Vuelta al laberinto

¿Cuántos granos hacen un montón? A estos términos absurdos ha llevado el Gobierno una operación necesitada de la más afinada lógica jurídica, sentido democrático y responsabilidad política como la de someter a juicio del tribunal competente - en este caso la Sala Especial del Supremo- la colonización por parte de Batasuna-ETA de otro partido durmiente en el registro, sin actividad alguna hasta ahora, que de la noche a la mañana se convierte en una potencia electoral.

El Tribunal Supremo, primero, y el Constitucional, después, no han podido ser más explícitos. Han juzgado sobre lo que se les ha sometido a su consideración. En el caso de ANV, la anulación de aproximadamente la mitad de sus candidaturas, dejando a salvo la integridad del partido que las promueve, decide, presenta, financia y apodera. Es ridículo, ciertamente, pero es así, tan ridículo como sostener que la organización política denominada Partido Socialista Obrero Español no tiene nada que ver con la mitad de las listas en las que se integran sus candidatos. Y, sin embargo, esto es lo que el fiscal general del Estado y la Abogacía del Estado han forzado a aceptar al Supremo.

El Gobierno deliberadamente ha sustraído del conocimiento del Tribunal Supremo la posible ilegalidad de Acción Nacionalista Vasca, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Deliberadamente, sí. Porque los jueces -que de tontos tienen lo justo- debieron de detectar la albañilería procesal construida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y les advirtieron de que el procedimiento elegido no era el adecuado, ya que impedía enjuiciar la cuestión central en relación con ANV, que no son sus listas más o menos contaminadas sino su condición de partido sucesor de la ilegalizada Batasuna. Después del escandaloso ejercicio de simulación del fiscal general del Estado dándoselas, a la vez, de prudente y decidido al anunciar que si Batasuna pedía apoyo para ANV entonces la cosa ya sería más sería, sabemos que para el Gobierno nada habría sido suficientemente incriminatorio para instar la ilegalización de ANV. Si Otegi o Barrena hubiesen jurado dirigir ANV, alguien en el Gobierno habría contestado, encima con pretensiones de quedar bien, que esta gente no tiene credibilidad.

A pesar de que algunos juristas han puesto su mayor entusiasmo en dar cierto vuelo al argumentario del Gobierno y otros han pretendido salir a la ofensiva impartiendo lecciones de legalidad mientras recomendaban laxantes a la oposición, el artefacto de elusión de la ley ideado en los servicios jurídicos del Estado no ha conseguido despegar. Las palabras del presidente del Gobierno reclamando para sí el mérito de la firmeza y la legalidad escrupulosa suenan más huecas que nunca y eso que parecía difícil que Rodríguez Zapatero se superase a sí mismo en banalidad. Como los argumentos oficiales no parecen calar, se deslizan las razones que parecen más nobles y, paradójicamente, menos confesables. La paz, por supuesto, las encabeza. Si se les dejan unas cuantas candidaturas y a ANV intacta, ETA no matará o lo hará poco. Ante lo que sólo se puede preguntar por las décadas de asesinatos jaleados en la legalidad por la servidumbre etarra instalada en las instituciones.

A la coartada de la paz le sigue la de la esperanza. Según este razonamiento, la operación reabre la puerta para que se pueda retomar el proceso. Lo insinuó Rodríguez Zapatero en Vitoria. En realidad, el presidente nunca lo ha dejado de hacer. Aunque sus ministros y portavoces se empeñen en corregirle, cuando habla de accidentes y no de atentados, cuando se refiere a la suspensión que no ruptura del proceso eso es exactamente lo que quiere decir.

Y se termina con la apelación a la caridad, el argumento tierno. ¿Cómo vamos a privar a nadie del derecho a votar a quien quiera? Pero es que ésa no es la cuestión. El derecho al voto se refiere a las opciones legales. No hay un derecho a la representación ilegal y nadie ha planteado que la ilegalización de una organización política implique la privación del derecho de sufragio de sus miembros, ni menos aún de sus votantes. Las últimas declaraciones del fiscal general expresando su íntimo arrepentimiento por haberse excedido en el número de listas cuya anulación instó y hablando de un supuesto «Guantánamo electoral» al que conduciría la Ley de Partidos Políticos revelan toda la mezquindad sectaria, el insulto del ignorante de la realidad que sufren tantas vidas amenazadas y la triste degradación de un jurista como Conde Pumpido.

Resulta patéticamente oportunista exhibir, como hacen el Gobierno y la dirección del Partido Socialista, las amenazas de ETA y Batasuna después del proceso de anulación de candidaturas como la prueba definitiva de que no ha habido contemplaciones. La reacción de ETA-Batasuna, las agresiones de sus matones, el sabotaje de la campaña electoral acordado por los que el PSOE sigue considerando interlocutores políticos necesarios, no demuestran que el Gobierno no haya cedido. Demuestran que, una vez más, el Ejecutivo se equivoca, que es distinto. Porque cuando, frente a un asesino, un chantajista, un profesional de la violencia, se opta por un mal para evitar otro, se acaba sufriendo los dos.

Este deprimente espectáculo que ha deparado el Gobierno, arrastrando al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado a un descrédito que no merecen los profesionales que integran estos órganos, hace que se vuelvan a oír los golpes de pecho de los que públicamente se duelen de su credulidad ante Rodríguez Zapatero. Ya deberíamos saber que tratándose de Rodríguez Zapatero hay pocas cosas que queden fueran del alcance de su osadía -el coraje y la valentía son otra cosa-, de las urgencias electorales, de su obstinación errada, o de la instrumentalización irresponsable de las instituciones del Estado. Es cierto que la desnudez del emperador parece cada día más reconocible. Pero todavía secretos a voces se rechazan como especulaciones sin fundamento, exigencias legítimas de explicaciones se censuran como comportamientos de mala fe o desleales, evasivas inaceptables se elogian como modelos de habilidad política.

Los crédulos pueden seguir creyendo que en vez de haber vuelto al laberinto nos encontramos en el terreno despejado de la esperanza. Quedarán decepcionados. Sí, desgraciadamente hemos vuelto al laberinto que dejamos atrás al negarnos a buscar salidas imposibles siguiendo los caminos de engaño que señalizaba ETA. Fue entonces cuando el Estado de Derecho -no 'Guantánamo electoral' alguno- emprendió una ruta de firme defensa de la libertad y de aplicación de la ley haciendo saltar la trama creada por el terror para doblegar a la sociedad. ¿De verdad no se acuerda el fiscal general?

Javier Zarzalejos