Vertebrar España no es lo mismo que fosilizarla

Lejos de quedarse en un plano simbólico, la Conferencia de Presidentes celebrada la semana pasada ha servido para abordar asuntos de gran calado para toda la ciudadanía. Los acuerdos alcanzados deben ser ahora desarrollados por distintos grupos de trabajo, y la Comunidad de Madrid va a trabajar para que el entendimiento sea posible, aportando no solo soluciones, sino también lealtad, al Gobierno de la Nación y a las demás Comunidades Autónomas, porque siempre hemos entendido el autogobierno como un medio para colaborar con este proyecto común de convivencia que es España.

No puede decirse sin embargo que en lo relativo al nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) el debate haya estado presidido por la claridad. Muy al contrario, hemos visto cómo desde algunas Comunidades Autónomas se difunden planteamientos de gran confusión, que no nos acercan al acuerdo que todos deseamos. Y eso pese a que sí existe consenso respecto a lo perjudicial que resulta el actual sistema para todas las regiones, y especialmente para algunas como Madrid, claramente infrafinanciada.

Es hora, pues, de centrar el debate fiscal, antes de que los malentendidos terminen por desfigurarlo. Porque una cosa es acordar un nuevo SFA, del que dependen los servicios públicos y el Estado social, y otra muy distinta y muy discutible querer imponer una determinada política a todas las Comunidades Autónomas.

En su versión menos sutil, esta pretensión recurre a etiquetas como la del paraíso fiscal o el dumping, que ni definen a Madrid ni los madrileños podemos aceptar.

Una vez salvado el hecho de que Madrid no aplica leyes distintas a las demás regiones, lo único que queda es que mantenemos unos impuestos moderados, igual que puede hacer cualquier región de régimen común, y como de hecho practican algunas otras Comunidades sin recibir críticas. Y es que las reglas del juego son iguales para todos, con excepción del País Vasco y Navarra.

Por tanto, si el resto de las Administraciones autonómicas no bajan sus impuestos es porque no hacen uso de su capacidad normativa, y deberían explicar a los ciudadanos que cuando piden “armonizarlos” lo que realmente quieren es subirlos. Con el agravante de que, para disimular la presión fiscal que ellos ejercen, demandan que seamos los demás quienes los igualemos, diluyendo así la responsabilidad política que a cada cual nos corresponde dentro del ámbito autonómico.

Tampoco se sostiene el relato sobre las ventajas de la capitalidad. Albergar las sedes de grandes empresas no nos genera más beneficio, porque estas tributan por el Impuesto de Sociedades, que recauda íntegramente el Gobierno de la Nación. Y respecto a las otras figuras tributarias, menos de una quinta parte revierte a Madrid, debido a unos porcentajes de reparto que no se corresponden con el dinamismo de nuestra economía.

Por otro lado, resulta llamativo que, aplicando el tramo autonómico del IRPF más bajo, recaudemos 1.000 millones de euros más que Cataluña, que nos saca un millón de habitantes. Se debe, sí, a nuestro modelo fiscal, que genera más crecimiento, más empleo y más ingresos. Y es posible también gracias a una Administración reducida y que gestiona mejor. Algo que además nos permite ejercer una solidaridad de la que nos sentimos muy orgullosos. Somos los que más aportamos: concretamente, el 78% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.

De manera que, si se quiere “armonizar”, armonicemos siguiendo este modelo, y extendamos también este afán homogeneizador a la libertad de horarios comerciales, a la eliminación de trabas burocráticas o al número de consejerías, altos cargos y otra clase de gastos, equiparándolos con los de Madrid. De lo contrario, estaremos imponiendo un determinado modelo político, que es muy respetable, pero que no es el que han querido ni los madrileños ni muchos otros españoles para sus respectivos gobiernos regionales.

En definitiva, este intento homogeneizador no cabe en un Estado complejo como el nuestro, donde la Constitución y el proceso de desarrollo autonómico nos ha conferido a las distintas regiones la facultad de seguir el camino que en cada momento decidan los ciudadanos, desarrollando políticas de derechas, de izquierdas, de centro, expansivas, de contención del gasto, o como quieran caracterizarse… Es decir, lo normal en un Estado descentralizado y plural. Por eso sorprende tanto que estas iniciativas neocentralistas procedan de fuera de Madrid.

La Comunidad de Madrid quiere seguir siendo solidaria, y así lo vamos a reclamar en la negociación del nuevo SFA. Pero es preciso que quede claro que vertebrar España no es lo mismo que fosilizarla, atrapándola en un molde que ha fracasado allí donde se ha probado. Existen otras políticas igual de legítimas, más eficaces y acordes a lo que los ciudadanos han elegido.

Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid

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