Verdades y mentiras: el debilitamiento del Estado

Me rebelo contra los discursos de los dirigentes políticos que consideran a sus sociedades infantilizadas, que se embriagan fácilmente con palabras que componen vulgaridades ideológicas. Me opongo a los discursos que ocultan la realidad y que sirven expresamente para manipular la información, porque siempre traerán consigo la devaluación de la política, hasta convertirla en un oficio vergonzoso para todos los que no la practican. También huyo como del agua hirviendo de las exageraciones, del radicalismo, de los insultos, moneda cada día más corriente en la política española. No puede hacerse una política, una buena política, sin rendir tributo a la verdad y a la razón.

Desde poderosas salas de máquinas mediáticas califican como «enemigos del diálogo y de las reformas» a todos los que no se adhieren con entusiasmo al pacto político firmado por el PSOE y Podemos, sacando a relucir las estantiguas de la intolerancia y de la extrema derecha. Acuerdo que se convertirá en una inestimable pista de aterrizaje para los partidos dirigidos por políticos condenados por graves delitos o huidos de la justicia española. Ante esta ofensiva propagandista poco importa que la apuesta política en cuestión sea el principio de una vuelta al pasado –a los reinos medievales, a las taifas o a los cantones republicanos– mientras que las consecuencias de los grandes retos del siglo XXI como la revolución tecnológica, los movimientos migratorios, el cambio climático o la mundialización las enfrenten los que defienden «el gobierno progresista» con trivialidades discursivas.

Creo en el intercambio de ideas, en la transacción de propuestas políticas, en los consensos que obligan a ceder a las distintas partes que pretenden conseguirlo; considero que todas ellas son características fundamentales de las democracias sólidas avanzadas. Sin embargo, reconociendo que el diálogo político es uno de los instrumentos más importantes, desde luego no el único, para encauzar los problemas que se plantean en una sociedad democrática, rechazo con todas mis fuerzas políticas el diálogo iniciado entre el PSOE y los independentistas catalanes, porque puede terminar siendo un diálogo extramuros de la legalidad, porque las partes nunca podrán estar por su naturaleza y condición en una posición igual y porque los objetivos de los interlocutores también son diferentes.

¿Alguien duda de que el marco de la negociación lo han impuesto las pretensiones políticas de ERC y la angustiosa urgencia de los socialistas para formar un «gobierno progresista»? Queda claro que los socialistas necesitan del apoyo de los independentistas y que éstos han visto una magnífica oportunidad para adecentarse políticamente, de paso desconsolidar al Estado democrático y, por lo tanto, acercarse a sus pretensiones últimas, que no han olvidado después de varios años en los que han acumulado derrotas políticas y sufrimiento en la sociedad catalana.

Sin las exageraciones, que proliferan en el espacio público español, podemos hacer aproximaciones analíticas sobre el futuro próximo que nos espera, si tenemos en cuenta las pretensiones expresadas con machaconería desde hace ya más de cinco años por los independentistas catalanes. A los dirigentes nacionalistas no les será suficiente ningún ámbito institucional existente. Los de Junqueras pretenden una o dos mesas políticas; desde luego la principal sin limitaciones impuestas por las instituciones y las leyes. Tal pretensión no es superficial, ni antojadiza. La mesa sin cobertura institucional (sea de gobiernos o de partidos) será el primer ataque político a los conceptos fundamentales de la Constitución del 78. Su mera existencia mostraría la incapacidad de nuestra Carta Magna para solucionar en su ámbito el «conflicto político catalán», tal como lo entienden exclusivamente por los independentistas. Por muchas cortinas de humo que produzcan los protagonistas de esta malhadada aventura, estarán, si se confirman las expectativas que anuncian las conversaciones iniciadas una vez conocidos los resultados electorales, en realidad proclamando que en la Constitución del 78 no se encuentran los mecanismos de solución a los problemas que plantea una parte de la sociedad catalana y los socialistas, al participar en la kermés, estarían adecentando tal pretensión.

Si en el ámbito de diálogo pretendido estuvieran presentes los dos gobiernos en un plano político de igualdad, estaríamos ante un cambio artificial y violento de las jerarquías institucionales del Estado y ante el retorcimiento de las atribuciones de ámbitos competenciales y de representación. Todo por las exigencias de los independentistas y las premuras partidarias de quienes están llamados en primera instancia a formar gobierno. Se puede afirmar, sin caer en alarmas injustificables, que sólo se podría conseguir la igualdad entre el ejecutivo de la nación y el autonómico debilitando gravemente la legitimidad del propio Estado, haciéndolo pasar por la cama de Procusto impuesta por los secesionistas. ¡Diálogo desde luego que sí!, pero no un diálogo a costa de la desconsolidación del Estado democrático (efecto político inevitable al que sobre todo deberían enfrentarse los partidos de izquierda).

En el caso que en la pista principal del circo negociador estuvieran presentes los partidos políticos –por un lado los independentistas y por otro el PSOE, con sus respectivos aliados– tampoco nos encontraríamos en una negociación entre iguales. No nos pasa inadvertido que el origen y la supervivencia del futuro gobierno dependerá sin alternativa posible del apoyo de los independentistas. Estaríamos, por lo tanto, asistiendo a una negociación en la que una parte vive con «respiración asistida», gracias a la voluntad discrecional de sus interlocutores. No existe diálogo en igualdad de condiciones entre el acreedor y el deudor, entre el secuestrado y su secuestrador, entre el amenazado y el que ejerce la amenaza. Aún peor sería que, aprovechando una mayoría heterogénea y discutiblemente constitucional, la mesa de partidos fuera legitimada por el Congreso de los Diputados, porque entonces conseguirían justamente lo contrario: deslegitimar al Parlamento español, trasladando a la asamblea nacional subrepticiamente cuestiones que requerirían formas e impulsos bien distintos para ser tratados con la formalidad suficiente por los representantes de la soberanía nacional.

«Pedimos a los partidos constitucionales que se abstengan en la investidura para que el Gobierno Sanchez-Iglesias no dependa de los nacionalistas». Este requerimiento, que denominan «abstención patriótica», no deja de ser un trampantojo en la boca de algunos dirigentes políticos. Porque en política nada es gratuito, menos en esta ocasión, cuando las consecuencias de la acción suplicada (la libertad absoluta de acción del futuro gobierno) son incontrolables y presumiblemente contrarias a las posiciones más clásicas de los partidos políticos requeridos a cumplir con la condición de pródigos apoyos parlamentarios.

El Pacto del PSOE y Podemos, ateniéndonos a la realidad de la política española, sólo puede tener unos socios muy determinados: los nacionalistas, muy concretamente los independentistas catalanes y los que podemos denominar partidos mercenarios si les definimos como se merecen o partidos Robin Hood, si les dejamos a ellos la responsabilidad de presentarse, que son aquellos que prestan su voto a gobiernos distintos a cambio de satisfacer a una provincia, a una comunidad autónoma o sencillamente a su clientela electoral.

Algunos, bienintencionados y voluntariosos, pensarán que aún queda una opción para la esperanza: el acuerdo, en base a unas condiciones pactadas, entre los partidos constitucionales en la oposición y la «coalición progresista». Creo que esta posibilidad rebasa con mucho el ámbito de lo que es posible. La política es un arte bien alejado de la exactitud de las ciencias, pero podríamos decir, con la precisión que nos otorgan las matemáticas, que el resultado de la aceptación de cualquier condición que pusieran los otros dos partidos constitucionales al PSOE supondría la ruptura inmediata del acuerdo con Podemos.

Por tanto, creyendo que es así la realidad, no es absurdo pensar que en esta opción política, a la que se ha reducido la posibilidad de formar gobierno, ganarán los independentistas. Si se confirma con éxito esta apuesta política, los independentistas ya habrán conseguido adecentar su pasado más próximo y dejarán clara su patente de corso en España. También gana el PSC, que consigue colonizar al socialismo español. Por el contrario pierde el PSOE aunque en primera instancia logre formar gobierno. Uno de los episodios que ha entrado con página de oro en nuestra historia canónica hizo decir a Tito Livio: «Fidem socialum usque ad perniciem suam colerunt». Lo mismo que el gran historiador, pero por comportamientos menos épicos, podríamos decirles a los dirigentes socialistas, que llevaron al PSOE a una crisis sin precedentes en nuestro pasado más reciente y que hoy callan entre sorprendidos y derrotados cuando las meras y lejanas intenciones de entonces hoy se convierten en funesta realidad. Finalmente pierde, puede que de forma irreversible, el Estado, que saldrá debilitado y menos capaz de cumplir el objeto que le define.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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