Para muchos, el 1 de octubre de 2017 quedará en la historia de nuestro país como una fecha para olvidar. Pero quizá no debiera ser así. Me explico. Las grandes naciones, como la española, se hacen más fuertes tras la superación de momentos y ataques trágicos contra su estabilidad, entre los que sin duda se encuentra el llamado 1-O. En aquel momento, el Estado de Derecho se impuso y, además, sin sobresaltos. Funcionaron los mecanismos de protección de la legalidad pactados por todos los españoles, y muy particularmente por los catalanes, cuando se votó la Constitución de 1978. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial estuvieron a la altura de las circunstancias, actuando con contundencia y profesionalidad. Ellos son, y deben seguir siéndolo, los últimos garantes de nuestras libertades. Su poder, que no es innato, proviene del mandato directo que todos los ciudadanos, libres e iguales, expresamos a través de nuestro voto, ya sea en un texto constitucional o en unas elecciones eligiendo a nuestros representantes y legisladores. El monopolio del uso de la fuerza se justifica precisamente en la necesidad y deseo de la ciudadanía de vivir en paz y libertad.
El juicio a los políticos presos celebrado este año en el Tribunal Supremo ha sido un ejemplo perfecto de lo que significa ser una democracia seria, que defiende el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Estos conceptos son utilizados en muchas ocasiones con demasiada ligereza pero, sin duda, adquieren su significado más puro cuando el magistrado Marchena, junto con sus seis colegas de Sala, escucha los circunloquios de los abogados defensores, inadmite alguna pregunta a los fiscales o lee los derechos a los acusados y testigos. Así pues, decida lo que decida nuestro Tribunal Supremo, los demócratas debemos respetar la decisión, desde la creencia de que los jueces son los únicos con todos los elementos de juicio (nunca mejor dicho) para decidir sobre unos hechos con base exclusiva en la aplicación de la ley. Y si la resolución no nos gusta, pues cambiemos la ley. Ahora tenemos otra oportunidad maravillosa de hacerlo, eligiendo a diputados y senadores que tendrán en su mano, si fuere el caso, la aprobación de normas e iniciativas en defensa de la Constitución y de los catalanes que, como españoles, se sienten agraviados a diario.
Sin perjuicio del normal agotamiento y hartazgo de parte de la población por volver a las urnas, creo sinceramente que mucho peor sería no poder hacerlo. A los trabajadores, cada cierto tiempo, nuestro empleador nos evalúa el rendimiento y nos premia o castiga en función del mismo. Y todos rechazaríamos, al menos públicamente, que lo bueno se castigase y lo malo se premiara. Es evidente que debe ser al revés. Pues bien, las elecciones nos sirven para evaluar a nuestros políticos y, si se han tenido que repetir, será porque ha ocurrido algo poco común y que, dentro de la normalidad constitucional, exige una repetición en un breve plazo. Por tanto, el castigo hay que hacérselo saber a los responsables de la única manera posible y comprensible para un político, esto es, a través del voto. Asimismo, se debe premiar la responsabilidad de otros políticos que, como el señor Casado, con un talante dialogante, pero no menos firme, ha demostrado altura de miras y sentido de Estado. En un momento tan importante para nuestra historia, donde la defensa del imperio de la ley se hace absolutamente necesaria para frenar a los totalitarios, muchos de los cuales ostentan cargos de representación y mando público, los españoles tenemos una nueva oportunidad de votar con responsabilidad y no debemos desaprovecharla.
José Manuel Maza Muriel es abogado.