Los primeros casos de coronavirus confirmados en Venezuela fueron dados a conocer el 13 de marzo. Corresponden a dos pasajeros que llegaron de España en vuelos del 5 y 8 del mismo mes. Días después, se hacía público el rechazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a una petición de Nicolás Maduro por un crédito de 5 mil millones de dólares para tratar la pandemia.
“El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del Gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento”, fue la respuesta del organismo a la petición realizada el 15 y publicada el 17 de marzo por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.
La petición sorprendió, ya que el chavismo que hoy representa Maduro tiene una historia de desencuentros con el FMI. En mayo de 2007, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los expulsó de la capital Caracas. “No nos hace falta estar viajando a Washington, ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni nada (...) yo quiero formalizar la salida de Venezuela del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de todo eso” dijo Chávez, a la vez que saldaba una deuda con el organismo.
Pero la precariedad sanitaria y económica enmarcan la necesidad de este tipo de solicitudes. En Venezuela, el sistema de salud no está en capacidad de responder adecuadamente a la pandemia de la COVID-19 y el Estado tampoco tiene los recursos económicos, al tiempo de que está sometido a un régimen de sanciones internacionales. En el pasado, la emergencia humanitaria compleja que vive el país ha obligado a que Maduro acepte la intervención de la Cruz Roja Internacional, aunque haya rechazado la ayuda de otras entidades internacionales.
El ejercicio de un sistema bicéfalo con un presidente encargado en la figura del diputado Juan Guaidó, y Maduro, un mandatario reelecto en condiciones cuestionables pero que maneja al Estado, asoma otras implicaciones que salen a relucir con la negativa del FMI ante la solicitud. Tener dos presidentes y no tener acceso a un financiamiento tan necesario es una paradoja cruel.
En un análisis reciente, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, hizo un balance sobre el impacto económico y fiscal de la pandemia. Estima que los países de América del Sur enfrentarán a una caída del ingreso por exportación, debido tanto al retroceso de los precios de las materias primas como a la reducción de los volúmenes de exportación. “La fuerte caída de los precios del petróleo golpeará con especial fuerza a los países exportadores”.
Agrega: “La prioridad número uno es garantizar que se puedan afrontar los gastos sanitarios inmediatos a fin de proteger la salud de la población, cuidar a los enfermos y frenar la propagación del virus. En los países donde los sistemas de atención de la salud adolecen de limitaciones, es preciso que la comunidad internacional intervenga para ayudar a evitar una crisis humanitaria”.
Coincido con quienes aseguran que, sin ayuda internacional, el gobierno de Maduro no podrá atender los gastos que demanda la pandemia: dotar a los hospitales, a los operadores médicos, garantizar el suministro de alimentos, aplicar los subsidios que permitan asumir medidas drásticas de aislamiento y otras destinadas a reducir el contagio, como recomiendan sus aliados chinos.
¿Entonces qué hacer?
Frente al rechazo del FMI, poco aporta repartir culpas o caer en interminables discusiones. Para muchos —y en ellos me incluyo— el gran responsable de que los venezolanos mueran por no tener acceso a la salud es evidentemente Maduro y su gestión, caracterizada no solo por violar los derechos humanos sino por la corrupción.
También cabe la posibilidad de que el gobierno de Maduro mienta u oculte información, como lo ha hecho en otras ocasiones, con brotes de malaria, tuberculosis, zika y chikungunya. De hecho, en el país no hay cifras oficiales porque no se publica el boletín epidemiológico.
Sin embargo, en esta nueva circunstancia lo que más sentido cobra es buscar qué hacer para evitar que muchos se infecten y mueran en las condiciones terribles que genera el coronavirus.
Urge generar una respuesta institucional que permita que el FMI pueda otorgar los recursos. El activista de derechos humanos Feliciano Reyna propuso que se conforme un grupo interdisciplinario de alto nivel que pueda ofrecer garantías de transparencia y tenga acceso a los organismos internacionales. Otros ven una posibilidad de que la opositora Asamblea Nacional y Maduro puedan hacer la petición de manera conjunta. El economista Francisco Rodríguez, por ejemplo, insiste en que es necesaria una tregua para enfrentar un enemigo en común.
Cualquiera de estas opciones implica que Guaidó y Maduro tengan el valor coincidir y de trabajar, ante todo, para el bien de los venezolanos.
Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente Efecto Cocuyo, del que es directora.