Viaje al fondo de la izquierda

Hace cosa de dos mil quinientos años, Sócrates afirmaba: «El modo de labrarnos una buena reputación es esforzarnos por ser lo que deseamos aparentar». Nuestra izquierda ha levantado su prestigio haciendo exactamente lo contrario, pues se empeña en aparentar todo aquello que no tiene la menor intención de ser. Donde se halló un pensamiento, sólo existe un hatajo de opiniones. Donde vivió una conducta, sólo queda un montón de gestos fabricados en serie. Donde existió una moral, sólo queda una estética. Donde quizá estuvo el ser, sólo queda la apariencia.

Pero en estos malos tiempos para la épica de la autenticidad, la izquierda siempre ha sabido consolarse con los beneficios de una simulación bien presentada. Poco puede reprochársele que aproveche la fragilidad de este pintoresco momento de la historia, en el que la exigencia de un sólido carácter ha sido reemplazada por la atención a una elegante indumentaria. La reputación no sólo consiste en lo que uno piensa o dice de sí mismo, sino en la imagen que ha conseguido plasmar en la conciencia de los otros. Y la izquierda ha conseguido hacerse con la denominación de origen de buena parte de los lugares comunes en los que todos, incluyendo sus adversarios más resueltos, colocamos el sentido esencial de las virtudes públicas. No hay debate ni decisión gubernamental que se realicen sin ese insoportable escrutinio, sin esa colérica intención de dejar fuera de los preceptos elementales de nuestra civilización toda propuesta que no asuma actitudes de la izquierda.

Consideremos, por ejemplo, de qué modo se ha afrontado el conflicto sobre una ley de reforma educativa, que los partidos contrarios a la norma han interpretado, sin más, como un simple abuso del poder. A la izquierda corresponde, al parecer, determinar en qué consiste un modelo de enseñanza y cómo debe preservarse el derecho a la cultura, incluso cuando los ciudadanos han decidido apartarla de la responsabilidad del gobierno, y eso porque no pueden mantenerla lejos de la irresponsabilidad de la oposición. Ya ha empezado a proclamar, contra lo que propone el Gobierno, que un sistema de becas no debe tener en cuenta ni el rendimiento, ni las condiciones económicas del beneficiario, indicando que se trata de exigencias elitistas dirigidas a frustar las legítimas aspiraciones de los trabajadores. Esas aspiraciones a la promoción social, sin embargo, han sido destruidas por quienes siempre dicen defenderlas.

Clamando por la igualdad de los españoles ante la educación, la izquierda se ha presentado siempre como defensora a ultranza del sector público. En la triste y sucia realidad de los hechos, las cosas han ido de una forma muy distinta. Desde hace treinta años, y de un modo difícilmente revocable, la universidad pública española ha sido entregada al uso y disfrute de un arcaico y tiránico régimen clientelar. Quienes han programado los sistemas de acceso a la docencia, promoción y control de la calidad investigadora no buscaban la protección del sector público, sino la inmunidad de los funcionarios, cuya reivindicación fundamental no era tanto consolidar su puesto de trabajo, sino evitar que esa seguridad laboral se obtuviera a través de una oposición pública. Como en un rosario académico, a los misterios dolorosos de quienes se ven privados del derecho a una promoción que juzgue solamente su esfuerzo y capacidad, se suman los misterios gozosos de quienes llevan aprovechándose de esta impunidad todos los años de nuestra democracia. Quizás eso sea lo que la izquierda entiende por defensa del sector público como lugar de plena transparencia y espacio de derechos garantizados.

Esa izquierda que ampara la igualdad de todos los ciudadanos no ha dejado de refutarla en un asunto en el que todo el mundo ha considerado más correcto olvidar la prudencia y desestimar el sentido común. Nuestros falsos progresistas siempre se han caracterizado por convertir un problema en un ministerio. El zapaterismo inventó un problema para poder nombrar a una ministra, la de Igualdad. La cuestión de género ha perdido su original función de eliminar aquellos obstáculos que se pusieran a la promoción de cualquier persona, independientemente de su sexo, para convertirse en un ámbito de discriminación. Por supuesto, de «discriminación positiva», como lo expresa un encantador oxímoron nunca pensado para estas aplicaciones.

Curiosamente, es la derecha la que coloca a más mujeres en altos puestos de responsabilidad política, pero no se le puede pedir a la izquierda que, además de darnos tan malos consejos, pierda su tiempo ofreciéndonos mejores ejemplos. Las mujeres españolas no son un sector marginal, minoritario o pacientes de una deficiencia física o mental que demande su protección. Son ciudadanas que demandan la igualdad de oportunidades y la preservación de sus derechos, contra cualquier abuso que pudieran sufrir por razón de género. Son personas que piden una dignidad elemental: ser evaluadas de acuerdo con sus méritos, en igualdad de condiciones, sin ventajas tramposas ni postergaciones injustas. La distinción de sexo, mantenida como requisito para hacer listas electorales o reservar plazas en cualquier acceso a un puesto de trabajo afecta a ese principio de igualdad ante el que se saca tanto pecho administrativo. Pero no se preocupen ustedes, porque la izquierda no exagerará sus demandas: la paridad sólo se refiere a los puestos de liderazgo, nunca al porcentaje de cajeros y cajeras de un supermercado o al de quienes tienen que atender una cadena de montaje.

Estas cuestiones, y algunas otras a las que me referiré en un próximo artículo, son los testigos de cargo de una situación intolerable. Quizás el fruto desdichado de nuestra llegada tardía a la democracia resida en esta absurda hegemonía, en esta totalitaria impresión de verdad fundamental sobre la que la izquierda construye su feroz exigencia de que se le dé constantemente la razón. Quizás haya que acabar con una deficiente formación cívica original, en la que el respeto a las ideas ajenas parece llevar a la excesiva timidez al defender las propias. Hasta que no rompamos la absurda patraña cultural en la que nos movemos, España soportará un rasgo de inmadurez social que ya no se tolera en ningún otro país de nuestro entorno, y que convierte la aceptación de la filosofía de la izquierda en la condición para tener y exponer ideas respetables. Hasta que no procedamos a esta operación de elemental higiene política, la nuestra será una ciudadanía a medias, que ha renunciado a su envergadura crítica y que ha entregado sin lucha su avidez por el conocimiento y su pasión por el saber.

En uno de sus momentos más precarios, España necesita tanto de la firmeza de las ideas como de la defensa de su pluralidad. Necesita de la cortés energía con que respetamos a nuestros oponentes, pero también del coraje indispensable para sustentar nuestros juicios. Oscar Wilde lamentaba haber puesto su genio en la vida y sólo su talento en las obras. Pongamos ambos, nuestra inteligencia entera, la que custodia nuestras convicciones y la que afirma nuestra tolerancia, al servicio de nuestra conciencia y a la altura de nuestros actos. Es lo menos que le debemos a esta España que, por si alguien no se ha dado cuenta, se nos está muriendo entre las manos.

Por Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.

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