Vox ha roto los cinco Gobiernos regionales de coalición que tenía con el Pp. La noticia puede ser desconcertante, pero no inesperada ni imprevisible. Llevaba anunciándose unas semanas, y aun meses, y a ello han contribuido las tres principales fuerzas políticas españolas.
En primer lugar, el más beneficiado en esa ruptura será (se cree) Sánchez, a quien, no obstante, siempre vendrá grande el nombre de Maquiavelo. Al fin y al cabo lo último que ha de notársele a cualquier Maquiavelo es su maquiavelismo.
Desenterrado y vuelto a enterrar Franco, lo más parecido a Franco que le quedaba a Sánchez es Abascal.
Anteayer, horas antes de que se consumara y anunciara la ruptura, el Gobierno central y los medios afines dieron gran pábulo a otra noticia (dicen alegrarse de ella, pero alentarán la sospecha de que Pp y Vox siguen coaligados): la coalición derechista de Valencia había aprobado una Ley de Concordia que inhabilita la de memoria historia, y hacían hincapié en esto: en la nueva se equipara a las víctimas de la guerra y del franquismo, que en absoluto sale condenado en ella. Si algo son y deben ser las víctimas es ser equiparadas, y recordadas por los dos bandos. Una víctima del Frente Popular no es muy diferente de otra del franquismo, ni un asesino republicano distinto de otro franquista, y España aún está esperando el reconocimiento del Estado democrático a todas las víctimas, honradas en un monumento común. Pero en este punto radica el principal problema de las leyes de memoria: se exige a unos que condenen el franquismo, causante de miles de asesinatos, pero en absoluto condenarán ellos la «Revolución española» (Campoamor dixit), responsable de otros miles más, la mayor parte «paseados» o víctimas de los tribunales populares. ¿Y por qué la izquierda no ha condenado de una manera rotunda no ya esos asesinatos de izquierda sino a la misma República, ese idílico régimen, según Zapatero y la mayor parte de la izquierda de este país? Por tres razones. Una, porque les imputan esos muertos a fuerzas «incontroladas», con el fin de eximir de responsabilidades a la República. Dos, porque creen tener derecho, al haber perdido la guerra y sufrido el exilio, a no rendir cuentas de sus fechorías políticas, morales y penales; y tres, porque siguen creyendo que la República fue un reducto de libertades y no el Estado fallido en el que acabó convirtiéndose y del que hablaron Clara Campoamor y Chaves Nogales, habilitando de paso al estalinista Partido Comunista como expendedor de certificados democráticos y antifascistas. Y sí, señores de Vox y del Pp valenciano, al franquismo se le condena. Y que quienes han levantado el muro hagan lo propio con «sus» Largo Caballeros y dirigentes republicanos responsables de la revolución sangrienta.
Muertos estos también, Sánchez no solo no los ha desenterrado definitivamente y mandado al más remoto camposanto de la memoria, sino que los ha puesto en los altares, a la vista de todos, mientras él se ha apropiado de la máquina de extender los antedichos certificados democráticos. Lleva seis años exigiéndole al Pp que rompiera con Vox (cuando nada le hubiera resultado más fácil que facilitarle los Gobiernos en minoría, si realmente creyera que el principal problema de España es la ultraderecha), sin que Sánchez haya renunciado a pactar con fuerzas mucho más letales para la democracia que unos voxistas irrelevantes hoy por hoy: delincuentes catalanes, nacionalistas varios, ex terroristas vascos y comunistas de Putin y Hamas. A ellos les ha vendido indultos y leyes, y prometido sentencias de un Tribunal Constitucional que va por el camino de aquellos fatídicos tribunales populares (de hecho una parte del gobierno de Sánchez exige que a los jueces los elija directamente «el pueblo» en el parlamento). El gran acierto de Sánchez y su banda ha sido este: hacer creer a todo el mundo (principalmente al Pp) que el problema de España era la ultraderecha, así como que el causante de todos los males españoles fue Franco, y solo Franco, con el único fin de desviar la atención y sacudirse de encima él mismo su condición de político corrupto, amnistiador y encubridor de corruptos en su Gobierno y en su familia.
Y como en los crímenes de novela, la pregunta esencial: ¿A quién beneficia esa ruptura? Según el escolar cálculo de Sánchez: a nadie como al propio Sánchez. Sin el apoyo de Vox, las posibilidades reales de que el Pp llegue al poder se alejan.
¿Es cierto? Solo un cálculo. Feijóo también ha hecho el suyo. Tras vaticinar la irrelevancia en la que acaba de entrar Vox con su ruptura, se preguntaba anteayer aquí FJLosantos dónde se habían quedado los votos de Upyd y Ciudadanos, víctimas de sí mismos como lo será Vox. Votos desaparecidos, se respondía.
Y aquí es donde el cálculo de Feijóo difiere: ese millón de votos no ha desaparecido, sencillamente se ha quedado en casa. La mayor parte de esos votantes jamás ha votado al Pp (por razones estéticas más que políticas) y mucho menos lo votarían en coalición con Vox. Puede que ahora, sin la excusa de Vox, resucite esos votos, y con ellos la centralidad soñada. ¿Llevará razón Feijóo? ¿Sánchez? Nadie lo sabe.
La incomprensible razón es la de Vox (la del reparto de menas por las comunidades es «de risa», añadía Federico, aunque tanto como de risa es de pena y asco). Ellos están en la prepolítica como tantos españoles que los votan en la presintaxis.
Andrés Trapiello, escritor.