Víctimas y víctimas

Por Bonifacio de la Cuadra (EL PAÍS, 12/07/07):

Ahora, cuando desgraciadamente ETA tiene abierta la vuelta a los atentados terroristas y pueden regresar a la actualidad los funerales por los asesinados, es seguramente el momento de analizar el papel de las víctimas y apreciar las diversas funciones que desarrollan en el debate público, así como la instrumentalización que se hace de unas y el olvido con el que se castiga a otras.

Para el Derecho Penal, la importancia de la víctima, circunscrita históricamente a la condición de sujeto pasivo del delito, ha venido siendo escasa. La criminología, con su enfoque más global del fenómeno delictivo, la rescató del ostracismo. Tras la II Guerra Mundial, y a partir de los últimos treinta años del siglo XX, la victimología, sin desenterrar el hacha de la venganza ni acabar con las conquistas garantistas para el delincuente, introdujo en el proceso penal la percepción humanitaria de la víctima y dio relevancia a la reparación del daño, aunque tuvo que pagar el precio de la victimización secundaria, por la implacable repetición judicial de los detalles delictivos.

Fuera de la justicia penal, las víctimas continuaron en un segundo plano, incluso las del terrorismo. Tanto es así que hace unos meses, el 22 de abril, el PNV quiso rectificar su frialdad excesiva con las víctimas de ETA y, ante unos 300 familiares de 140 asesinados por la banda, el lehendakari Juan José Ibarretxe pidió perdón en Bilbao por el silencio de la sociedad vasca y reconoció “una deuda que queremos”, dijo, “saldar de todo corazón”.

Durante décadas, el comportamiento de las víctimas del terrorismo fue intachable. Compartieron el deseo de los sucesivos gobiernos -apoyados siempre por la oposición- de poner fin a esa lacra, y era frecuente escuchar a los doloridos familiares de los asesinados por ETA proclamar su voluntad de que no hubiera más muertos, de que aquella fuera “la última víctima”.

Mejor o peor tratadas desde el poder, lo que nunca habían hecho las víctimas era actuar como contrapoder. Hasta que el presidente del PP, Mariano Rajoy, en el debate parlamentario de 2005 sobre el estado de la nación, acusó vilmente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “traicionar a las víctimas” de ETA. Aquella utilización política de las víctimas produjo un efecto llamada, en especial en la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Francisco José Alcaraz, que compartió con el PP manifestaciones callejeras contra el proceso de paz propiciado por el Gobierno y apoyado por la mayoría del Parlamento, y centró su actuación más en el ataque al Ejecutivo que en la protección de sus asociados.

El PP parece incapaz de valorar en las víctimas del terrorismo la exclusiva condición de personas injustamente objeto de violencia, y ha optado por fomentar la obscenidad política de la AVT, cuyo “truculento mensaje sobre traiciones y rendiciones que maneja” es, en palabras de Fernando Savater (Víctimas, EL PAÍS, 9 de diciembre de 2006), “una actitud equivocada que daña la causa que pretende defender”.

En realidad, es difícil conocer bien lo que defiende la AVT, ausente del reciente homenaje tributado en Barcelona a los 21 muertos y 45 heridos en Hipercor hace veinte años, víctimas del mayor atentado de ETA, y presente en el juicio del 11-M para defender paradójicamente a los procesados a los que acusa y perjudicar a las víctimas que dice defender. La función estelar de la AVT en este proceso ha sido impulsar la hipótesis conspirativa, que trata de involucrar a ETA en el gigantesco crimen, en línea con el intento de José María Aznar y su Gobierno tras el brutal atentado de 2004.

La autoría yihadista -única con consistencia judicial- no conviene al mandatario español que estuvo en la cumbre de las Azores del 16 de marzo de 2003. De ahí que el seguidismo dócil de la AVT coseche toda clase de simpatías del PP, para el que, en cambio, queda desdibujada la condición de víctimas de quienes pertenecen a la mayoritaria Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, que acusa a quienes se sientan en el banquillo, a la vez que vincula el atentado con la posición española sobre la guerra de Irak.

Víctimas y víctimas. El mismo PP que aparenta gran sensibilidad hacia algunas víctimas de ETA, se muestra insensible al dolor de las víctimas del franquismo y reacio a que se establezca por ley la ilegitimidad de los asesinatos perpetrados por la dictadura contra los defensores de la legalidad republicana frente a los rebeldes. Ante el intento actual de la izquierda de recobrar la memoria histórica para hacer justicia a las víctimas del franquismo, ejecutadas o encarceladas por aquel impune terrorismo de Estado, el PP esgrime el peligro de “resucitar viejas heridas”.

Sin embargo, la derecha no utiliza esa objeción frente a la iniciativa de la Iglesia católica de beatificar a sus 498 “mártires”. Según el historiador Julián Casanova (Franco, la Iglesia católica y sus mártires, EL PAÍS, 26 de junio de 2007), la Iglesia, a la que “no le gusta esa ley”, ni el “reconocimiento público y solemne a las víctimas del franquismo, prefiere su memoria, la de sus mártires, la que sigue reservando el honor para unos y el silencio y la humillación para otros”.

Otras víctimas injustamente tratadas son las mujeres objeto de la violencia machista. La sociedad actual, heredera de situaciones que encubrían y asumían el maltrato familiar del hombre a la mujer o comprendían el clásico “la maté porque era mía”, no evalúa la gravedad de la injusticia que sufren quienes mueren o son agredidas sólo por rechazar u objetar -en medio de grandes dudas a veces- la dominación sexista. Recientemente, Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, ha insistido en que se realicen campañas dirigidas a los agresores, para mostrarles el “rechazo social” que su comportamiento genera. Pero ¿existe en la sociedad ese rechazo a los matarifes machistas o son muchos los que miran para otro lado cuando ven en el espejo reflejada la imagen del verdugo?

Una cultura general que excluya los intereses propios para rechazar la injusticia que padecen quienes son objeto de delitos violentos, y el ataque que cometen sus autores contra la libertad y la igualdad de los seres humanos, convertiría a nuestra sociedad en más digna y equitativa, y alejaría a los políticos de la ignominia de utilizar el sufrimiento humano según la rentabilidad electoral que les pueda proporcionar. Sólo así se impedirá que se discrimine a unas víctimas de otras.