Por Octavio Ruiz-Manjón (GEES, 18/01/06):
El uso impreciso, y por eso deficiente, del lenguaje podría ser tomado como expresión de la ignorancia de quienes así lo hacen y la primera reacción podría ser la de la disculpa comprensiva, que es una manera de extender un manto de silencio sobre el que así se expresa, de la misma manera que los hijos de Noé extendieron un manto sobre su padre, que yacía dormido y borracho, para que no se le vieran sus vergüenzas, que son esa parte de la anatomía humana que ahora sale, un día sí y otro también, hasta en los telediarios de la televisión. Eran otros tiempos.
Pero cuando los que emplean incorrectamente el lenguaje son los políticos, la precaución nunca está de más. Las perversiones políticas del lenguaje son un tema suficientemente estudiado y sabemos de sobra que los regímenes totalitarios del siglo XX distorsionaron deliberadamente el mensaje al servicio de sus propios intereses. El lema que campaba a las puertas de los campos de concentración nazis –“El trabajo os hará libres”- fue, tal vez, el resultado más ominoso de aquella cadena de mentiras que, como dijo uno de sus dirigentes, trataron de convertirse en verdades a fuerza de ser repetidas una y otra vez.
En estos días, asistimos en España a un preocupante ataque sobre la libertad de expresión que ha sido siempre, en la perspectiva liberal, un elemento esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos. Primero en Cataluña y, después, por parte del gobierno de la nación, han surgido iniciativas para la creación de organismos que, alegando una supuesta defensa de los intereses de los ciudadanos, pretenden fiscalizar los medios de comunicación y velar por la veracidad de las informaciones que difunden.
Podrían haber dicho exactitud o precisión de las informaciones, que sería una forma de aludir a la verdad de los contenidos y asegurar la sacralidad de los hechos, a la vez que la libertad de las opiniones, de acuerdo con la fórmula que acuñara C. P. Scott en 1921 y ha pasado a ser lema indiscutido de la prensa liberal: “el comentario es libre, pero los hechos son sagrados”. Cuando un hecho no responde a la realidad, para eso deberían estar los jueces, que hacen innecesaria cualquier ley de prensa, por muy buena que sea.
Pero no. Las informaciones sobre los nuevos organismos de control audiovisual insistieron en la palabra veracidad que contiene un elemento inquietante porque, aunque puede aludir a la verdad de los contenidos, se dirige sobre todo al sujeto que informa, al comunicador. De hecho, el Diccionario de la Real Academia se centra en este segundo aspecto de las intenciones del sujeto y se limita a decir que veracidad es la "cualidad de veraz", y que es veraz el "que dice, usa o profesa siempre la verdad".
Puestas así las cosas, cabría temer que esos nuevos organismos pudieran dedicarse a juzgar no tanto sobre los contenidos –lo que llevaría a enojosas comprobaciones- sobre si son verdad, o no, muchos hechos que se denuncian, como sobre las intenciones de esos medios, que no siempre tienen que coincidir con los intereses de los políticos que van a controlar los nuevos organismos.
Es verdad que la sociedad debe tener garantías de que no se emplea la mentira para satisfacer intereses particulares pero nada garantiza que las simples mayorías parlamentarias puedan erigirse permanentemente en custodios de los intereses de la sociedad. Su representación parlamentaria está muy ligada a los compromisos adquiridos durante la campaña electoral, que tuvo como efecto inmediato la movilización del voto, pero ese voto no convierte a los representantes en “propietarios” de todos los intereses sociales, que deberían disponer de muchos otros canales, para expresarse y defenderse, empezando por un correcto funcionamiento de la justicia.
Esa forma de proteger los intereses de la sociedad nunca se le ocurriría a un verdadero demócrata, pero sí a un radical –a un jacobino, se le habría denominado en otros tiempos- que ponga su verdad política, aunque esté sostenida por mayorías parlamentarias cogidas con alfileres, por encima de los derechos legítimos de los individuos.
Y de esos, lamentablemente, hay unos cuantos por estos pagos.