Verdad diferida

Mi liberada:

Estoy seguro de que habrás pasado una excitada semana tricotando. Pero siempre llega, inexorable, el día del señor. Corrupción en directo, este programa de share imbatible en el que participan desde hace años policías, jueces y periodistas, emitió esta semana una de sus temporadas más brillantes. Yo creo que desde la mano en el cogote de Rodrigo Rato (una mano bienintencionada, pero arquetípica, a la que esta semana, por cierto, amputaron con la habitual discreción avergonzada el dedo de Lazard) no habíamos tenido unos telediarios tan cargados. El entretenimiento nos habrá permitido escapar por unas horas de las preocupaciones: de la destrucción de Europa con que amenazan buena parte de los franceses y de la destrucción de España para la que el viernes solemnemente se conjuraron, la palabra es suya, los miembros del gobierno desleal de la Generalidad de Cataluña.

Como sabes, soy desde hace mucho tiempo el necio que mira el dedo y desprecia la luna. De las series me interesan la toallita de Carrie Mathison, el beso de Josh a Donna, las irrupciones de Underwood en mi cuarto, cuántas veces al día dicen fuck en Baltimore y la relación entre las marismas y el crimen. Como máxima aspiración de trascendencia el luto de las uñas. De Corrupción en directo, en esta y anteriores temporadas, me tiene atrapado la ceremonia de los registros. Es un topos inesquivable, como el batir de las puertas del saloon, pero en este caso El registro ha adquirido una relevancia lujosa. Por cierto, y ábrete tú misma el paréntesis: la policía se ha apresurado a puntualizar que la Operación Lezo lleva el apellido del bravo almirante que defendió el puerto de Cartagena de Indias porque fue en Cartagena donde Ignacio González, entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue filmado llevando unas bolsas, unos dicen que llenas de comisiones y otros que de toallas. Es una explicación algo amanerada, francamente, pero me tranquiliza, no fuera mi dedo a señalar que la llamaran Lezo por coja, manca y tuerta, como el glorioso mediohombre.

Debajo de las fotos de la Guardia Civil entrando o saliendo de los inmuebles registrados suele anotarse, y esta vez también, una frase: “La policía registra la sede de… en busca de pruebas sobre los pagos…”. Cada vez que la oigo me digo: ¡caramba!, como una aristócrata. La secuencia Detención a tambor mediático y luego Búsqueda de pruebas no acaba de satisfacer mis aspiraciones racionales. Comprendo que la secuencia de la lógica no sea la que exigen las series. Pero aun así me parece de serie italo-franco-española. Esta semana me acordé de lo que me contó hace tiempo el abogado de un particular: “Mi cliente llevaba ya muchas horas detenido. La Guardia Civil trasteaba. Como los hombres acaban cogiéndose confianza, aun en las más refractarias circunstancias, de pronto me dijeron: ‘Y ahora iremos a la empresa a registrarla’. O sea que solo tuve que coger el teléfono… ¡y espero que hicieran algo!”. Me acordaba de esta historia, en efecto, al observar cómo, un día después de que detuvieran a Ignacio González, registraban con gran pompa ambulatoria empresas que presuntamente le habían pagado comisiones. ¡Me temo que tal vez hicieron algo!

Un temor algo ingenuo. Quizá no he acabado de comprender a fondo los mecanismos de la justicia posmoderna. Y que la secuencia llamada El registro poco tiene que ver con la búsqueda de la verdad, sino con la necesidad de la representación. Un pensamiento dominante, una Gran Colusión dominante más bien, entre policías, fiscales, jueces instructores y periodistas sostiene que una gran parte de la verdad no puede probarse y que es legítimo que acabe exhibiéndose aunque no sea por el conducto reglamentario. Ante la imposibilidad de que la verdad sea una deposición pausada, la Gran Colusión practica el vómito, al que llaman con cínico metaforeo la pena de telediario. Se ha interpretado que dicha pena es un efecto colateral en la búsqueda de la verdad. No: es una de las penas previstas, y la Gran Colusión está satisfecha con ella y con la posibilidad de aplicarla. Naturalmente eso parte de una consideración catastrófica: que hay una verdad más allá de lo que puede probarse. Una verdad más allá de la palabra verdad y a la que se acogen con fruición los que la rebajan con adjetivos: verdad judicial, periodística, histórica, etcétera. Todas esas formas proto de lo que hoy se llama la posverdad.

Como con cualquier otra aplicación de las técnicas ficcionales a los hechos Corrupción en directo trae malas consecuencias. El arrasamiento de la presunción de inocencia es la más evidente. También la humillación y destrucción de los hombres. Es sorprendente, pero por debajo de la novelería hay hombres. Lluís Prenafeta, antiguo secretario de Cataluña, hoy convicto y confeso, escribió un libro El malson [La pesadilla], que tiene un capítulo interesantísimo sobre su detención y los mecanismos a los que hubo de someterse para que pudieran retransmitirse en el telediario sus manos esposadas. Se trata de un detallado making of, que te recomiendo vivamente. Pero hay consecuencias menos dramáticas, menos visibles pero igualmente destructivas. Entre ellas el descrédito de determinadas instituciones básicas.

El profesor Fernando Jiménez, a cuya experiencia y ciencia en el asunto acudo cuando el lodo de la corrupción me ahoga, agh, agh, me envía unos datos del Eurobarómetro que explican por el dorso el casting de Corrupción en directo. En comparación con el resto de países europeos, la confianza de los españoles es altísima respecto de la policía, baja respecto de los jueces y bajísima respecto del Parlamento, el Gobierno y los partidos políticos. Es probable también que Corrupción en directo tenga que ver con el lugar que ocupa España en el Índice de Transparencia Internacional, que señala, no el nivel objetivo de corrupción del sector público de un país, sino la percepción subjetiva de ese nivel: reconforta saber que España se percibe solo un poco más corrupta que la satrapía de Brunei, aunque bien es verdad que la encuesta se hizo antes de que Madrid se abriera en canal. Le pregunto a Jiménez si hay alguna zona de los índices sobre corrupción más o menos libre de la influencia telediaria. “Sí, los de Alina Mungiu-Pippidi y Mihály Fazekas y su Índice de Integridad Pública”. El índice examina y computa seis variables: independencia judicial, carga administrativa, apertura comercial, transparencia presupuestaria, e-ciudadanía y libertad de prensa. España ocupa allí el lugar que cualquiera diría. Un tibio y privilegiado número 20 entre 105 países, liderados por Noruega y clausurados por Venezuela. Lo peor: la falta de independencia de sus jueces. Lo mejor: su transparencia presupuestaria.

La pregunta que te formulo, ¡oh, mi necia!, es cómo habéis conseguido que nuestra obvia normalidad sea hoy la cara oculta de la luna sucia que señalas.

Y sigue ciega tu camino.

Arcadi Espada

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