Durante los últimos siete años las políticas públicas han experimentado una evidente paralización y un recorte del gasto en las funciones que reconocían derechos o prestaciones a los ciudadanos. Muchas ayudas que existían antes de 2010 se suprimieron y las que se mantuvieron se abonaron con retraso o se impagaron, debido al agotamiento de sus dotaciones presupuestarias. De entre ellas me referiré a la de vivienda, donde el marco que la define venía experimentando un fenómeno paradójico al desaparecer, cuando resultaba necesaria para proteger a los colectivos más desfavorecidos o con problemas de ingresos. En este período se ha acentuado el serio desajuste que ya venía produciéndose entre esta política y las necesidades residenciales de la población. Así, nos encontramos viviendas protegidas vacías y un escaso parque de viviendas sociales, junto con un número destacado de familias que son desalojadas de sus casas por falta de pago de sus hipotecas o del alquiler, sin que nadie les ofrezca una alternativa habitacional digna.
Al disminuir continuamente el gasto público en vivienda, las ayudas personales para su adquisición descienden bruscamente y las viviendas protegidas terminadas escasean, hasta el punto que en 2014 fueron cuatro veces menos que en 2007. En definitiva, la función amortiguadora del impacto de la crisis que estaba atribuida a la política de vivienda se ha debilitado y mucho. La descripción hecha hasta aquí es bastante convencional, pero cabe otra mirada: aquella que proporcionan directamente los afectados por la política de vivienda cuando dirigen sus quejas a la Defensora del Pueblo de España o a los Defensores autonómicos.
En muchos casos se trata de familias con menores a su cargo o con personas discapacitadas, de mayores, de mujeres solas con cargas familiares... que manifiestan estar en desempleo, carentes de ingresos o con muy escasa cuantía en aquellos supuestos en los que perciban alguno. En todos estas circunstancias no pueden pagar un alquiler, ni siquiera en el mercado protegido, lo que les lleva a solicitar una vivienda pública cuya renta quizás puedan abonar, según vaya siendo su circunstancia personal. La situación, que casi siempre trasladan, deja ver un panorama teñido de una dureza extrema. Tras perder su vivienda se han visto obligados a tener de nuevo que convivir con sus familiares o a ocupar, sin título legal, alguna vivienda vacía.
Estos ciudadanos, al exponer sus problemas, precisan las actuaciones que adoptaron las autoridades y que les han perjudicado. De entre ellas citaré algunas. Por el número de afectados destacan las quejas relativas a la supresión de los subsidios a cargo de los PGE, correspondientes a los intereses de los préstamos que venían percibiendo. La interpretación que hizo el Ministerio de Fomento, suprimiendo las del Plan 2009-2012 y también, retrospectivamente, las ayudas de planes anteriores, incrementó las dificultades padecidas por muchos afectados en esta época de crisis.
Otro tanto ocurrió con las que se concedían para la rehabilitación de viviendas, como por ejemplo la instalación de ascensores, que se dejaron de abonar al carecer las Administraciones Públicas de fondos para ello. La situación de aislamiento en muchos hogares, ocupados por personas mayores, que veían perjudicada su movilidad aumento y no poco. Abundantes son las quejas, originadas en Madrid, formuladas por los inquilinos de viviendas públicas porque, sin haberles informado del proceso de su venta, vieron como aparecía un nuevo propietario privado, poco respetuoso con los términos contractuales previamente fijados. Son los casos del IVIMA y de la EMVyS. Un acto político consumó el traspaso de la propiedad de las viviendas a fondos financieros, con la consiguiente privatización total del servicio público.
Un último motivo de queja lo proporciona el drama humano que existe tras cada uno de los desahucios. Sin lugar a duda estamos ante uno de los peores legados de la crisis. Su cotidianeidad ha hecho que sea uno de los primeros integrantes de la agenda política en cualquier nivel de administración.
Son varios los gobiernos autonómicos recientemente constituidos que ya han anunciado que inmediatamente aprobarán la correspondiente modificación normativa. Dado que existen diferentes modalidades de desahucio,estamos ante una disposición de complejo contenido. Este es el elemento en el que coinciden cuantos pretenden hacer frente a esta circunstancia. Todos creen que la protección que proporcionan las normas en vigor es poco más que un placebo, por lo que se proponen apoyar, con mayor intensidad, a las personas con menores recursos, para lo cual están dispuestos a intervenir.
Desde las diferentes Administraciones se están dejando de agavillar expedientes, a la vez que deshacen el ovillo de impagos que conscientemente, unos y otros, han ido acumulando. El tratamiento de los problemas empieza a mejorar.
Francisco Fernández Marugán es Adjunto Primero al Defensor del Pueblo.