¡Viva el Rey de España!

En mis años universitarios, cuando a unos cuantos nos preocupaba la mejor manera de reencontrarnos en una España en libertad, de entre los grupos que militaban en el espectro demócrata siempre me llamó la atención la existencia de uno caracterizado por un enigmático lema que sus miembros portaban en la solapa. Eran unas sencillas letras que en el mismo color del enunciado decían simplemente VERDE. Poco tardé en saber que se trataba de los miembros de las juventudes monárquicas, tan fieles a Don Juan de Borbón como a la democracia, y que ocultaban de manera harto trasparente su afiliación con unas siglas que querían decir Viva el Rey de España. Y yo y otros como yo, que nos teníamos por «accidentalistas» en lo que a la forma de gobierno se refiere y «fundamentalistas» en la reclamación de las libertades, encontramos amplio espacio de colaboración en lo segundo, sin que el escepticismo que nos sugería lo primero fuera obstáculo para la amistad y el entendimiento.

Con la Constitución de 1978 la Monarquía pasó a ser un elemento central en la descripción institucional española al establecer al artículo primero que la «forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». «Accidentalistas» y «fundamentalistas» coincidimos con una buena mayoría de los españoles en ofrecer un respaldo masivo al texto por el que la ciudadanía, después de décadas de desvarío y dictadura, decidía organizarse, al modo occidental, en democracia representativa. Haría falta una ingente cantidad de ignorancia o de mala fe para no reconocer que los años de la historia de España que transcurren bajo el reinado de Juan Carlos I (1975-2014) han descrito con seguridad lo mejor de nuestra vivencia colectiva en términos de libertad, prosperidad, convivencia nacional y relevancia internacional. Es indudablemente el éxito de una empresa colectiva, y al pueblo español en su conjunto le corresponde un protagonismo esencial en la hazaña. Que, sin embargo, sería inexplicable sin el sabio papel de moderación e impulso que la Institución Monárquica ha podido llegar a alcanzar. Y cuya proyección está íntimamente ligada al marco que define nuestra Constitución en su conjunto y en particular a aquella parte del artículo segundo que fundamenta su existencia en la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Y sin embargo, tras las recientes elecciones regionales y locales del pasado 24 de mayo, un viento levantisco parece recorrer la piel de toro, desde Cádiz a Barcelona pasando por Madrid, Santiago de Compostela o Zaragoza, haciendo gracia de otras localidades de menos tamaño o nombradía, en las que las nuevas mayorías populistas de izquierdas, donde parece concentrase la mezcla explosiva de la incompetencia y el sectarismo, han encontrado en sus exabruptos antimonárquicos, a falta de mejores invenciones, la mejor manera para proyectar sus programas. No sería excesivo sumar a tales gestos los ya conocidos con los que los independentistas de vario signo nos vienen obsequiando con ocasión de manifestaciones deportivas en las que se abuchea sonoramente al Himno Nacional en presencia del Jefe del Estado, ahora el Rey Felipe VI y antes su padre, Juan Carlos I.

De pusilánimes poco avisados sería considerar esas algaradas como repeticiones inofensivas de la polémica que en los años treinta animó de vida el país entre Monarquía y República y que hoy todavía partidos y organizaciones de izquierda mantienen con la exhibición de la bandera tricolor en sus paseos ciudadanos matutinos. (Al menos Pedro Sánchez, el líder socialista, por razones que muchos descalifican como oportunistas y que otros, como yo, estiman merecen bienvenida, ha decidido, en el sentido más literal de la palabra, envolverse en la enseña nacional, la roja y gualda, la que define la Constitución). Porque lo que estamos contemplando no es solo una reclamación republicana, que lo es. Porque lo que estamos viendo no es solo un intento de acabar con la Monarquía, que también lo es. Porque lo que estamos sufriendo no es en exclusiva una muestra de incivismo y mala educación contra el Jefe del Estado, que igualmente lo es.

Lo que en verdad tenemos ante nuestros ojos es un intento apenas velado de acabar con la vigencia de la Constitución de 1978 y con ello finalizar el más largo y fructífero periodo de reconocimiento de la libertad de todos los españoles. Y en la clave de bóveda institucional el Rey, quizás la figura más desprotegida de todo el conjunto, juega un papel central: caído el Rey, abolida la Constitución, ha llegado el momento de, según Marx/ Lenin/ Iglesias Jr., «asaltar los cielos». La resultante, desde la Unión Soviética hasta la Cuba de los hermanos Castro pasando por Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, queda abierta a la imaginación de los espectadores.

La Constitución de 1978 no puede existir sin la Monarquía. Y la Monarquía no puede existir sin la Constitución de 1978. Los que ahora abogan por la extinción de la Institución y la desaparición de sus representantes no lo hacen para proclamar desde el balcón de la Plaza del Sol la llegada de la República burguesa sino para ocupar los salones del Palacio de Invierno y desde allí acabar como sea con los adversarios, disidentes y simplemente desafectos. Afirmar la vigencia de la Constitución y rechazar simultáneamente cualquier intento frívolo de reforma no es un capricho anacrónico de transicionales melancólicos, sino advertencia permanente de lo palmario: fuera del cuerpo esencial de la Constitución no hay albergue para la libertad, ni para la igualdad, ni para el Estado de derecho, ni para nuestros vínculos internacionales con el Occidente democrático. Los que quieren otra cosa lo han calculado certeramente: primero de todo tienen que acabar con el Rey.

E inversamente, y quizás de manera algo paradójica para los que en algún momento nos confesamos convencidos «accidentalistas», el Rey se ha convertido en el mejor garante de nuestras libertades. Y la mayor seguridad de que el proyecto común español, que tantos en la política reducen solo a cuestión leguleya y otros rechazan en la prosecución de sus propios delirios totalitarios o identitarios, reclame lo mejor de nuestros esfuerzos y de nuestras esperanzas. Por todo ello, aunque yo no llevara en mi solapa de tiempos universitarios la insignia verde del VERDE, hoy me la pongo para vocear ¡Viva el Rey de España!

Javier Rupérez es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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