Los especialistas en sistemas electorales no terminan de encontrar la fórmula adecuada para que los representantes de los ciudadanos encarnen, de manera mimética y exacta, la voluntad de los electores. Los países democráticos han debatido arduamente sobre el sistema más genuinamente representativo.
Las críticas a nuestra ley electoral no provienen de la técnica de recuento, sino de la existencia de circunscripciones baratas en la relación voto-diputado y de la permanencia de las listas cerradas. No es el momento de abordar en un trabajo periodístico los ajustes e incluso las sustituciones por otros sistemas electorales.
El Instituto Nacional de Estadística elabora el censo de votantes para cada llamamiento electoral. Las listas de las elecciones generales abarcan la totalidad de ciudadanos que, teniendo la plenitud de sus derechos cívicos, pueden entregar su voto en las urnas. Su voluntad, unida a la de otros muchos, determinará el grado de aceptación de ofertas electorales de los partidos políticos que han solicitado el voto para las listas que, previamente, en un proceso poco democrático, han elaborado utilizando criterios más que discutibles.
La diversidad sociológica e ideológica del censo electoral es prácticamente infinita. El más variado mosaico humano se puede observar en cada convocatoria electoral. Sus piezas se componen de segmentos de edad, actividades profesionales, opciones sexuales, creencias religiosas o convicciones éticas y valores ciudadanos tan denostados por los fundamentalistas católicos. No quedan fuera de estos fragmentos las opciones, matizadas por un cierto pragmatismo que no siempre hace coincidir el voto con la idea. El cómputo del total de votantes nos da la cifra de partícipes. Algunos han ejercido su derecho inutilizando su papeleta o depositándola en blanco para mostrar su desconcierto o desánimo. Los votos son la muestra individual y la cuota indivisible de la soberanía popular y han sido entregados a los políticos para su custodia y administración.
Resulta perturbador para la consolidación de la conciencia democrática comprobar que las cifras y porcentajes se manejan sin ocultar estrategias alejadas de los núcleos de las voluntades o ideas que acompañaban al voto.
En mi opinión, el sistema de segunda vuelta podría ser incompatible con los valores y derechos constitucionales. Reducir la opción a dos alternativas deja fuera del campo electoral a múltiples posiciones minoritarias, que ven mermadas sus posibilidades de acceder a los órganos representativos y de participar en la vida pública.
La fijación de un porcentaje mínimo para formar grupo parlamentario sirve para evitar una excesiva fragmentación de las escalas parlamentarias. Fuera de este corte selectivo, nada es admisible en detrimento del ejercicio de la libertad de voto y del derecho constitucional a la participación democrática en el acceso a cargos públicos. Nuestra Constitución es eminentemente participativa, por encima de fórmulas que recorten el derecho fundamental de nuestro sistema representativo, periódicamente renovado.
Las posiciones favorables a que gobierne la lista más votada me parecen incuestionablemente inconstitucionales. La lista más votada solo representa un factor numérico infinitamente variable. Según los casos, la opción política puede no superar el 20%. No se puede ostentar ningún derecho constitucional con tan exigua cantidad de votos y dejando fuera de toda posibilidad opciones que, sumadas, representan el 80% de la voluntad de los electores. La idea de que solo puedan optar al Gobierno de la nación los que obtengan el 30% es contraria al derecho de participación y al valor superior del pluralismo político. Solamente podrían acceder al Gobierno tres partidos, dejando fuera de toda posibilidad a los grupos minoritarios que no alcanzasen dicho techo.
No creo que la propuesta resista el filtro de constitucionalidad que traza el marco de nuestro sistema. Cuantitativa y cualitativamente, una opción que consiga aglutinar distintas minorías que formen una mayoría, exigua o fuerte, es la única formula que respeta el pluralismo político. Si la alianza se muestra inestable, las salidas están previstas: pasan por la convocatoria de nuevas elecciones. Las crisis políticas son el síntoma de la madurez de la democracia.
La ansiedad por explotar el respaldo a las minorías mayoritarias es la más perfecta expresión de la ambición por el poder, que no es, ni mucho menos, un valor que pueda esgrimirse como paradigma de la normalización y racionalización del funcionamiento de una sociedad democrática. El respeto por las minorías consolida el sistema y da mayor coherencia a la diversidad y pluralidad de una convivencia de la que todos se sienten, en mayor o menor proporción, protagonistas y responsables.
Los sistemas implacablemente mayoritarios producen la desertización ideológica y anulan cualquier posibilidad de establecer un debate enriquecedor entre las diversas tendencias sociales, inevitablemente existentes en las sociedades vivas y con posibilidades de consolidar un futuro siempre enigmático y sorprendente. El porvenir solo está escrito en las conciencias de los que viven de forma apasionada y optimista el presente.
José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo.