disposiciones que no eran de su agrado y creó ex novo una Asamblea constituyente a su imagen y semejanza. Una especie de Consejo Nacional del Movimiento con sabor caribeño. Todo un cúmulo de ilegalidades que culminó en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 que ni el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni la OEA, ni el Grupo de Lima se prestaron a avalar.

Maduro hizo del hambre su principal reclamo electoral, muchos venezolanos fueron a votar por el miedo a perder el acceso a los artículos de primera necesidad sujetos a precios regulados. A partir de entonces todo ha ido a peor: el Presupuesto no ha sido aprobado por la Asamblea, como establece la Constitución; como tampoco lo han sido los créditos adicionales que han permitido al Gobierno incrementar el gasto público en más de un 9.000% lo que vulnera el artículo el 318 de la Constitución que obliga al Ejecutivo "a preservar la estabilidad de los precios y promover el valor interno y externo de la unidad monetaria".

¿No cree la Unión Europea que Maduro ya ha dinamitado suficientemente el orden institucional y que hoy existe un vacío legal que, según la propia Constitución bolivariana, debe ser colmado cuanto antes para no agravar el actual conflicto civil? ¿No creen en Bruselas que ya ha incumplido su deber de "procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos" (artículo 232 de la Constitución Bolivariana)? ¿No son conscientes de que con lo que está pasando "debe encargarse de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional" (artículo 233)?

Maduro no debería seguir en Miraflores ni un segundo más. Y cuando digo ni un segundo más, no exagero porque el caos constitucional se ha traducido en "el peor desempeño económico de un país no incurso en guerra", según la Asociación Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. 2018 fue el sexto año consecutivo de recesión económica. La renta per cápita es hoy la mitad de la que era en 2013. La inflación llegó a ser el año pasado de un millón setecientos mil por cien, según la Asamblea Nacional (único organismo oficial que da datos). Y llegará a ser de diez millones por cien en el próximo año, según el Fondo Monetario Internacional. Una cifra desconocida desde los tiempos de la Alemania de Weimar.

La hiperinflación ha devastado el tejido económico y ha arruinado a millones de venezolanos que viven de su trabajo. No hay alimentos, ni medicamentos ni papel higiénico. Las secuelas de este dislate son el hambre, la enfermedad y, en algunos casos, la muerte. Más de 3.300.000 venezolanos han abandonado Venezuela, un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo (por delante de Arabia Saudí, Canadá o Irán), un clima paradisiaco y unos excepcionales recursos humanos. Si las cosas no cambian, irán a peor cuando entren en vigor las nuevas sanciones decretadas por Trump, porque el 95% de las rentas fiscales de Venezuela provienen del petróleo y Estados Unidos es su cliente más importante).

Con este telón de fondo, lo primero que debe hacer el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es liderar una decisión común en el Consejo Europeo que obligue a Maduro a convocar elecciones libres (fair and free) o, mejor aún, a ceder a Guaidó el control del Gobierno y la Administración para que pueda cumplir los compromisos que él mismo asumió: devolver la palabra al pueblo y aprobar una amnistía que cierre heridas pasadas y abra el futuro a todos los venezolanos que acepten el juego democrático. Más o menos lo mismo que, en circunstancias diferentes, hizo Suárez hace más de 40 años. Obvio es decir que, en este caso, la comunidad internacional y, muy especialmente la Unión Europea, deben aprobar de forma inmediata un plan de emergencia para sacar al país de su desastrosa situación.

Si fracasara la operación elecciones, Venezuela se verá cada vez más aislada internacionalmente y aumentará el descontento popular, pero no sabemos lo que hará el ejército. Caben dos hipótesis: o más represión militar o, como ocurrió en Portugal, la oficialidad y las clases de tropa se pondrá junto al pueblo. La cúpula -usufructuaria del poder militar y económico- está con Maduro, pero ignoramos lo que opinan la oficialidad y las clases de tropa que sufren las mismas penalidades que la población civil. ¿Estarán dispuestos a seguir defendiendo a un Maduro cada vez más atrincherado en su soledad? ¿Serán capaces de disparar contra un pueblo que reclama libertad y un mínimo de bienestar para ellos y sus hijos? Esas son las preguntas que nos hacemos todos los que sentimos al pueblo venezolano como parte de nuestra identidad nacional.

En cualquier caso, la estrategia de la Unión Europea debe basarse en dos premisas: la primera es que el protagonismo corresponde a los latinoamericanos y no a Estados Unidos o a la UE, que tienen que ayudar pero no liderar el proceso; la segunda es que las medidas restrictivas y las sanciones que se aprueben no pueden agravar la situación de penuria de un pueblo que ya ha sufrido lo indecible.

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Exteriores, es diputado del Partido Popular.

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