Verdades y mentiras en el reino de Mohamed VI

Por Alí Lmrabet, periodista marroquí (EL PAIS, 23/02/05):

Soy un mentiroso. Eso parece deducirse de las dos cartas al director de EL PAÍS enviadas y “firmadas” por el fiscal del tribunal de primera instancia de Rabat. Es mentira, pues, que cuando el 12 de enero me presenté a la fiscalía del tribunal de primera instancia de Rabat, un teniente de fiscal no quiso entregarme el recibo para editar una revista: Demain Libéré. Y no es cierto que cuando el 13 de enero volví a la misma fiscalía, un policía me impidió el acceso. Eso significa que pagué casi 500 euros por un billete de avión de Barcelona a Casablanca; me pasé un mes, de Tetuán a Rabat, juntando la documentación necesaria para editar una publicación, y cuando mi dossier estaba por fin conforme, no quise entregarlo al fiscal de Rabat, cuando ese buen hombre me lo pedía amable y reiteradamente.

Supongamos que las autoridades marroquíes tengan razón cuando aseguran que tanto Reporteros Sin Fronteras (que denunciaron la negativa del fiscal) como yo somos unos tramposos. Entonces, ¿por qué desde que anuncié mi regreso definitivo a Marruecos y la próxima edición de una revista se orquestó una descomunal campaña de difamación y desprestigio contra mi modesta persona en los medios gubernamentales o próximos a Palacio? ¿Por qué mi nombre, y algunas veces mi foto, han tenido estas últimas semanas el honor de casi setenta portadas de diarios? Hasta hubo, el 3 de febrero frente al Parlamento de Rabat, una “manifestación” de nueve asociaciones saharauis, completamente desconocidas, que me tacharon de “mercenario”, “traidor” y “agente del Polisario”.

Ya sé lo que van a replicar las autoridades marroquíes. Van a afirmar solemnemente que la libertad de prensa y el derecho de manifestar están reconocidos por la Constitución. Que los periódicos hicieron su trabajo de información y que los ciudadanos saharauis se movilizaron “espontáneamente” para condenar mi viaje como reportero a Tinduf, y protestar contra una declaración mía diciendo que los saharauis de los campos de refugiados no están “secuestrados” por el Frente Polisario, sino que viven allí voluntariamente (cuando la versión oficial marroquí dice lo contrario).

Eso es negar que es la agencia oficial de prensa, la MAP, la que, desde que anuncié mi vuelta al país, está fabricando y difundiendo decenas de teletipos incendiarios y patrioteros contra mí. Es negar igualmente que la manifestación saharaui del 3 de febrero frente al Parlamento tenía autorización, cuando desde hace más de cinco años está prohibido manifestarse allí so pena de arresto y disolución por la fuerza. Sin olvidar que uno de los eslóganes de esos “manifestantes” denunciaba mi “intención de editar otra revista” y llamaba a las autoridades marroquíes a frenarla con todos los “medios apropiados”, cuando el tema de la “manifestación” era el Sáhara Occidental…

Además, para ser claro, ¿desde cuándo una concentración de cuatro gatos contra un simple periodista tiene la suerte de obtener edificantes portadas de diarios y 11 minutos de reportaje en los telediarios de las dos cadenas de televisión que duran menos de 30 minutos? Y más cuando ninguno de los medios informativos que me insultaron, tanto los escritos como los audiovisuales, me contactaron para recoger mi versión de los hechos.

Hay que venir de otro planeta o ser extremadamente cándido para no entender que mis opiniones sobre el Sáhara Occidental, que pueden no ser compartidas por muchos marroquíes, no tienen nada que ver en esta trama, y que la finalidad de esta inmensa operación de desprestigio y difamación es impedir la próxima edición de mi revista. Alguien tiene miedo a la libertad de tono de mi publicación, su celosa independencia y su popularidad entre todas las clases de la sociedad marroquí. Y ese “alguien” no es el ciudadano saharaui, ni siquiera el fiscal del rey en Rabat, que, el pobre, se ha puesto estos últimos días a escribir cartas al director de EL PAÍS, pero que en realidad hace lo que sus superiores jerárquicos le digan que haga y dónde tiene que firmar.

Quien me quiere tanto y ha movilizado el aparato del Estado es el régimen marroquí. Intenta por todos los medios a su alcance marginalizar mi combate, individualizar mi caso, criminalizar y penalizar mis acciones a favor de las libertades, y ensuciar mi imagen tanto en mi país como en el extranjero. Ya lo intentó en 2003. Cuando fui condenado a tres años de cárcel, encarcelado, vigilado como un peligroso islamista radical, prohibido de escritura y de periódicos, y sin poder defenderme, Palacio envió a París al ministro de Comunicación, Nabil Benabdallah, quien en una conferencia de prensa dijo que “Marruecos tenía un dossier médico-psiquiátrico” sobre mí. Al mismo tiempo, el consejero real André Azulay intentaba convencer al Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), en Nueva York, de que yo era un horrendo “antisemita” y otro consejero se desplazaba expresamente a El Cairo para “revelar” a la Asociación de Periodistas Árabes mi condición de “agente del Mossad”. Y éstos no son cuentos chinos, ni “alegaciones”, las hemerotecas, marroquíes, francesas y otras, están llenas de pruebas de esta encarnizada y rabiosa operación de destrucción masiva.

Así que no me molesta hoy que un dócil magistrado de una dictadura asegure que hay “27 quejas” por “injurias e insultos” contra mí y que algunas me hayan valido supuestas “sentencias”. Aunque mis abogados, Ahmed Bendgelloun y el decano Abderrahim Jamai, me aseguran tajantemente que, aparte de los dos juicios del “amigo” fiscal de Rabat, nunca he sido condenado, no sería imposible que así fuera sin que ni yo ni mis letrados tengamos constancia de ello. Marruecos no es un Estado de derecho, es una monarquía bananera.

No veo la razón a un enjuiciamiento si desde hace casi dos años no tengo actividad profesional alguna en Marruecos, ya que mis revistas han sido definitivamente clausuradas el 21 de mayo de 2003 por orden del fiscal de Rabat, alias el Palacio Real de Mohamed VI. A menos que quieran enjuiciarme por haber firmado un reportaje sobre Tinduf, o haber opinado libremente sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Si es por eso que quieren enjuiciarme, pues repito en este diario: estoy a favor del Plan Baker, a favor del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y apoyo el derecho inalienable de los pueblos a disponer de sí mismos. Si es por estas opiniones que el fiscal-Palacio Real están “examinando” querellas contra mí, pues bienvenidas sean.

Y esto no es un acto de bravura ni de locura, es un credo basado en principios. En una tiranía, aunque sea de baja intensidad, donde el rey reina, gobierna, y es el mayor empresario del país, y el Comendador de los Creyentes, es decir, una suerte de Papa local; en un país donde más del 60% de los activos de la Bolsa de Casablanca pertenecen a empresas donde Su Majestad tiene participación, y donde el presupuesto de la casa real es 28 veces mayor que el de la casa real española (lo que supone que mi pobre país es 28 veces más rico que España…), es un deber y una obligación resistir contra este pillaje organizado. No con bombas o insultos, sino con ideas, opiniones e informaciones.

La pasada semana el semanario norteamericano The New Yorker publicó las confidencias de un ex agente de la CIA que afirma que muchos prisioneros de Guantánamo siguen siendo enviados a Marruecos, donde están siendo sometidos a vil tortura. Seguramente The New Yorker, como yo, miente, ya que Marruecos, como decía alguien, es un “régimen democrático”.