Voto sin retorno

Así pues, 1.957.318 catalanes (47,7% de votantes) han votado el 27-S por opciones políticas que propugnan la independencia de Catalunya sin ambigüedad. Es cerril y hasta peligroso menospreciar esa voluntad política, como hacen el Gobierno español y el Partido Socialista, por el hecho de que un 39,17% se hayan posicionado en contra de la independencia (C’s, PSC, PP) mientras que un 11,45% se hayan refugiado en el derecho a decidir sin pronunciarse sobre el fondo (Catalunya Sí que es Pot, UDC). Claro que sin un apoyo masivo, bastante por encima del 50%, sería irresponsable la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament de Catalunya. De hecho, no lo van a hacer ahora. Cuando los independentistas hablan del proceso lo sitúan en un medio plazo (los mágicos dieciocho meses) tanto para ir construyendo los instrumentos institucionales de la independencia como, sobre todo, recabar una adhesión mucho más amplia de la población que les permita afrontar la inevitable confrontación pacífica en condiciones favorables. En esa perspectiva cuentan con un gran aliado: el fundamentalismo españolista del PP, tanto en versión light de Rajoy, como en versión brutal de Aznar, que avisa con clarividencia de que hay que actuar ahora antes de que pierdan las elecciones.

Está comprobado que cada gesto recentralizador y cada medida represiva se traduce de inmediato en mayor respaldo popular al independentismo y en mayor unidad entre sus distintos componentes. La imputación contra Mas, Ortega y Rigau por organizar una consulta no vinculante en la que participaron dos millones de ciudadanos, es una estupidez táctica. Por muchos tribunales que pongan por medio lo que consiguen es desprestigiar al poder judicial haciéndolo partidista y soliviantar los ánimos. Hace una década el apoyo a la independencia no llegaba al tercio de ciudadanos, ahora se aproxima a la mitad. Y con medidas así pueden hacer decantarse a una parte significativa de los votos de Iniciativa y de Podemos y algunos mas de Unió, situándose más allá del 50%. Y obligan a la CUP (¡por fin un partido con principios!) a cerrar filas ante un enemigo común que no da cuartel. La estulticia política de PP y Ciutadans (que en la oposición al independentismo no se diferencian) aglutina al nacionalismo catalán y además introduce una peligrosa división en el bloque constitucional, porque Pedro Sánchez sabe que no puede seguir al PP en su deriva intransigente. Y mientras tanto, la opinión pública internacional se ha enterado del problema catalán y sectores influyentes en Europa, Norteamérica y América Latina aconsejan la negociación.

Esta es una importante consecuencia del 27-S: en cierto modo se ha internacionalizado el conflicto. Por un lado, Obama, Merkel, Juncker (o su traductor), Cameron, Sarkozy y otros han manifestado su deseo de mantener la unidad del Estado español: las experiencias traumatizantes de desmembramientos de estados en Europa del Este (inducidas por Alemania y Estados Unidos) les incitan a prevenir una crisis abierta antes de que se produzca. Pero precisamente por eso, ejercen una presión discreta (excepto Sarkozy) para conducir a una negociación que amplíe autonomía a cambio de renunciar al separatismo. También se mueven en ese sentido medios de comunicación importantes, como The New York Times, The Guardian o Le Monde. Tal vez eso motive a Rajoy (que vende su imagen razonable) a declararse partidario de la “finura” en el tratamiento de la cuestión catalana.

Su problema es que la finura de modales se contradice con la intransigencia centralista en cualquiera de los temas que pudieran ser objeto de negociación. Al tiempo que se multiplican los gestos de los sectores ultranacionalistas españoles, como el homenaje a la bandera española cuya celebración se traslada oportunamente al barcelonés cuartel del Bruc, bajo los auspicios del Ministerio de Defensa y de los principales jefes militares, incluyendo en su programa el desfile de la brigada Barcelona. Es más, la coyuntura política española no favorece la negociación. Dirimir el resultado electoral del 20 de diciembre en los próximos meses conlleva una complicada competencia entre los partidos españoles sobre quién defiende mejor la unidad de España.

Para el PP esta es la mejor baza en su estrategia de conseguir la primera mayoría relativa en lo que necesariamente será un gobierno de coalición. Ciudadanos sabe que ahora tiene un caladero importante en el voto antinacionalista en Catalunya. E incluso Podemos repliega velas ante el desastre de su invento y aunque mantiene el derecho a decidir ahora se pronuncia por el no, lo cual le puede hacer perder aún más apoyo en Catalunya. Y sin un fuerte apoyo en Catalunya ninguna izquierda ha llegado al Gobierno desde 1986. De ahí que el principal dilema lo tiene el PSOE. Su estrategia de largo plazo, basada en la reforma de la Constitución hacia una España federal que amplíe la autonomía de Catalunya, choca con la necesidad a corto plazo de no ceder al PP la bandera española. De modo que no hay perspectiva alguna de negociación hasta que haya un nuevo gobierno en Madrid. Y mientras tanto, el fervor del movimiento social independentista puede ser realimentado con medidas legales represivas tanto contra sus políticos como contra decisiones del Parlament, desplazando hacia la calle y la red el debate cada vez más imposible en las instituciones.

De poco sirven los argumentos sobre la (im)posibilidad institucional, económica o internacional de la independencia. Es la hora de las emociones. Es el ahora o nunca. Y es el nunca por principio del nacionalismo español. ¿Entonces? ¿Y si los republicanos de Esquerra le preguntaran al Rey? Porque si de algo sirven las monarquías es para temperar y negociar, a condición de que el monarca sea como Felipe VI y no como el anterior.

Cosas más raras se han visto en la historia….

Manuel Castells

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *