La secuencia torrencial de la actualidad hace que las noticias trascendentes puedan desaparecer de los titulares con rapidez. La crisis del ébola español ha relegado –cuando menos– otros asuntos de enorme trascendencia. Por ejemplo, el dislate del nacionalismo suicida de Artur Mas y la aparente ausencia de fractura interna del Partido Popular por la decisión del presidente del Gobierno de retirar el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada.
Sorprende ver que una decisión de ese calado haya generado, a primera vista, tan poca contestación interna. De hecho, se está intentando presentar como una medida respaldada por la inmensa mayoría del partido. Yo no sé qué porcentaje de afiliados hay en una postura o la contraria. Y, aun creyendo que la denuncia del aborto nada tiene que ver con principios religiosos y sí mucho que ver con derecho natural, yo no puedo dejar de pasmarme cuando veo la foto de diputados del Partido Popular el sábado 27 de septiembre en la beatificación de Álvaro del Portillo después de no tener nada que decir públicamente esa misma semana –con la única excepción de Lourdes Méndez– cuando su partido había dado un giro radical. Sólo una estrategia electoral te puede llevar a incumplir el programa que te dio la mayoría absoluta. Y yo me temo que esta es una estrategia que va a hacer un daño inmenso al Partido Popular.
Es triste reconocerlo, pero supongo que habrá algunos cargos electos que no habrán dicho lo que de verdad opinan porque necesitan garantizarse un puesto en las listas electorales. A esa altura está nuestra representación electoral. Es por ello por lo que me parece relevante resaltar que las primeras disensiones se han producido en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Esta junta está formada, casi en su totalidad, por miembros de otros órganos del partido o cargos públicos: desde los miembros de las Cortes y del Parlamento Europeo hasta los presidentes autonómicos y regionales de la formación. Es el órgano máximo entre congresos. En ese órgano hay un pequeño número de miembros electos a propuesta del presidente del Partido. Este suele poner ahí a aquellas personas que ya no están en la primera línea, pero que cree que todavía pueden aportar algo a la formación. En el último congreso Rajoy incluyó entre esos treinta miembros electos a Álvarez del Manzano, a Arsenio Fernández de Mesa o a Isabel Tocino, por ejemplo. De entre los treinta elegidos entonces, alguna persona ha fallecido ya y alguna otra está ahora en la Junta en razón de su cargo actual.
Entre estos miembros de la Junta Directiva Nacional del PP ha empezado a alzarse la voz contra la retirada de la ley del aborto. Hasta ahora al menos dos de los miembros de la Junta Directiva nacional designados por Rajoy han dimitido de la misma y han abandonado el Partido Popular. Uno es Fernando Díez Moreno, que fue subsecretario de Economía en la primera legislatura de Aznar y secretario de Estado de Defensa y Alto Comisionado para Irak en la segunda. La otra persona es Elena García Botín (madre del arriba firmante), a la que Manuel Fraga incluyó en el primer Consejo Político de Alianza Popular, ex diputada nacional, y miembro de la Junta Directiva Nacional con Fraga, con Aznar y con Rajoy. «Esos ya estaban amortizados», dirán. Probablemente. Pero entonces cabría preguntarse por qué los mantenía Rajoy en la junta si ya no aportaban y si en el PP ya sólo creen en el cumplimiento de esa parte del programa los que están amortizados.
Ramón Pérez-Maura