Volver a casa (solo) por Navidad

Según una encuesta realizada a principios de 2017 por la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU), solo un 30% de los encuestados volvería a España en caso de que se produjera la situación de Hard Brexit (la alternativa que supondría la salida del Reino Unido del mercado común). Los encuestados son socios de CERU en distintas etapas de la carrera investigadora, desde estudiantes de máster o de doctorado, hasta investigadores postdoctorales o líderes de grupo, así como investigadores en el sector privado y en la administración, muchos de ellos llevando residiendo más de tres años en el Reino Unido. Por otro lado, el último informe INNOVACEF identificó que siete de cada diez científicos españoles volvería a España si las condiciones fueran propicias.

¿Qué le ocurre a la ciencia en nuestro país para que solo un 30% de los encuestados se plantee volver a España si tuvieran que emigrar del Reino Unido?

La carrera investigadora en España, tanto en la academia como en la industria, tiene numerosos problemas y presenta grandes obstáculos. Aunque gran parte de estos problemas se deben a la situación económica de nuestro país, otra importante razón es la poca consideración que nuestros políticos le dan a la ciencia. Durante el primer trimestre de 2017, CERU publicó un artículo analizando las propuestas electorales de los partidos políticos en materia científica. A pesar de que la inversión en I+D+i estuvo muy presente en las últimas campañas electorales de 2015 y 2016, por el momento parece que el interés de nuestros gobernantes por la ciencia no es el que prometían en la campaña electoral. Probablemente, este desinterés en las primeras etapas de la legislatura se debe fundamentalmente a que la ciencia es vista como algo a largo plazo, mientras que los políticos centran sus esfuerzos en políticas aplicables en los cuatro años de legislatura.

La crisis económica presente en nuestro país desde el año 2009 ha tenido un impacto muy negativo en la inversión en I+D+i, cifrado en un recorte acumulado de más del 34% solamente hasta el año 2013, ya que según la OECD la caída de inversión en I+D+i fue del 34.69% en los años comprendidos desde 2009 hasta 2014. Con una inversión de apenas el 1.24% del PIB, muy lejos de la media europea que se sitúa en un 2.3% y mucho más lejos de lo propuesto por la Comisión Europea para el año 2020 (3% . Ante esta situación, se ha publicado recientemente el informe COSCE-DECIDES, de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el gobierno durante 2017. En este informe se critica que los Presupuesto Generales del Estado manifiestan una escasa valoración de las políticas de I+D+i para un nuevo modelo económico y social del país, siendo las carencias más destacables las presupuestarias y la puesta en marcha de la Agencia de Gestión de la Investigación . Unos presupuestos que suponen un aumento para I+D+i de apenas un 1,31% respecto a 2016, disminuyendo los gastos no financieros un 2,36% y habiendo aspectos como el de los recursos humanos que deberían ser abordados de forma urgente, según la COSCE .

Una de las características que repercute negativamente en la carrera científica es que España carece de una estructura coherente que facilite la atracción y retención de talento. Las ofertas públicas de recursos humanos se convocan en número escaso, con muy poca periodicidad, de forma irregular cada año, con muy pocos recursos asociados. Eso hace muy difícil predecir las fechas en las que se van a convocar, y por tanto resolver, dichas convocatorias. Estas convocatorias incluyen las ayudas para la contratación predoctoral (FPU, FPI, PFIS), postdoctoral (Juan de la Cierva, Sara Borrell), de retorno/consolidación (Ramón y Cajal, Miguel Servet) o asociadas a empresas de base tecnológica (Torres Quevedo). Estos factores provocan que la organización de la carrera investigadora, y con ello la estabilidad laboral, se antoje casi imposible. Por otro lado, el diseño no es inteligente, ya que a pesar de que las ayudas para la contratación de investigadores predoctorales es pequeña (unas 900 del programa FPU, otras 900 del programa FPI más las ayudas de gobiernos autonómicos y contratos propios de los centros), estos números siguen siendo muy superiores a los destinados para la contratación postdoctoral (unas 100 ayudas de cada de uno de los programas Juan de la Cierva, por poner un ejemplo).

Las condiciones tampoco son las más competitivas cuando se compara con otros países. Y si nos fijamos en aquellas ayudas de consolidación anteriormente mencionadas, no sólo es un problema la escasa oferta, o de salarios poco competitivos, sino de la escasa dotación para facilitar que estos investigadores puedan realmente incorporarse al sistema de I+D español, y consolidar sus propias líneas de investigación de manera independiente. Y sobre todo esto acecha otra amenaza real: no hay una apuesta firme para retener en el país a esos investigadores retornados, no existe un dinamismo que haga pensar en una movilidad entre centros donde poder consolidarse tal y como ocurre en otros países, y por si fuera poco existen numerosos escollos administrativos que impiden la contratación y renovación del personal. Todos estos problemas hacen que muchos jóvenes en cuya formación se ha invertido mucho dinero público tengan que hacer las maletas y continuar su carrera investigadora en el extranjero y, por otro lado, que aquellos jóvenes y no tan jóvenes formados en los mejores centros del exterior vean poco atractivo, y con pocas garantías de éxito, la posibilidad de venir a España. Esto es lo que muchos han denominado fuga de cerebros. Y no es una leyenda urbana, ya que hay suficientes cifras que lo sostienen, mostrando un claro desequilibrio: hoy salen más investigadores de los que entran, y esto genera un balance negativo para el país.

Otro factor muy relacionado con este balance negativo en el flujo de investigadores, es el envejecimiento del personal docente e investigador de las universidades y de los institutos públicos de investigación. Este envejecimiento viene provocado por la falta de relevo que se ha producido al bloquearse la entrada de jóvenes investigadores debido a la tasa de reposición de empleo público, que en muchos casos se estableció en un 10% . Esta baja tasa de reposición ha frustrado las expectativas profesionales de muchos jóvenes científicos de toda una generación. En las universidades, el personal docente jubilado en muchos casos ha sido cubierto con profesores asociados contratados por tres o seis horas semanales, lo que ha generado inestabilidad laboral y ante todo precariedad. Dado que esta figura de profesores asociados es una opción frecuente en la contratación actual, nos preguntamos, ¿son éstas las mejores condiciones para la atracción y retención de talento y por tanto para que nuestros científicos puedan retornar a España?

La incapacidad de retener y atraer talento, unida al envejecimiento de gran parte del sector científico están produciendo un retroceso en la calidad científica de España, a la que se suma la falta de tejido industrial con empresas de base tecnológica y colaboración y trasvase entre la universidad y las empresas.

Por todo ello, la CERU realizó en el año 2015 un informe de recomendaciones para orientar por los partidos políticos y grupos parlamentarios durante esta legislatura con la finalidad de generar un sistema estable e independiente, capaz de atraer talento, con una financiación constante y una carrera investigadora definida, y con una mayor interacción con el tejido empresarial. Para ello será necesario también el fomento de una cultura científica dentro de nuestra sociedad.

José Manuel Muñoz Félix es investigador postdoctoral en Barts Cancer Institute (Queen Mary University of London). Escribe este artículo con la colaboración y en representación del Comité de Política Científica de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU).

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