Verdades y soluciones al desafío energético

El impacto de la escalada del crudo, como consecuencia de los acontecimientos que están sacudiendo el norte de África y Oriente Próximo, ha elevado al rango de máxima prioridad en la agenda política internacional el debate sobre la seguridad del abastecimiento energético, la excesiva dependencia de los combustibles fósiles o las consecuencias del crecimiento exponencial de los precios del petróleo sobre la recuperación económica. Estas preocupaciones se acentúan en el caso de la economía española, al confluir en nuestro país factores diferenciales que agudizan la percepción de riesgo del escenario actual.

Un primer rasgo de nuestro modelo es la elevada dependencia de fuentes energéticas del exterior, que sigue estancada en torno al 80% desde hace 15 años, lo que significa 24 puntos más que la media europea, aunque su vulnerabilidad en términos de seguridad se vea mitigada por la diversificación de países suministradores y por las múltiples infraestructuras de acceso. A nuestro bajo nivel de autoabastecimiento de energías primarias se añade la posición geográfica de España como una isla energética, lo que hace imprescindible aumentar las interconexiones de los sistemas eléctrico y gasista, especialmente con Francia, para garantizar la seguridad de suministro y gestionar mejor la integración de las renovables.

Por lo que se refiere a la intensidad energética, el excesivo consumo por unidad de PIB -muy superior al de los países de la Unión Europea pese a las mejoras de los últimos años-, además de la ineficiencia que conlleva, supone una pérdida de competitividad importante de nuesto país. Esta desventaja está estrechamente relacionada con el modelo de crecimiento de la economía española de los últimos años, muy dependiente de sectores como el de la construcción, con un consumo energético muy intensivo, así como también con la fijación de unos precios de la energía que no reflejan los costes, lo que inducía hacia el derroche al transmitir la falsa ilusión de una energía abundante y barata.

Asimismo, el cuadro macroeconómico español refleja la debilidad de nuestra recuperación económica, insuficiente para crear empleo neto, con un preocupante aumento de la inflación y bajo el temor de que una estabilización de los altos precios del petróleo nos devuelva al estancamiento. Así las cosas, la energía juega un papel esencial en el modelo de crecimiento y la competitividad de la economía. El carácter transversal de la política energética vincula necesariamente la necesidad del cambio de patrón de crecimiento con las reformas estructurales, por lo que se hace necesaria una definición de la estrategia para poder superar la crisis que nos acompaña.

El sector energético es un factor de dinamización de la economía a través de unas inversiones que alcanzan un promedio de 15.000 millones de euros anuales, financiadas en su totalidad por las empresas, en infraestructuras tan determinantes para la competitividad de nuestro tejido productivo como las energéticas. Ocupa a más de 500.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos; asimismo, las empresas del sector ejercen un importante efecto tractor para el conjunto de la industria al realizar compras anuales por valor de miles de millones de euros. También supone un fuerte impulso a la internacionalización de nuestras empresas, con compañías de referencia mundial capaces de exportar tecnología y know-how mas allá de nuestras fronteras.

Por tanto, resulta esencial que el sector energético, desde la óptica de la política y la planificación, desarrolle su actividad en un marco de estabilidad y seguridad desde el punto de vista regulatorio. Es por ello que urge acometer medidas de ahorro, especialmente en los combustibles derivados del petróleo, lo que no debe apartarnos de la tarea de abordar, debatir, consensuar y aprobar una estrategia energética de largo plazo que resulta imprescindible para las próximas décadas.

A este respecto, el reciente Informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética Española para los próximos 25 años, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, supone un valioso trabajo para definir las prioridades y sentar las bases de un modelo seguro, competitivo y sostenible que además es, un objetivo común y vinculante para todos los países de la Unión Europea.

Tras un análisis de diagnóstico exhaustivo y riguroso, las conclusiones del Informe ponen de manifiesto que todas las tecnologías de generación eléctrica son necesarias para poder garantizar la seguridad del suministro y avanzar en la reducción de la dependencia energética. Las tecnologías limpias, como la hidráulica, la nuclear y la eólica, son imprescindibles tanto para mejorar en el autoabastecimiento como también para cumplir los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por nuestro país.

En este sentido, se deben seguir fomentando las energías renovables, teniendo en consideración la relación entre el coste de cada tecnología y su aportación al balance energético, apostando por las que presentan mayor grado de madurez, principalmente la eólica, y evitando repetir las negativas consecuencias del crecimiento exponencial y desordenado de las tecnologías más caras, que aportan poco a la producción y todavía presentan unas necesidades de I+D+i para mejorar sus costes. Por otro lado, y dada la intermitencia de las renovables, se necesita disponer de una energía de respaldo firme e inmediata, capaz de suplirlas en caso de caídas bruscas de producción. Este papel lo cumplen las centrales hidráulicas y de bombeo puro, así como los ciclos combinados de gas, que deben ser retribuidos adecuadamente en función de su grado de cobertura.

Por otro lado, la promoción de las energías renovables obedece al compromiso contraído por España con la Unión Europea de alcanzar una cuota renovable sobre el consumo energético final del 20% en 2020, por lo que su sobrecoste no debería ser soportado exclusivamente por los consumidores al responder a objetivos energéticos y ambientales que nos atañen a todos como país.

Con respecto a la nuclear, siempre omnipresente en el debate energético y casi siempre abordada con prejuicios apriorísticos, es imprescindible mantener las centrales actuales, que cuentan con plenas garantías de seguridad y se encuentran entre las más eficientes del mundo. La reciente enmienda a la Ley de Economía Sostenible, que elimina la limitación a 40 años para la utilización de las centrales y vincula su permanencia operativa a criterios técnicos y de seguridad, constituye un acierto y está alineada con decisiones similares adoptadas en otros países de nuestro entorno. Sería deseable que, en caso de considerarse necesaria la construcción de nuevas nucleares, se tomara una decisión lo antes posible para que pudieran estar en funcionamiento en la próxima década.

en relación a las redes de transporte y distribución de energía, el Informe de la Subcomisión plantea la necesidad de incrementar la capacidad de interconexión y adaptar las redes de distribución, al tiempo que reclama que se incentiven las inversiones para mejorar la calidad del suministro y contribuir al éxito de las políticas de ahorro y eficiencia energética. Estas medidas permitirían dar respuesta a exigencias ineludibles como la integración de las energías renovables en el sistema, la gestión activa de la demanda y el desarrollo de las redes inteligentes. Adicionalmente, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a las redes impulsaría las iniciativas en materia de movilidad sostenible, como es el caso del vehículo eléctrico, cuyo desarrollo favorece la reducción de emisiones de dióxido de carbono y un uso más eficiente de las energías renovables.

Junto con la definición del mix energético resulta acuciante adoptar los Planes de Ahorro y de Eficiencia Energética, que aun siendo esenciales para todos los sectores, son especialmente relevantes en el caso de los transportes y la edificación, para así poder enviar las señales de precios adecuadas para el mejor uso del consumidor. Que la energía es un bien caro y escaso no parece hoy discutible.

La envergadura de estos retos energéticos resulta una tarea colectiva y exige la colaboración de las administraciones, las empresas y los ciudadanos, así como también de la voluntad política para afrontarlos buscando la altura de miras y una visión de Estado que evite la tentación de un cortoplacismo empañado por una coyuntura especialmente adversa.

Por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

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