Vivienda, ideología e intereses

Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 30/10/07):

Qué afán de algunas formaciones políticas por convencernos de que no es bueno comprar vivienda! Cierto que la ciudadanía -como en otras cosas- va a lo suyo. El problema no es que las personas deseen adquirir una vivienda en propiedad, sino los precios abusivos de las mismas. Tienen que ver en el precio final la demanda y la oferta, claro que sí. Y en este caso ocurre un fenómeno que no se da en la compraventa de todos los bienes. Mientras que los precios al final del proceso (compra de la vivienda) se determinan en un mercado prácticamente sin restricciones, los precios al inicio del proceso (compra del suelo por las empresas promotoras) se determinan en un mercado altamente regulado. La regulación del suelo por los ayuntamientos, y su salida al mercado lenta y gradualmente, y ¿por qué no decirlo?, estratégicamente, hace que los precios de las viviendas sean más altos de lo que serían en ausencia de estas fricciones. Pero como es la principal fuente de financiación de los municipios el círculo vicioso se reproduce constantemente. En el actual Estado español, las competencias centrales se han reducido más que en Estados federales existentes. Las autonomías han ido cobrando cada vez más competencias y los deberes y obligaciones del Estado con los ciudadanos han pasado progresivamente a ser competencia de las comunidades. (Las desigualdades crecientes entre ciudadanos de distintas autonomías hace tiempo que llaman la atención de investigadores y responsables de las políticas públicas, pero ése no es el tema ahora).

Las autonomías -siguiendo ese proceso de descentralización- deberían ya haber transferido a los municipios buena parte de los recursos que necesitan. Son los ayuntamientos quienes deben mantener la limpieza y seguridad en las calles, parques y jardines; mejorar los barrios más afectados por problemas sociales; atender la educación preescolar; apoyar a las personas en riesgo de exclusión social y a las que ya sufren marginación o vulnerabilidad desde los servicios sociales de base. Las necesidades están siendo crecientes, en unos sitios más que en otros, entre otras cuestiones y con variaciones, por la inmigración. Como las autonomías se niegan a transferir los recursos adecuados a los municipios, en una imagen que sugiere un afán de acaparamiento que el Estado ha perdido, los ayuntamientos buscan todas las formas posibles de financiación para atender las obligaciones del municipio. Puede entenderse así la extensión en España de la corrupción municipal que se sabe va mucho más allá de los pocos casos que aparecen en los medios.

Si el suelo fuese considerado urbanizable, excepto una determinada proporción del mismo que se considerase precisa para usos públicos, desaparecería ese elemento distorsionador del precio que se produce en el inicio del proceso de construir-vender-comprar viviendas. Pero aunque ha habido alguna tímida propuesta, parece que ningún partido político se encuentra determinado a impulsar esas medidas. Y eso hace pensar mal a los ciudadanos, que no ven razones lógicas para ello. Y es que en cada pueblo, mediana o gran ciudad, muchas o bastantes personas conocen las interrelaciones -no siempre confesables, y por supuesto no confesadas- entre grupos políticos, empresas inmobiliarias, instituciones con fines sociales propietarias de terrenos e incluso algunos empleados municipales que disponen de información privilegiada. Si se hiciera una encuesta en nuestros municipios, ¿cuántas personas podrían contar las arbitrariedades cometidas en la calificación y recalificación de los terrenos! Ahora ha comenzado a observarse un descenso en la demanda y alguna inmobiliaria ha tenido que cerrar la persiana, existiendo el temor de que les ocurra lo mismo a otras, pues se encuentran con grandes cantidades de suelo comprado para construir y sobrevalorado, buena parte de cuyo valor deben a las entidades bancarias, pero que no pueden ir pagando por falta de venta de las viviendas ya construidas.

Y que no nos digan más desde los medios de comunicación sin conocer las realidades de otros países, sólo repitiendo consignas políticas, que en España existe la manía de comprar vivienda, como si fuese una conducta reprobable y un caso raro en Europa. En la información de la Oficina de Estadística de la Unión Europea Eurostat, con datos del censo de 2001, se indica que en España es donde más viviendas existen en propiedad: el 85% de todos los hogares. En el otro extremo, Alemania es un país donde el tipo principal de tenencia de la vivienda es el alquiler: el 53% de todos los hogares. Pero continuando con los países donde la mayoría de los ciudadanos posee su vivienda en propiedad, en Grecia, y en Irlanda es el 82% del total de los hogares, y el 76% en Italia. En Bélgica el 74%, en Gran Bretaña el 72%, en Luxemburgo el 70% y el 69% en Finlandia. Podríamos seguir, pero quienes tengan curiosidad por el tema pueden consultar las estadísticas.

Una alternativa a la propiedad es efectivamente el alquiler, pero en sociedades democráticas las personas tienen la capacidad de elegir, en función, entre otras cosas, de los precios relativos de los bienes y de la utilidad que de ellos derivan. Ya casi han desaparecido del planeta las dictaduras marxistas que obligaban a los habitantes a desplazarse en masa de unas regiones a otras para ahogar sentimientos nacionalistas, causando desgarros familiares y sociales, desconozco si suficientemente estudiados, aunque por otro lado se les concediera habitar gratis en cubículos. Y parece que cuando la gente puede elegir, elige comprar una vivienda. De modo que si se abaratara el suelo no existiría motivo alguno en general (podrían darse ciertos casos) para que todo el mundo pudiera disfrutar de una buena vivienda a precios asequibles en una sociedad como la española donde la economía va tan bien. Cierto que la cosa se complica para los trabajadores españoles, pues en la Unión Europea son los únicos que han perdido capacidad adquisitiva en estos últimos años. Los partidos políticos podrían dejar la vivienda para el mercado y seguir ofreciendo otras cosas en elecciones. Por ejemplo, la seguridad y el fortalecimiento del sistema de pensiones para que no tengamos que pensar en la propiedad de la vivienda como recurso para nuestra vejez, sobre todo si es una vejez prolongada y dependiente. Pero, ¿es eso posible?