Vísperas del reencuentro

Siempre ha ocurrido lo mismo desde hace no sé cuantos años. No entiendo tanta estupefacción. Además, esta vez, era más fácil de predecir que sucedería porque los preparativos han sido insolentes y la debilidad de la contraparte mayor que nunca. Estas vísperas catalanas no son como las sicilianas del 30 de marzo de 1282, pero en algo se parecen: no hay levantamiento súbito e inesperado del pueblo, como en aquella ocasión y, crucemos los dedos, no habrá víctimas mortales; pero la revuelta la han venido preparando, con cargo al erario público, unos cuantos y el objetivo es poner por delante al pueblo llano para sustituir a la Monarquía a base de algaradas y derribar el régimen constitucional vigente. Y además usar el territorio conquistado como plataforma para unir también a los vecinos de los països en un nuevo Estado confederal en el que manden esos nuevos líderes políticos dispuestos a asumir la gloria de la destrucción del viejo Estado español.

Tampoco hay nada nuevo en las reclamaciones de más atención y autogobierno de los catalanes que son cíclicas desde el Compromiso de Caspe de 1412. Ni podemos desconocer que los levantamientos orquestados desde los gobiernos locales han sido un mal endémico en nuestra Historia constitucional, y que han sido capaces de derribar gobiernos. En España, algunos políticos tienen un marcador genético que les conduce irresistiblemente a acrecer de manera ilegal y continua el poder territorial, o usarlo con desmesura, hasta hacer trizas el Estado. Los brotes psicóticos incontrolables de esta obsesión han sido históricamente más frecuentes en verano y semanas vecinas al estío, de manera que ni en esto hay novedades.

Me parece, no obstante, que no es tiempo de lamentaciones, aunque haya que aprender la lección. Algunos juristas, como el que suscribe, veníamos señalando que a la Constitución le faltan algunas piezas esenciales para que el reparto del poder territorial que regula funcione bien y esté garantizada la lealtad, la estabilidad y la eficiente atención de los intereses generales. Acometer la reforma constitucional debe ser una consecuencia necesaria de la experiencia que el caso de los catalanes (la expresión la inventaron los ingleses durante la Guerra de Sucesión de 1700-1714) ha puesto ante nuestros ojos. La mayor evidencia de que nuestra Constitución incurre en defectos serios es que el Estado se haya sentido inerme para corregir de forma inmediata el incumplimiento sistemático de la legalidad y la paulatina creación, de facto, de un Estado catalán, nominal desde luego pero suficiente para ir generando apariencias difíciles de revertir.

Reformar la Constitución se ha convertido, sin embargo, en un complicado asunto por la dificultad de alcanzar cuotas de consenso asimilables a las de 1978. Los nacionalistas catalanes no quieren, por ahora, ni oír hablar de ese problema. Pero algún día no lejano verán que es la única solución. Y las fuerzas políticas mayoritarias podrían acordar sus términos si se dejaran de improvisaciones y pusieran a contribución empeño, rigor y estudio.

Pero esta necesidad ha quedado superada por el desplante perpetrado por el Parlamento catalán que ha negado toda vigencia en Cataluña a la Constitución y las leyes del Estado. Para justificarlo los dirigentes políticos catalanes han asumido las más extravagantes ideas jurídicas que se han expuesto en el constitucionalismo occidental desde que se fundó a finales del siglo XVIII. No hay nada que hacer contra el absurdo, de manera que mejor será abandonar cualquier esperanza de entenderse discutiendo sobre Derecho. No es menos grave que las decisiones de estos días pasados supongan también la voladura del Estatuto de Autonomía, aprobado por los catalanes en referéndum (circunstancia que suele recordarse continuamente para criticar la Sentencia por la que el Tribunal Constitucional anuló un par de artículos y revisó la lectura correcta de otros pocos). Desde ahora en Cataluña no hay más soberano que el Parlamento, que puede cambiar, sin limitaciones, la legalidad de un día para otro. No hay ninguna seguridad jurídica. No existe ninguna norma superior que observar. Todo puede ser reinventado, incluso en sesión nocturna.

Un jurista romano del siglo II, Ulpiano, resumió la esencia del absolutismo imperial con dos aforismos: Quod principi placuit legis habet vigorem (lo que complace al Príncipe tiene fuerza de ley) y Princeps legibus solutus est (el Príncipe no está vinculado por la ley). En la edad moderna estos conceptos fueron retomados por Jean Bodin (Les six livres de la République), cuya obra fue el apoyo intelectual más importante del absolutismo monárquico. Y durante los siglos XIX y XX esas formulaciones han sido el santo y seña de todos los regímenes dictatoriales.

Es probable que la mayoría de los parlamentarios levantados contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña, no tengan la menor idea de la Historia política de las democracias occidentales y lo que significa asumir los postulados ideológicos de la dictadura. Pero esto es lo que han hecho.

Ha llegado, inevitablemente, el tiempo de reponer la legalidad en el lugar del que ha sido bajada. No valen para mucho los habituales reproches al Gobierno del Estado, ahora muy generalizados, sobre lo que pudo hacer y no hizo con la antelación suficiente. Algunas de estas críticas encubren un reproche general contra la organización territorial decidida en 1978 que se considera, a veces con manifiesta falta de sentido, la causante de todo el desbarajuste. Hay que tener cuidado con no añadir tensiones porque no parece sensato aprovechar los desafueros de la mayoría del Parlamento catalán para pretender que se cambie entero un elemento esencial de nuestro sistema político que está ya consolidado y es irreversible de forma acordada.

A lo que ahora estamos llamados, creo yo, es, en primer lugar, a poner toda nuestra confianza en el Gobierno, sea o no de nuestro gusto su ideología o su manera de hacer las cosas. Está compuesto por personas razonables que, ante semejante emergencia, habrán estudiado de verdad todas las respuestas posibles para salvar la unidad de España. Nuestro ordenamiento jurídico ofrece muchísimas tanto en el ámbito constitucional como en el contencioso administrativo y el penal. No es necesario que me detenga a exponerlas. Y, además, el Estado cuenta con el monopolio de la coacción legítima y de la fuerza para hacer cumplir las leyes y las decisiones de los tribunales.

Las advertencias de estas semanas pasadas por parte del Gobierno español al Gobierno de la Generalitat de que aplicaría de forma contundente la legalidad, y las afirmaciones de este último de que el referéndum y, en su caso, la independencia eran imparables, parecían tácticas de jugadores de póquer (perdóneseme la ligereza del ejemplo). Los dos contendientes miraban de frente a las cámaras de televisión queriendo hacer creer que tenían una combinación invencible en la mano. Pero es bastante superficial e ingenua la fanfarronería del Gobierno catalán. Debería saber que el Estado tiene escalera de color máxima porque la Constitución le ha repartido las mejores cartas de la baraja. De modo que cuando las levante sobre la mesa ganará. Sin dudarlo. Hace bien en ser prudente al abrir la puerta de sus arsenales.

Puede ser preocupante la contundencia de la respuesta. Los posibles afectados por las acciones penales ya iniciadas anuncian que desconocerán las condenas. También se ha reiterado que no se acatarán las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional. En tal caso, al término de cualquier simulacro o atisbo de referéndum que pueda llegar a celebrarse, cabe esperar que el Gobierno y el Parlamento catalán, unidos o por separado, declaren la independencia. Es un incidente previsible que valdrá como acto propagandístico, pero para nada más. Las instituciones catalanas están funcionado ya, de hecho, con la independencia que les otorga no atenerse a más legalidad que la que acepta su libérrimo arbitrio.

De la eficacia a corto y medio plazo de las decisiones judiciales no cabe dudar en el Estado de Derecho español. Se ejecutarán sin duda. Aunque afecten a centenares de personas. Será variable su rotundidad y tendrá que medir la fiscalía en qué casos incluye las penas de cárcel en sus pretensiones de condena.

Como todo esto lo saben seguramente los independentistas, buscarán su salvaguarda en las movilizaciones populares. Veremos muchas. Pero no sabemos si serán siempre multitudinarias ni si durarán mucho tiempo. Serán, sin duda, el mayor obstáculo para el entendimiento. Ojalá sus promotores las administren con cordura y sin recurrir a la financiación del presupuesto público ni a profesionales de la revuelta.

Cuando las algaradas y bullangas remitan, la autonomía catalana tendrá el mismo contenido y la misma protección que le ha venido dispensando la Constitución desde hace casi 40 años. Será entonces el momento del reencuentro, aplazado durante unas larguísimas vísperas. Habría que preparar las bases de un nuevo entendimiento desde ahora.

Con la justificación de que la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 destrozó el pacto constitucional entre Cataluña y el Estado (pacto del que no existe, por cierto, rastro alguno en los archivos parlamentarios), han resuelto no aplicar la Constitución de 1978 ni el Estatuto. Se ha hecho almoneda de la legalidad vigente y las relaciones con el Estado han cobrado una fea inclinación hacia las prácticas usuales en el patio de Monipodio.

En uno de los 18 informes que el Consejo para la Transición Nacional de Cataluña ha emitido sobre el procés, se alude a las muy diversas formas de relación que será preciso mantener con España tras la independencia y las instituciones comunes de Gobierno que habrá que crear. La lectura recuerda inevitablemente enunciados confederales, que son formas de relación entre Estados que nunca han perdurado y enseguida, en todos los ejemplos históricos que se puedan invocar, han conducido a su sustitución por sistemas federales; esos modelos de los que tanto se habla en la actualidad por determinados partidos políticos como modelos a imitar. Este complejo recorrido, desde la unidad a la separación para retornar luego a fórmulas federativas con el Estado de procedencia ya tuvieron un efímero precedente histórico en la proclamación, el 14 de abril de 1931, por Macià, de la República catalana que habría de integrarse en la Confederación de los pueblos ibéricos.

En el presente, se ha explicado a los catalanes que la independencia es la única salida posible para que el pueblo pueda ejercitar el mitificado “derecho a decidir”. Pero estaban equivocados en esto por sus asesores o, simplemente, mentían al pueblo. En el sistema de autonomías territoriales regulado en la Constitución, los estatutos de autonomía han de reformarse siguiendo un procedimiento que incluye la aprobación en referéndum. El derecho a decidir, que no puede ejercerse para responder a una pregunta genérica sobre la independencia y la formación de una república nueva, sí puede canalizarse utilizando otras fórmulas que la Constitución habilita. Aquellas reformas, además, pueden tener lugar en el marco de una reforma constitucional que, a su vez, sea sometida a referéndum para que la apruebe el soberano pueblo español.

El margen técnico y de arreglo constitucional del conflicto que ofrecen estas vías es enorme y, además, como he insistido en exponer en otros lugares, es la única opción constitucional de que disponemos. Sobre este esquema, que puede ser muy versátil, hay que trabajar, empezando por desautorizar la falsa idea de que la autodeterminación, en nuestro sistema constitucional, no tiene más camino que la independencia. También las mudanzas de las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas, los Estatutos, ofrecen la posibilidad de que el pueblo se pronuncie sobre soluciones pacificadoras y satisfactorias para todas las partes en conflicto. Son el único punto en que puede producirse el reencuentro, un lugar donde rehacer lo destruido en estos últimos años de discordia.

Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo y miembro numerario de las Reales Academias Española y de Ciencias Morales y Políticas.

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