Se echa de menos en el debate sobre la cuestión catalana la toma en consideración de sus fuentes ya más que seculares y sin las cuales resultaría difícil su adecuada comprensión. Al margen de los antecedentes lejanos –la lejana secesión pro francesa de Pau Claris o el conflicto motivado por la Guerra de Sucesión–, el proyecto identitario y su plasmación política tienen un origen y unas motivaciones que resulta imprescindible recordar, entre otras cosas porque explican la distancia que separa sus respetables orígenes de la miseria dialéctica actual. Hay una distancia sideral, en efecto, entre los prohombres que hacen surgir la idea catalanista y los dirigentes que hoy la manejan como una versión degradada de la sufrida durante la última República, en la que ya resultaban irreconocibles sus orígenes culturales. ¿Cómo emparejar las aspiraciones de un sabio Milà y Fontanals con el insurreccionismo mequetrefe de un Puigdemont o el meditado radicalismo de un Valentí Almirall con la tosca propuesta de un Junqueras? ¿Acaso se vislumbra en el separatismo actual –al margen de la obsesión adoctrinante por la recuperación lingüística– y junto al perfil callejero de una Colau o de un Rufián, siquiera la sombra de un Prat de la Riba, de un Aribau, de un Rubió y Ors, de un Bofarull, de un Víctor Balaguer o del discreto Cambó que retrató magistralmente Jesús Pabón?
En bien poco sería posible equiparar, en efecto, este desconcertado secesionismo con el primitivo proyecto burgués de proyectarse sobre el Estado español «para configurarlo a su imagen», como soñaba Prat, o con la aspiración a «gobernar en Madrid para poder hacerlo en Cataluña» propuesta hace ahora justamente un siglo, es decir, cuando Cataluña sufría la Semana Trágica. Los cultos impulsores de la Renaixença pretendían, con la recuperación de la lengua –Aribau hace ya en los años 30 una temprana defensa de ésta y de su cultura en su «Oda a la Patria», como Maragall, tras el Desastre del 98, la hará con su «Oda a España»–, considerada como prerrequisito a la hora de superar el contraste entre una atrasada Castilla rural y una Cataluña que, desde mediados del XVIII, venía construyendo una sociedad industrializada, sobre la que los burgueses posteriores acabarán soñando construir –dice Pabón– «una plataforma española para la revolución industrial» que de paso, como es lógico, garantizaría a sus productos un imprescindible «mercado nacional» que, al menos hasta la crisis del 98, incluía a las colonias ultramarinas. Un catalanista tan temprano como Bertrán y Soler basaba en ello la «restauración de la personalidad histórica de Cataluña» cuya expresión jurídica sería el fuero. Pero junto a esa fuerza burguesa surge pronto una intensa presencia proletaria que condicionará en el futuro una difícil convivencia –en ocasiones trágica– hasta acabar secuestrando el proyecto republicano de Companys por mano de los anarquistas de CNTFAI, tal como hoy, salvadas las distancias, la CUP ha mantenido como rehén al Govern de la burguesía pujolista.
El propio Pabón concretaba las cuatro raíces del futuro nacionalismo político en el ideal proteccionista; la fórmula federal dictada por Pi y Margall y desarrollada luego por su discípulo Almirall; un tradicionalismo de raíz religiosa; y el aliento «renacentista» insuflado por la derecha burguesa que culminará con personajes como Cambó o Estelrich. Pero ese catalanismo no se asentaba en el vacío sino en la experiencia y, en buena medida, también en la fantasía. Enric Prat de la Riba (véase su obra «La nacionalitat catalana») remontaba esa «subyecció de Catalunya» nada menos que al triunfo otomano en Constantinopla, a la destrucción por Fernando el Católico de «les llibertats populars» catalanas y, en fin, a la centralización impuesta por Felipe II al fijar la capitalidad en Madrid, concluyendo que la monarquía se habría convertido en el «gran factor d’ anulatió de Catalunya» neutralizada social y políticamente por el centralismo español. Almirall, por otra parte, mantuvo con firmeza su interpretación esencialista al oponer «lo carácter catalá» –propiciado por «la nostra envejable posició en lo mon» (véanse sus argumentos en «Lo catalanisme»)– al talante castellano, propio de una «gent... completament decayguda y degenerada», pese a admitir la impropiedad que, por el costado catalán, suponía la pretensión de «trovar tot lo nostre inmillorable». La estrategia del «sistema centro» y la «doble apertura» que sirvió durante la era canovista no logró sobrevivir, como advierte Carlos Seco, al Pacto de El Pardo, es decir, a la crisis del montaje caciquil del «turnismo» bipartidista.
Y sin embargo, la verdad es que durante ese largo proceso ideológico, el catalanismo no fue nunca propiamente separatista, en la medida en que proyectaba su ideal en el marco integrador del federalismo –pimargalliano con reliquias proudhonianas– como lo prueba el hecho de que todavía en la insensata y efímera proclamación republicana de Company se contemplaba su república catalana en el marco del «Estado federal español». Prat propone, en efecto, «un proyecto catalán y español» conducente a la «catalanización de España» pero ¡con una última intención «iberista»!, esto es, incluyendo en el mismo a Portugal, y ello desde la perspectiva de un «imperio peninsular». No hay duda de que sería preciso introducir aquí matices –como hizo prolijamente en su día Antoni Jutglar o luego Jordi Solé Tura y Albert Balcells, entre otros– pero parece claro que, esos matices aparte, una tónica más o menos similar puede encontrarse, en última instancia, lo mismo en un moderado como Mañé y Flaquer que en el enérgico obispo de Vich, monseñor Torres y Bages. La gran ocasión de consolidar ese modelo territorial conciliador, el federalismo, fue, sin duda, el Sexenio posterior a la revolución del 68, pero el cantonalismo de la subsiguiente República constituyó su tumba. Es significativo que fuera el discreto Pi quien impidió a Almirall proclamar entonces el «Estado catalán».
Cierto que en todo momento se aspira a una profunda autonomía –Cambó, como ha estudiado Isidre Molas, llega a hablar de una «autonomía integral»– pero dentro de España: «No volem unificarnos, peró si unirnos» porque «La unió pels fins comuns, basada en lo respecte mútuo, es l’únich camí de regeneratió pera las regions espanyolas», insiste Prat, y ya en el Memorial de Greuges, redactado por Almirall, como en el mensaje a la Reina Regente en el que, junto a la demanda de autonomía, se apuesta por la «unidad indestructible de España», esa propuesta incluía –más o menos como en las Bases aprobadas en la Asamblea de Manresa del 92– junto a unas Cortes Generales y un servicio militar voluntario y propio, la imposición del catalán como única lengua, la reserva absoluta de los cargos para los ciudadanos catalanes, la Justicia, la Administración o la enseñanza. Todo ello sea dicho sin obviar la responsabilidad del tradicional jacobinismo madrileño patente, ciertamente, lo mismo en los albores del movimiento que, ya en la Regencia, bajo los mandatos de Maura, Silvela o Dato, porque, como escribiera Joaquín Samaruc, no fueron sólo los regionalistas catalanes sino también los gobernantes españoles quienes contribuyeron al desarrollo del movimiento catalanista. Quizá por eso –recuerda Carlos Seco– sostuvo Prat que el catalanismo no nació del sentimentalismo sino del odio, aunque de un odio, en todo caso, incomparable con el provocado por el fanatismo en estos últimos decenios. Lastimosamente se desaprovechó la buena disposición de aquel primitivo catalanismo que un día pudo decir: «Desde avui, deya l’esperit del poble catalá, podrem viure junts y felissos los que, distints y diversos per naturalesa y carácter, hems resistit mentres hem pogut alas impositións de la forsa». Sin necesidad de referirnos al inequívoco lema de la Lliga sobre la «Espanya gran», el separatismo, insisto, es un producto tan lamentable como tardío. Seguro que no está de más recordarlo en nuestra circunstancia.
José Antonio Gómez Marín, escritor.