Vivir en la España despoblada: costes y beneficios

La despoblación rural es la otra cara de la concentración urbana, fenómeno ligado al cambio estructural de la economía española con la pérdida de peso de la agricultura, el crecimiento de las ciudades y el aumento del bienestar social. En el encuentro Retos para revertir la España despoblada: por una nueva cohesión territorial, organizado por EL MUNDO, debatimos recientemente sobre las causas y los remedios del despoblamiento de la España interior. Los vientos soplan a favor de la vuelta al campo, de recuperar los pueblos abandonados. Se abre paso la idea de que la ciudad no es verde ni sostenible, y que hay que reequilibrar el territorio. La cuestión es: ¿Si vivir en la ciudad es tan poco atractivo y volver al campo tan ventajoso, por qué la gente se empecina en seguir en la ciudad?

Vivir en la España despoblada: costes y beneficiosLa mayoría de los individuos no somos muy distintos con relación al conjunto de elementos que consideramos a la hora de decidir dónde vivir. Por eso, el precio unitario del suelo es muy sensible a las variaciones de dichos elementos en el espacio. Una vez que todos los ciudadanos de un país han elegido, no habrá un sitio mejor que otro y el equilibrio territorial resultante será aquel en el que nadie quiera moverse del lugar elegido. Es el principio de indiferencia en acción que indica que el último que llegó está indiferente entre campo y ciudad. Los que viven en ciudades grandes tendrán un salario medio mayor y disfrutarán de mejores opciones educativas, de salud y de ocio y con un abanico más amplio de interacción social; aunque sufrirán atascos, contaminación, ruidos y un precio de la vivienda más elevado. Los que eligen quedarse en zonas rurales tendrán, un coste de la vivienda sensiblemente inferior, aire más limpio y vivienda más espaciosa y de menor coste, aunque en contrapartida el acceso a la salud y la educación serán más limitados, al igual que el ocio y las relaciones sociales y, en el caso de España, el hogar medio rural recibirá un 25% menos de ingresos que el urbano.

Los estudiosos del despoblamiento de la España interior documentan una diáspora que, con ritmos cambiantes, no ha parado desde 1950. Esto sugiere que es posible que todavía no hayamos alcanzado el equilibrio en el que rige el principio de indiferencia. Suponer que la mayoría de la población tiene gustos similares es razonable, hasta el punto de que muchos pueblos (los más aislados, alejados de la costa, y que no son satélites de ciudades) acaban en el abandono, a pesar del crecimiento de los elementos negativos asociados al crecimiento de las ciudades. Hoy lo encaramos como un problema, pero fue la solución para muchos ciudadanos y contribuyó a una mejora en el nivel de vida general de la población. El beneficio esperado superaba con creces los costes como muestra la magnitud del cambio demográfico. Sin embargo, la pandemia arroja determinados hechos que algunos conjeturan como el principio de un cambio de tendencia. Por ejemplo, en el periodo 2013-2019, el 11% del total de las transacciones inmobiliarias se realizaron en municipios rurales. En septiembre de 2020, se alcanzó el 15%.

El 42 % de los municipios españoles están en riesgo de despoblación. Son 3.400 municipios donde vive el 2,3% de la población. La explicación de que algunos sigan aguantando posiblemente se deba a que la movilidad perfecta no existe (entre otras causas por el envejecimiento o la pérdida de la capacidad de adaptación), a que operan ayudas públicas para los que se quedan y a que hay personas con gustos diferentes a la mayoría. La frase de Clement Attlee -«la mayoría de nosotros seríamos muy infelices en los paraísos de los demás»-, aunque pueda pecar de exagerada, refleja bien la heterogeneidad en las preferencias de los individuos...como el personaje de Vigo Mortesen en Capitán Fantastic.

Las causas de la despoblación de la España interior son, precisamente, las mismas que explican el crecimiento económico asociado al cambio estructural de la economía, y el atractivo creciente de las grandes ciudades en las que las economías de aglomeración y la calidad y variedad de servicios, suponen una fuerza centrípeta muy potente. Hoy sólo el 12,7% de la superficie de España está poblada (67,8 en Francia y 57,2 en Italia), con una concentración superior a la media europea en la superficie habitada. Despoblación, intensificada en muchos casos por las políticas públicas. Un caso paradigmático es la inversión en la construcción de las infraestructuras de alta velocidad y su efecto túnel frente al efecto pasillo de las carreteras y trenes regionales.

La pregunta clave es si el grado de concentración actual es excesivo o insuficiente. El hecho de que trabajadores y empresas se concentren sin considerar los perjuicios de los que quedan atrás; junto a otras externalidades negativas en las zonas rurales, como los riesgos de incendio, deterioro del patrimonio cultural o pérdida de biodiversidad; además del aumento de las externalidades negativas en las ciudades, como congestión, contaminación local y ruido, implica demasiada aglomeración. Sin embargo, el hecho de que empresas y trabajadores se concentren sin considerar el beneficio adicional que añaden a otras empresas mediante aumentos de productividad y salarios, implica que la aglomeración es inferior a la óptima. Por tanto, la pregunta de si hay que cambiar la distribución espacial de la población y de la actividad económica, no tiene fácil respuesta. Porque, por un lado, hay evidencia que sugiere que debería dejarse que las economías de aglomeración siguieran dando sus frutos; mientras que, por otro lado, si el balance de externalidades positivas y negativas es negativo la concentración sería excesiva. Paradójicamente, las razones de equidad no van en una sola dirección, dado que el efecto positivo en el crecimiento económico de las economías de aglomeración beneficia también a los que quedan en las zonas rurales, por ejemplo, por la mayor capacidad de sostener el sistema de pensiones.

SI SE concluye que el equilibrio actual no es óptimo y que está justificado forzar un cambio en favor de la vuelta a los pueblos (esta es la política regional europea y la del Gobierno), habrá que afinar con el tipo de intervención pública. Hoy sabemos que muchas de las políticas del pasado, especialmente las de infraestructuras, han contribuido a la concentración y el despoblamiento. Casi todos los autores que han estudiado este fenómeno (véase el excelente capítulo cuarto del informe anual del Banco de España) subrayan la heterogeneidad que existe en el grupo de municipios etiquetados como la España despoblada, y apuntan la conveniencia de diseñar políticas que eviten la pérdida de dinamismo de los municipios de mayor tamaño que favorece la despoblación de los pequeños pueblos de su área de influencia. También que hay que evaluar qué políticas funcionan y cuáles no. Las causas de la despoblación son diferentes en diferentes lugares y políticas genéricas descontextualizadas, simplemente, no funcionan.

Se haga lo que se haga, la última palabra la tienen los trabajadores y las empresas que comparando beneficios y costes de abandonar la ciudad tomarán su decisión de residencia y de localización de sus negocios. Hoy por hoy, el saldo sigue favoreciendo el abandono de los pueblos pequeños del interior, si bien es cierto que a un ritmo menor, a pesar del esfuerzo de la Comisión Europea y de los poderes públicos en general incentivando la reversión del proceso. La clave está en si se están produciendo cambios tecnológicos y en las preferencias individuales, de suficiente calado como para cambiar el equilibrio territorial actual.

Ginés de Rus es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de Análisis Coste-Beneficio en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador asociado en Fedea.

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