Visca Catalunya!

La nación está vigorosamente afirmada en el pensamiento y el corazón de todos los españoles. (…) Si las naciones no tuviesen otra fuerza de cohesión que la política, después de los graves sacudimientos por que han pasado (…) estarían ya todas deshechas. Subsisten porque las sujetan vínculos cien veces más fuertes: la comunidad de historia y de sentimientos, las relaciones civiles y los intereses económicos. Por fortuna de todos la política apenas hace más que agitar la superficie de las sociedades. Si la agitación llegase al fondo, ¿qué no sería de los pueblos? Francisco Pi i Margall en Las Nacionalidades

En los años ochenta, EL PAÍS convocó en Girona a unas decenas de intelectuales, periodistas, empresarios y políticos para debatir sobre una interrogante recurrente en la historia de la península Ibérica: ¿qué es España? Después de tres días de intensos debates, los asistentes pudimos comprobar la dificultad de encontrar una respuesta satisfactoria para todos, o al menos consensuada, y salimos de allí con la impresión de que, a juicio de no pocos de los reunidos, España, un país con casi cinco siglos de unidad, en realidad no existía. En su opinión se trataba solo de una especie de superestructura administrativa, un flato político o una invención cuya mejor denominación en todo caso sería el Estado español. Tiempo más tarde coincidimos en la Fundación Cini de Venecia un centenar de congresistas, entre ellos el que fue presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, para tratar de responder a una interrogante al parecer aún más complicada: ¿qué es Europa? Menos de una semana después llegamos a la conclusión de que Europa tampoco existía si no era como ensueño, o como sinónimo de rivalidades, guerras y desencuentros, pese a que Jorge Luis Borges nos recordara en la sesión de clausura que el ser de América se resumía en el de una Europa echada a navegar. Desconcertado por el descubrimiento de que mis identidades europea y española respondían a un espejismo del poder o a una invención propagandística pero no a realidades con siglos de Historia a sus espaldas, me consolé pensando que, si Europa y España no existían, al menos existían los europeos y los españoles. En la construcción de nuestra incipiente democracia era de los ciudadanos, de sus derechos e intereses, de quienes se debían ocupar sus gobernantes habida cuenta de que, hoy como ayer, representan la voluntad popular. Representan, no la sustituyen.

Este lunes se celebra, en medio de una confusión política considerable, el día nacional de Cataluña. Es una obviedad que el problema catalán, como algunos lo definen, se enmarca en la reconocible diversidad de los territorios españoles, por lo que sonroja escuchar enfáticas declaraciones de políticos de cualquier pelaje reclamando el reconocimiento de los diferentes sentimientos de identidad que pueden incorporarse al de la ciudadanía española. Cuestión que en muy poco nos diferencia de otros muchos países, y para nada constituye una peculiaridad nuestra. El verdadero problema que nos acucia es por eso el problema de España, y no tiene que ver tanto con la organización territorial del Estado como con la modernización de su sociedad. No estoy diciendo que no existan contenciosos específicos, en Cataluña como en el País Vasco, Galicia o Canarias, que afecten a la administración pública, pero se desenvuelven en medio de una maraña de individualismos impostados, y de una red de pequeños o grandes grupos cuyo esencial comportamiento es siempre el mismo. A saber: todos están imbuidos de ser portadores de valores eternos, aun si no consideran que exista la eternidad. De modo que cada cual parece dispuesto a apropiarse no solo del verdadero significado de esos valores sino también de su significante. Que se trate de la democracia, de Cataluña o de lo que sea, el reparto de etiquetas entre buenos y malos catalanes, buenos y malos españoles, auténticos o falsos demócratas, está a la orden del día y se ejerce en todas direcciones. De modo que el gobierno de la Generalitat justifica su incitación a la sedición en nombre de la democracia y el de Madrid reprime bajo la misma invocación lo que considera con justicia la comisión de un delito. Pero las cuestiones de fondo, las que afectan a la estructura política del Estado y a los derechos y libertades de los ciudadanos sin distinción de credo, raza, género o ideología, se dejan para más tarde, o sea, para cuando ya es demasiado tarde si se las quiere resolver, porque la demagogia, el populismo, las emociones, o como diablos se quieran describir los asaltos al estado de ánimo de la gente y la renuncia al uso de la razón, no permiten hacerlo. La modernización de España surgió y se ha fortalecido en el transcurso del llamado régimen del 78, que nos ha permitido construir una democracia liberal al uso, donde los derechos y libertades individuales son protegidos y donde ningún ciudadano es más que otro ante la ley. Un régimen sin duda lleno de defectos, que es preciso reformar, y en algunos casos de forma urgente si no queremos verlo perecer. Pero que ha favorecido el periodo más duradero de paz y desarrollo de nuestro país que se recuerda en siglos.

Sorprende así que algunos de los analistas y líderes políticos de la llamada nueva izquierda presten oídos sordos a las advertencias de que los dos intentos precedentes de instauración de la República en España fracasaron como consecuencia de sendos motines o revoluciones que reivindicaban la implantación de cantones o Estados independientes en determinados territorios. La sublevación del cantonalismo murciano en 1873, confiada en el poder militar de la base de Cartagena, acabó con la efímera presidencia de la República del teórico más reputado entonces del federalismo español, Francisco Pi i Margall, después de que su antecesor, el también catalán Estanislao Figueras, huyera a Francia temeroso de ser asesinado por los radicales. Estos últimos pretendían instaurar la República federal de abajo arriba, frente a los moderados y centristas republicanos que aspiraban a hacerlo ordenadamente mediante la redacción de una Constitución por el Parlamento. Los intentos de los ultras de entonces por instaurar una Convención, al estilo de la Revolución Francesa, se parecen mucho por cierto, guardando las inevitables distancias, a la hoja de ruta emprendida por el Parlamento catalán para proclamar la independencia y definir las leyes de su nueva y, con toda probabilidad, inexistente República. Es imposible no reconocer en algunas de las actitudes de Junts pel Sí el aliento anarquista de sus socios de la CUP, que amenaza con convertir a la clase dirigente catalana en una pandilla de la porra.

La revolución de octubre de 1934 en Asturias y Cataluña y la declaración unilateral de independencia por parte de Companys, tras el fracaso de las dos intentonas previas encabezadas por Maciá, condujeron a un enfrentamiento absoluto entre las fuerzas políticas que acudieron a las elecciones año y medio después y dieron la victoria al Frente Popular, en los umbrales ya de la Guerra Civil. Tanto en 1873 como en 1934 los sucesos españoles se enmarcaban en un escenario europeo de efervescencia revolucionaria que en ningún caso resultaba ajeno a los acontecimientos en nuestro país. Pero en ambas ocasiones los líderes de los movimientos insurreccionales olvidaron la máxima de que para vencer en política es preciso tener más poder que el adversario, al margen de cuál sea su origen. Hoy, como ayer, Cataluña no tiene poder político bastante para que una declaración unilateral de independencia salga triunfante, y sin embargo es lo que la Generalitat amenaza con llevar a cabo, de nuevo en un día de octubre, como si se buscara un homenaje al mes emblemático de las revoluciones.

La efervescencia catalana, como el 15-M, como tantos otros movimientos populares o populistas dentro y fuera de España, tiene que ver con el nuevo desorden mundial que nos preside, en medio del cual la democracia representativa sigue perdiendo prestigio. El aumento de las desigualdades en las democracias avanzadas, el deterioro de las clases medias, las dificultades por las que atraviesa el Estado de bienestar y la intensidad de los movimientos migratorios, han desembocado en muchos sitios en la irritación popular, agitada por demagogos y oportunistas con la impagable complicidad, espontánea o no, de la agitación en las redes sociales. En su reciente comentario sobre un libro de José María Lassalle, Íñigo Errejón apuntaba acertadamente que “siempre que tras un momento de disociación y crisis hay una nueva reunión de voluntades, un ‘volver a barajar las cartas’, aparece el pueblo, la gente o el país como nueva voluntad colectiva”. Entonces, hay que añadir, es cuando emergen los líderes, pero también los demagogos. Los primeros tratan de encauzar y dirigir los procesos; los segundos solo se ponen al frente de la manifestación, a ver qué pillan. Putin o Erdogan son dos de los muchos ejemplos que ponen de relieve hasta qué punto las llamadas voluntades colectivas, cuando se apartan del respeto a la norma democrática, acaban arruinando el ejercicio de la libertad de ese mismo pueblo al que enfáticamente aseguran servir.

El conflicto catalán es solo un episodio más de la tensión agónica que nuestras sociedades viven entre Ilustración e Identidad. La primera reside en el origen de las democracias representativas, mientras que la segunda es partera de todos los nacionalismos. Frente a los mitos y a las regresivas utopías que estos normalmente encarnan, la democracia se define más modestamente como un método que permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes y, sobre todo, echarles. Pues no es solo el gobierno de las mayorías, sino también el respeto a las minorías y el sometimiento a la ley, lo que define al sistema. Este incluye las reglas para su reforma, y si alguien quiere cambiarlas al margen de ellas está abocado necesariamente a ejercer la violencia. Violencia en definitiva, aunque en grado todavía menor, fue lo que hubo en las últimas sesiones del Parlament de Cataluña. Los atribulados dirigentes de la secesión, ya casi constituidos virtualmente en Convención aunque ellos no lo sepan, deberían recordar que esa etapa revolucionaria desencadenó el Terror, única manera de acallar a los disidentes. Si como es probable no triunfan en ello, todo quedará al final en la representación de una payasada descomunal, con perjuicio para los intereses de catalanes y españoles, para los sentimientos de identidad de todos ellos y para el progreso en la construcción de una democracia renovada que combata las desigualdades, limite los abusos del poder, persiga sus corrupciones y proteja a los más débiles.

Contra las impresiones emanadas hace décadas de los encuentros de Girona y Venecia, a los que me refería al principio, España y Europa siguen siendo entidades y realidades políticas con secular raigambre histórica y pujante futuro, pese a las crisis por las que atraviesan hoy. Lo mismo puede y debe afirmarse de Cataluña. Dicho esto, en el imaginario político español destacan dos frases de uso común que merece la pena recordar: “¡Viva la Pepa!” y “¡Viva Cartagena!” fueron encendidos eslóganes que vitoreaban la Constitución liberal de Cádiz y el levantamiento cantonal en Murcia, pero acabaron por ser usados como expresión de desbarajuste, despreocupación o excesiva licencia, en feliz definición del Diccionario de la Lengua Española. Es de esperar que el errático discurso del gobierno de la Generalitat y el esperpento valleinclanesco, tan español, protagonizado por la presidenta del Parlament, no acaben por convertir en algo parecido al respetable y respetado grito de “Visca Catalunya!”.

Juan Luis Cebrián es presidente de EL PAÍS y miembro de la Real Academia Española.

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