Volver a la universidad (española)

Luego dirán de las vacaciones de los profesores. A lo largo de agosto, docentes y gestores universitarios han librado un debate en medios y redes acerca del funcionamiento de nuestras universidades, en general, y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en particular. La ANECA actúa como un organismo externo que -entre otras funciones- acredita que alguien cumple unos requisitos mínimos para poder presentarse a una plaza. El debate surgió a raíz de varios casos de científicos españoles, reconocidos internacionalmente, cuya acreditación había sido denegada. Algunas voces denunciaron entonces que la ANECA supone un lastre para nuestras universidades, mientras otras decían que es un contrapeso necesario para garantizar la calidad del sistema.

Una de las críticas que se hace a la ANECA es que dificulta la contratación de investigadores formados o con plaza en el extranjero. Al haberme visto en esa situación, comentaré algunas conclusiones que he sacado de la experiencia. Lo hago a sabiendas de que todo caso tiene sus particularidades, aunque también tengo constancia de otros investigadores que han vivido situaciones parecidas.

La versión corta es que, tras estudiar el doctorado en la universidad de Cambridge y obtener una plaza fija de lecturer en la universidad de Mánchester, tardé tres años y dos procesos de solicitud en ser acreditado por la ANECA para la categoría de profesor contratado doctor. Como esta es homologable a la de lecturer, hablamos de tres años y dos solicitudes para certificar que podía presentarme a plazas de un nivel que ya había alcanzado en una universidad extranjera. La versión larga incluye otras situaciones sorprendentes, como la obligación de homologar mi título de doctor obtenido en el extranjero. Por esta homologación nuestras universidades cobran una tasa que oscila entre 160 y 220; en algunos casos también se exige que los documentos estén acompañados de traducción jurada. Se da así la paradoja de que, al haber hecho el doctorado con beca, el único dinero que he debido desembolsar por esos estudios fue para una universidad española que no desempeñó ningún papel en ellos.

El sistema de evaluación está, además, pensado para candidatos cuyas carreras se han desarrollado en España. Por ejemplo, a veces se valora positivamente como internalización el haber realizado una estancia en una institución extranjera durante el doctorado, pero no el haber hecho la carrera o el propio doctorado fuera de España. Igualmente, la expectativa de horas de docencia no contempla que en otros sistemas -como el británico- se pasan más horas en tutorías que en el aula. Esto puede llevar a que una solicitud sea rechazada o a que se le conceda una figura menor de la solicitada. No creo, por cierto, que esto se deba a la iniciativa de quienes trabajan en las comisiones de la ANECA. Es más, estoy convencido de que se desempeñan con la mejor voluntad dentro de las pautas que tienen. Es el propio sistema, en su diseño, el que produce desventajas.

Con todo, el mayor problema del proceso es el esfuerzo que exige al solicitante. Este debe, entre otras cosas, pasar varias semanas recabando certificados que acrediten todos los méritos de su currículum. Esto supone escribir a departamentos universitarios, encargados de revistas, coordinadores de cursos y organizadores de congresos para que le envíen a uno certificados de sus títulos, publicaciones, conferencias, etc. El proceso es, por necesidad, más laborioso cuanto más extensa es la trayectoria de uno, y debe realizarse en los huecos que deje el puesto que esté desempeñando. Hay, en fin, un pathos especial en descubrirte a ti mismo un domingo redactando un email al organizador de ese simposio en Dublín en el que participaste hace ocho años, pidiéndole que dedique un rato a enviarte un certificado con sello institucional.

La conclusión es evidente: ¿por qué se sometería alguien a un proceso así? Recordemos que todo esto no es para obtener una plaza, sino para poder optar a ella. Es decir, la inversión de tiempo y esfuerzo no garantiza nada. Si uno ya tiene plaza en el extranjero, los incentivos para desviar tiempo de su investigación o sus clases y ponerse con esto son nulos. Por ello, aunque entiendo los argumentos pro-ANECA, cuesta aceptar que la solución a los problemas de la universidad pase por una estructura que dificulta la entrada a quienes no se han formado o no estén trabajando en España. Sobre todo, cuando nuestras universidades no ofrecen otros incentivos en términos de salarios y recursos competitivos. Con el sistema actual, o uno tiene poderosas razones personales para querer vivir en España, o lo más seguro es que desista antes de intentarlo. Y hay muchos españoles en universidades extranjeras que, por apego familiar o sentido de pertenencia, aceptarían peores condiciones a cambio de volver. Pero el sistema, en vez de aprovechar eso, les obliga a un proceso largo, costoso e incierto. No solo parece injusto, sino también dañino para la universidad española. Nadie dice que los que se han formado o trabajan fuera merezcan mayor consideración que los que están aquí, pero desanimar sistemáticamente a un perfil de candidato cualificado de optar a plazas en nuestras universidades no parece la mejor forma de garantizar la calidad.

Otra conclusión es que el sistema beneficia a las universidades privadas. Aunque a estas les conviene tener profesores acreditados por ANECA, no es una condición necesaria para la contratación. Yo tuve la fortuna de hallar trabajo en una de ellas y pude regresar a España sin tener que aguardar el desenlace del proceso burocrático. Conozco otros casos de profesores que no habrían vuelto de no ser por la posibilidad que ofrecen las universidades privadas de postergar el proceso de acreditación. Esto debería, por un lado, servir para valorar el papel de estas instituciones dentro del sistema y animarlas a ser aún más activas en la contratación de investigadores que querrían volver a nuestro país. Y también debería motivar a unos gestores y unos partidos instalados en la retórica de exaltación de la educación pública. Si tanto les importa, que hagan algo al respecto.

David Jiménez Torres es profesor de Humanidades en la Universidad Camilo José Cela y coordinador, junto a Leticia Villamediana, del libro The Configuration of the Spanish Public Sphere (Berghahn Books).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *