¡Viva «La Pepa»!

A estas alturas, la exclamación es una muestra de festivo casticismo para la inmensa mayoría de los españoles, que no saben que fue el grito de los partidarios de Riego, cuando intentaba restaurar la Constitución abolida por Fernando VII. Constitución proclamada el 19 de marzo de 1812, día de San José, de ahí que sea llamada cariñosamente «la Pepa» por un pueblo aficionado a los apodos. Ya ese olvido y alejamiento del significado inicial advierte de la azarosa vida de nuestra primera Constitución, aunque históricamente fuera precedida por la proclamada en Bayona por José Bonaparte, Rey de España por designio de su hermano. Pero se trataba de una de aquellas constituciones calcadas de la francesa que el emperador iba repartiendo por Europa, y que a la postre han resultado lo más duradero de su obra. Excepto en España, donde el levantamiento del 2 de mayo y la Guerra de la Independencia dieron al traste con todo su legado.

Aunque no con todo el espíritu de la época. En lo que parece un milagro, el pueblo español, luchando contra los franceses, se da a sí mismo una Constitución que recoge buena parte de los principios de la Revolución Francesa, sin olvidar el espíritu y las tradiciones españolas. Pocas veces hemos estado tan a la altura de la Historia. El 24 de septiembre de 1810 se reúnen en la Isla de León, hoy San Fernando, las Cortes constituyentes. El 20 de febrero de 1811 se trasladan a Cádiz, y el 19 de marzo de 1812 anuncian la nueva Constitución. Son 384 artículos que se resumen en uno: la soberanía popular reside en el pueblo, que es el único con capacidad de dictar leyes a través de los representantes que elija. Y sobre ello, un cúmulo de derechos y deberes ciudadanos: tienen derecho a voto todos los españoles —las españolas aún no—, excepto los servidores domésticos, individuos en bancarrota y delincuentes. Ningún diputado puede pedir o aceptar pagos, pensiones o condecoraciones del Rey. Consejeros de Estado y cuantos tengan cargo en la Corte no podrán ser diputados. El Rey, el Príncipe de Asturias y regentes deberán jurar la Constitución ante las Cortes y pedirles permiso para abandonar el país. Las Cortes son las encargadas de ratificar los tratados militares, los subsidios y las regulaciones comerciales. Se elimina la tortura y la coacción jurídica, y como consecuencia de ello, la Inquisición. Todos los españoles están obligados a pagar impuestos según sus medios, desapareciendo los privilegios fiscales de la nobleza.

¿Cómo pudo surgir una Constitución tan moderna en una España tan retrógrada? La respuesta quedó antes apuntada: no fue una copia servil de la francesa de 1791. De haberlo sido, no hubiera pasado. Marx la consideró «una reproducción de los fueros a la luz de la Revolución Francesa, una creación original del espíritu español, que restablece las viejas instituciones nacionales e introduce las reformas preconizadas por los hombres más famosos del siglo XVIII, haciendo las inevitables concesiones a los prejuicios del pueblo. «El primero, no separar Iglesia y Estado: “La religión de la nación española es para siempre la Católica, Apostólica, Romana, la única religión verdadera”». Es más, en su artículo 12, «prohíbe la práctica de cualquier otra religión».

Aun así, era un documento modernísimo para aquella España que en muchos aspectos no había entrado en la Edad Moderna y para la que muchos de sus aspectos debían de sonar abstractos, tras tres siglos de absolutismo. Marx, de nuevo, nos da las tres claves de este «milagro»:

  • Que en su redacción se dieron cita los hombres más progresistas de su tiempo.
  • Que llegaran primero los representantes de las regiones periféricas (Cataluña, Valencia, Galicia), mientras que los del interior, más reaccionarios, ni siquiera obtuvieron permiso para acudir o estaban envueltos en la lucha contra los franceses.
  • Que «Cádiz fuera entonces la ciudad más liberal de España, llena de comerciantes y gente interesada en lo novedoso e influenciada por las ideas del siglo XVIII, que llenaba las galerías de la sala cuando las Cortes estaban en sesión y mantenían a raya a los reaccionarios (los “serviles”) por medio de un sistema de atemorización y presión».

Así fue surgiendo, en una atmósfera entusiasta, aunque un tanto artificial, una Constitución bastante más avanzada que el propio país. Si a ello se añade que faltaban en ella los supuestos para una auténtica reforma económica, indispensables para atraer al pueblo llano, tendremos que la Constitución del 12 no lograra arraigar en este. En cuanto a la burguesía, decisiva en otros países europeos para respaldarla, sencillamente «no la había —escribiría Larra años después— más que en Cádiz y en Cataluña».

Pronto iba a comprobarse. Ya cuando el 16 de abril de 1814 regresa a España «el deseado», «el prisionero de Napoleón», es saludado jubilosamente con gritos de «¡Viva el Rey absoluto!», y hay quien dice «¡Vivan las cadenas!». Obedeciendo a su pueblo como nunca le había obedecido ni volvería a obedecerle, Fernando VII reinstaura la Inquisición, deroga la Constitución, envía al exilio a sus redactores más aperturistas, para usar un término contemporáneo, y se declara monarca absoluto. Y eso no es lo peor. Lo peor es que lo hace sin resistencia popular.

¿Por qué? Ya que hemos empezado con el análisis de Marx, vamos a terminar con él, ya que en esto no parece que se equivocara. Señala también tres causas:

  • El pueblo español estaba exhausto tras la larga, penosa, terrible Guerra de la Independencia.
  • Se esperaban milagros de la nueva Constitución. De entrada, sin embargo, trajo solo conceptos abstractos y ninguna mejora en el nivel de vida.
  • Trajo, en cambio, la introducción del impuesto directo sobre la renta, las fincas, la industria y el comercio, que no gustó nada. Por primera vez, los españoles comprobamos con sorpresa que la democracia es cara. Y no nos hizo ninguna gracia.

Únanse los que no estaban interesados en que la Constitución se afianzara —conservadores, latifundistas, órdenes religiosas, buena parte de la nobleza— y tendrán que, recién nacida, «la Pepa», tan española ella, incluido el apodo, tenía a buena parte de los españoles en contra. Los analistas de hoy lo atribuyen a «su contenido utópico, precariedades, contradicciones, derroches de retórica e hipocresía», como hace Manuel Moreno Alonso, que acaba de publicar una excelente reedición de ella.

Lo que no impidió que siguiera resonando, como sus «¡Vivas!», a lo largo del siglo XIX, creándose una auténtica leyenda en su torno y siendo una referencia de todas las etapas liberales durante el mismo. Eso, por no hablar de que sirvió de falsilla a numerosas constituciones hispanoamericanas, una vez que aquellos países accedieron a la independencia.

Son ecos que resuenan aún hoy, cuando «la Pepa» cumple dos siglos y los españoles discutimos sobre nuestra actual Constitución, la de 1978, apodada «la Pactada», aunque el pacto que la dio a luz esté bastante deteriorado.

Pero esa es otra historia. ¿O es la misma? A saber: que cada español acepta sólo su propia Constitución.

Por José María Carrascal, periodista.

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