Venezuela necesita una intervención internacional

Un manifestante en los enfrentamientos con la policía antidisturbios este mes, en Caracas, Venezuela Credit Luis Robayo / Agence France-Presse - Getty Images
Un manifestante en los enfrentamientos con la policía antidisturbios este mes, en Caracas, Venezuela Credit Luis Robayo / Agence France-Presse - Getty Images

Las multitudinarias protestas que azotan a Venezuela comenzaron a principios de abril y fueron desencadenadas por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que intentó asumir los poderes de la Asamblea Nacional de Venezuela, en una clara violación a la constitución del país.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro ha reaccionado con puño de hierro. Más de 50 personas han sido asesinadas, más de 1000 resultaron heridas y 2700 fueron arrestadas, aunque esta última cifra no incluye a los más de 180 presos políticos del país. La Organización de Estados Americanos está considerando emprender acciones contra Venezuela, en virtud de su Carta Democrática, debido a la descarada transición del gobierno de Maduro hacia un régimen autoritario.

Pero la comunidad internacional también tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela y responder de manera urgente a su crisis económica y humanitaria.

Es difícil exagerar la gravedad de la situación que sufren los 31 millones de personas de ese país, que alguna vez fue uno de los más ricos de América Latina. En la actualidad, Venezuela enfrenta una terrible hiperinflación, lo que ha ocasionado una escasez generalizada de suministros básicos, incluidos los alimentos. Un estudio reciente mostró que un 75 por ciento de los venezolanos han perdido casi 9 kilos de peso por la escasez de alimentos y un tercio de la población venezolana —unos 10 millones de personas— no ingieren más de dos comidas al día.

La Federación Médica Venezolana calcula que los hospitales carecen del 98 por ciento de los suministros médicos necesarios y 85 de cada 100 medicamentos no se encuentran. Como resultado, en el último año, unos 11.500 niños murieron antes de cumplir su primer año y la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento.

Los casos de malaria se han incrementado un 76 por ciento y la difteria, que había sido erradicada hace 20 años, ha regresado a Venezuela. Maduro despidió a su ministra de Salud después de publicar estas estadísticas.

A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno ha optado por negarlo todo en vez de buscar ayuda. Maduro criticó al presidente Trump diciéndole: “¡Saca tus manos cochinas de aquí!”. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, calificó a la noción de ayuda humanitaria como “una versión construida por el Pentágono, por la que Estados Unidos podría intervenir de existir un problema humanitario”.

Lo peor es que, cuando la ayuda llega al país, ha sido regularmente confiscada por el ejército o la policía antes de que pueda ser entregada al pueblo.

El mundo no está preparado para responder a la escala necesaria, incluso si el acceso estuviera disponible. Esto debe ser solucionado y de forma rápida. En primer lugar, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, debería nombrar un coordinador humanitario que supervise los preparativos para ayudar al pueblo de Venezuela y comenzar a movilizar apoyo financiero y de otro tipo por parte de los donantes.

En segundo lugar, las Naciones Unidas deben insistir públicamente en que se les permita entrar a Venezuela para realizar una evaluación exhaustiva de sus necesidades. Y, por último, la comunidad internacional debe exigir que Maduro no solo permita la llegada de la ayuda a Venezuela, sino que sea distribuida exclusivamente por organizaciones internacionales sobre la base de las necesidades.

Si bien la ayuda no puede proporcionarse forzosamente sin el consentimiento de Maduro, siempre y cuando mantenga un control efectivo sobre las fronteras de Venezuela, el mundo debe estar preparado para ejecutar una importante operación de rescate en el momento en que se conceda el permiso.

Además, en 2005, las Naciones Unidas adoptaron la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, que se basa en las obligaciones legales internacionales que establecen que cada Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de las atrocidades masivas. Por lo que si un Estado está cometiendo atrocidades, la comunidad internacional debe responder, incluso a través de la acción del Consejo de Seguridad, si es necesario.

Por sus estrategias políticas, Nicolás Maduro ha fomentado y está magnificando dramáticamente la gran tragedia humanitaria de Venezuela, lo que podría considerarse como crímenes contra la humanidad por generar intencionalmente sufrimientos o muertes.

Mientras la Organización de Estados Americanos se enfoca en abordar la crisis política en Venezuela, las Naciones Unidas y el mundo deben presionar a Maduro para que le permita a los extranjeros aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y enviar una señal inconfundible de que la ejecución de atrocidades masivas tendrá graves consecuencias.

Venezuela forma parte de la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción para investigar, procesar y encarcelar a cualquier persona que cometa crímenes de atrocidades masivas dentro de sus fronteras. Por lo tanto, su fiscal, Fatou Bensouda, debe abrir de inmediato una investigación sobre la conducta de Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, con el fin de determinar si han incurrido en crímenes contra la humanidad.

El objetivo inicial de esta investigación debería ser el análisis del rechazo generalizado y sistemático del acceso de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles.

Pero con el número de fallecidos y las detenciones masivas en respuesta a las protestas pacíficas que se desarrollan rápidamente, la apertura de una investigación de este tipo serviría para otro propósito importante. En este momento tan peligroso de la historia de Venezuela eso le mostraría a los altos mandos del ejército y la policía que, si siguen las órdenes de masacrar a cientos o miles de personas para mantener a Maduro en el poder, podrían enfrentar a la justicia internacional.

Jared Genser es abogado internacional de derechos humanos y es el editor de The United Nations Security Council in the Age of Human Rights.

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