En el chavismo es célebre una frase: “Candelita que se prende, candelita que se apaga”. Es una variación de unas frases que dijo en 2007 la entonces gobernadora del estado Portuguesa, Antonia Muñoz: “Cualquier candelita que se vea, candelita que se apague, antes que coja sabana, antes que la llamarada coja sabana”. Aunque ella se refería a las intrigas políticas, esta idea con el tiempo se empezó a aplicar a las protestas sociales.
El 22 de septiembre, un grupo de poblaciones discretas, ubicadas a unas cuatro horas de Caracas, se convirtieron en tendencia por protagonizar protestas masivas que desafiaron la falta de gasolina y las normas de confinamiento por la pandemia del COVID-19.
Aquel día, pobladores de la ciudad de Urachiche, en el estado de Yaracuy, marcharon hasta la sede de la alcaldía. Un día después, el 23 de septiembre, una nueva manifestación se haría sentir en la ciudad de Chivacoa, del mismo estado: “Estamos cansados, queremos vivir dignamente y no más apagones”, fueron las consignas más recurrentes en la movilización, según los reportes en las redes sociales recogidos por el diario local Yaracuy al día.
¿Pero qué tienen de particular estas protestas en Venezuela? ¿Son acaso la llama de algún movimiento más fuerte? ¿Con qué está vinculado este nuevo ciclo?
En un informe publicado la semana pasada, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1,193 protestas en todo el país en septiembre de 2020. Esto, explica el Observatorio, ubica a septiembre como el mes con el “índice de protestas más alto del año”.
“La demanda de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) continúa siendo el principal motivo de protestas”, explica el informe. “En este lapso, 90% de las exigencias fue en rechazo al colapso de servicios básicos, crisis de combustible, reivindicaciones laborales, salud y alimentación”.
Si bien septiembre fue un mes excepcional, este fenómeno no es necesariamente nuevo en Venezuela. Desde 2018, las protestas por la carencia de servicio de electricidad, agua, bajos salarios y condiciones precarias de vida han sido constantes en el país.
Algunas diferencias de este ciclo de protestas con respecto a otros recaen en dónde ocurren: en las regiones y en zonas consideradas de dominio chavista. Por ejemplo, Urachiche, Yaritagua, Chivacoa, Cocorote, Nirgua, en Yaracuy, zonas rurales cuya economía es fundamentalmente agrícola y pecuaria, y que históricamente han apoyado al régimen.
Durante cinco días hubo protestas en siete municipios de este estado, destrozos en la sede de una alcaldía, actuaciones cuestionadas de las fuerzas policiales, detenciones de más de 30 personas y acusaciones contra manifestantes sobre la base de la ley del odio, un instrumento aprobado por la inconstitucional Asamblea Constituyente que ha sido esgrimido para la judicialización de la disidencia.
Otro elemento distintivo es que se están produciendo en momentos cuando hay órdenes de cuarentena para controlar la pandemia del coronavirus.
También la falta de gasolina, en un país que se caracterizó hasta hace un año por precios insosteniblemente bajos del hidrocarburo, ha dado pie a escenas de desesperación en estaciones, colas kilométricas de horas, un mercado negro a precios más altos inclusive que los precios internacionales, señalamientos contra la Guardia Nacional por manejo discrecional de la distribución, contrabando invertido desde Colombia y una reducción más fuerte de la movilidad. En algunas zonas de Yaracuy, por ejemplo, la gente ha hecho de los caballos sus vehículos de locomoción. A esto se suma también la escasez de gas doméstico, que ha incentivado el uso de leña para cocinar.
A esto, el Estado ha respondido con la aprobación de una polémica ley antibloqueo.
Nicolás Maduro sostiene que hay un ahorcamiento económico contra su gobierno y reveló que, en seis años, Venezuela perdió 99% del volumen de ingresos en divisas.
En una conversación que sostuve con el dirigente Jesús Farías, uno de los promotores de la ley, dijo constantemente que la situación del país era realmente dramática y llamaba a cerrar filas a favor de la aprobación de este instrumentom que ha sido cuestionado al interior del chavismo.
Para nadie es secreto que en sectores de la oposición se ha sostenido que el empeoramiento de las condiciones de vida puede generar un piso de protestas que haga tambalear al gobierno de Maduro.
El gobierno interino del diputado Juan Guaidó informó el domingo 27 de septiembre que comandos políticos contribuirán a la articulación de la protesta cívica. En una reciente protesta de docentes, Guaidó se acercó a los manifestantes y dijo que no están solos.
Para Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio, el epicentro de las manifestaciones venezolanas es eminentemente social: carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y gas. No obstante, comentó, las consignas de los manifestantes, además de los reclamos sobre la calidad de vida, pedían la salida de Maduro.
Aún es temprano para decir si estas expresiones de rabia podrán tener algún tipo de incidencia en la presión para un cambio en la política del país, aunque el gobierno de Maduro insiste en que las recientes manifestaciones no son espontáneas y la respuesta ha sido la de costumbre: represión. La orden de militarizar algunas de las zonas más conflictivas ha seguido al control del orden público. Sin embargo, las exigencias están dirigidas a quien tenga el poder para responderlas y mejorar la situación. En este sentido es obvio que quien actualmente tiene ese poder es Maduro. Falta ver si tiene la capacidad de satisfacer las demandas sociales.
Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente ‘Efecto Cocuyo’, del cual es directora.