Virtudes y defectos del tercerismo

El lector se habrá probablemente asustado al encontrarse con el palabro tercerismo, nombre que tal vez no haya oído nunca y que hace referencia a la corriente política y de opinión que, sobre todo en Cataluña, postula una opción alejada de los dos bloques que polarizan el debate desde que empezó el procés, y que abandera la llamada tercera vía. Los terceristas rechazan la unilateralidad que practicó el independentismo, pero consideran que hay una demanda catalana insatisfecha, un encaje territorial mal resuelto en España, al que hay que dar solución a través de una serie de reformas y nuevos acomodos simbólicos. Consideran que el secesionismo es una expresión equivocada a un conflicto de fondo que se abrió con la frustrante reforma del Estatuto catalán en 2006 y particularmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional cuatro años más tarde. En definitiva, no consideran al independentismo como “el problema” sino solo como “un síntoma”. Una de las expresiones más claras de tercerismo es la nota de opinión (Propuestas para modificar el autogobierno de Cataluña) que elaboró el Círculo de Economía de Barcelona en mayo de 2018 y que desde entonces ha ido difundiendo.

Virtudes y defectos del tercerismoAntes de entrar a valorar sus defectos, sería injusto no destacar sus virtudes. Si alguna cosa sobresale del tercerismo es la buena fe de sus promotores, de la que se deriva una voluntad férrea de no resignarse “al fatalismo del conflicto”. En un momento de bloqueo y pesimismo, no es poca cosa ese afán por superar la fractura política y restañar la convivencia entre catalanes. Lo objetable, sin embargo, es que ese laudable deseo suele adoptar la forma, no tanto de un proyecto de futuro como de regreso a un tiempo pasado en el que la hegemonía del catalanismo no se discutía, sin extraer tampoco las enseñanzas sobre aquellos errores de la cultura política catalana que nos han llevado hasta el momento actual. En realidad, situar la sentencia del Constitucional en 2010 como el nudo del problema es abonar la tesis de las causas exógenas, la del separatismo como una reacción defensiva, cuando el paso del nacionalismo posibilista al soberanismo independentista tiene mucho más que ver con la subasta interna entre CDC y ERC bajo los dos tripartitos. A partir de ahí, el tercerismo adopta una equidistancia argumental en relación con los hechos acontecidos durante el procés que en parte —y aún sin quererlo— legitima la desobediencia separatista. Aunque censura la ilegalidad de las acciones emprendidas en 2017, critica igualmente el inmovilismo de la política española por no haber sabido encauzar unas “aspiraciones legítimas” expresadas por un “elevado número de votantes”. Como si se tratase de aplicar a la política ese conocido principio físico newtoniano de que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta, el Círculo concluye que “cuando esas preferencias no encuentran salida por la vía del diálogo político y el acuerdo transaccional acostumbran a desbordar la legalidad”.

La distinción que introduce entre principio de legalidad y principio democrático, para dar y quitar razones, cuadra mal con la afirmación básica en todo Estado de derecho de que “si no es legal, no es democrático”. En 2014, el Tribunal Constitucional calificó de aspiración legítima el deseo de ejercer el llamado “derecho a decidir”, pero invitó al Parlament a formular una iniciativa de reforma agravada de la Constitución, cosa que el independentismo no ha hecho nunca pese a no contar tampoco con un apoyo social incontestable o una mayoría de dos tercios de los diputados. Por tanto, afirmar que esos dos principios no han sido conjugados de forma equilibrada, como hace el Círculo, no puede más que llevarle a sucumbir frente a la falacia de la moderación, según la cual la verdad entre dos extremos cae siempre en medio. Y de ahí el paso siguiente es considerar que el independentismo es la consecuencia de los defectos del sistema institucional español en lugar del resultado de una política labrada por el nacionalismo catalán durante décadas bajo el pujolismo. En definitiva, en la cosmovisión tercerista se reproducen muchos de los tópicos y las recetas equivocadas sobre la crisis catalana que acertadamente ha descrito el ensayista Juan Claudio de Ramón en Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (2018).

En realidad, como desmintiéndose de lo anteriormente señalado en su análisis sobre el procés, este importante lobby económico y empresarial empieza en el terreno propositivo postulando algo que el soberanismo independentista jamás respetó: la citada regla de los dos tercios. Una exigencia que recoge el Estatuto para su propia reforma o la aprobación de algunas leyes especiales, como la electoral. En efecto, cualquier propuesta sobre el futuro de Cataluña no podrá formularse ni legal ni democráticamente sin un consenso que reúna como mínimo ese apoyo. El problema hoy es que el separatismo a lo único que está dispuesto es a que se formulen dos propuestas antitéticas que se pongan a votación en un referéndum. No acepta las reglas de la democracia constitucional porque parte de la premisa de que el pueblo catalán tiene un derecho previo a la autodeterminación. De todos los obstáculos para encontrar un camino de salida este es sin duda el mayor porque es una posición dogmática que le sirve de excusa para justificar los atropellos cometidos durante el procés y prolongar su cerrazón.

En cuanto a las soluciones, el tercerismo plantea una propuesta de acomodo de Cataluña mediante un nuevo Estatuto elevado a “norma suprema del autogobierno”, envuelta en ropaje de “verdadera constitución nacional”, aunque sometida paradójicamente a control previo de constitucionalidad por parte del Alto Tribunal español. Es una fórmula nebulosa pensada para agradar a una parte de los votantes nacionalistas que se han hecho independentistas, pero que carece de practicidad para resolver problemas reales y que no recoge las demandas de los catalanes constitucionalistas. La solución a largo plazo no será tratando de forma separada a Cataluña, sino emprendiendo las reformas necesarias para convertir el modelo autonómico en auténticamente federal. Y aunque ese paso no debería ser un problema enorme, pues la distancia institucional a recorrer no es tan grande, la dinámica política lo hace hoy muy difícil. Ni la derecha españolista ni los partidos soberanistas, incluyendo una parte de la izquierda catalana, están por la labor. Son manifiestamente antifederales. La crisis en Cataluña va para largo porque el independentismo tiene que pasar por un proceso de duelo hasta aceptar las reglas de la democracia constitucional. Y para eso es imprescindible un reconocimiento de errores y un cambio de liderazgos. Entre tanto, el irrenunciable diálogo entre Gobiernos y partidos exige como premisa básica el respeto al principio de neutralidad ideológica de las instituciones catalanas (medios de comunicación, escuela, administración) porque el conflicto es ante todo entre catalanes.

Joaquim Coll es historiador y coautor de Anatomía del procés (Debate, 2018).

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