El pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones en Cataluña que tenían por objeto, exclusivamente, que los españoles inscritos en el censo de aquella Comunidad Autónoma eligieran a sus representantes en el Parlamento, conforme al Estatuto de Autonomía, aprobado con la condición de Ley Orgánica del Estado por las Cortes Generales, ratificado después en referéndum regional y corregido en unos pocos artículos por el Tribunal Constitucional, único que puede y debe, cuando sea requerido para ello, declarar la inconstitucionalidad de preceptos de una ley, si no se ajustan a la Norma Fundamental, control que garantiza la observancia del Orden Jurídico, sin el que no puede haber democracia, ni Estado de Derecho.
El Alto Tribunal actuó en virtud de dos recursos de inconstitucionalidad; uno interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular y otro por el Defensor del Pueblo, institución a la sazón presidida por Enrique Múgica, un reconocido demócrata y luchador por la libertad, aunque este último recurso se ignora sistemáticamente, como también se olvida que de las infracciones jurídicas, incluidas las del orden constitucional, son responsables únicamente los que las cometen y nunca los que las denuncian, ni los tribunales que las declaran y corrigen.
Es de justicia destacar que las elecciones de Cataluña se han celebrado con un alto índice de votantes, con absoluta tranquilidad, plenas garantías y total libertad; es decir, como todas las que, bajo el sereno control de los jueces, han tenido lugar en los últimos 40 años, desde aquél ya lejano referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, al que han seguido periódicamente decenas de comicios locales, autonómicos, generales y europeos, en los que los catalanes han ejercido su «derecho a decidir», sin la menor sospecha de irregularidad, como prueba incontestable de la fortaleza de la que ha gozado, desde el mismo principio, nuestra joven democracia, enseguida homologada y ahora plenamente integrada en la Europa de las libertades y los derechos humanos.
A pesar de que lo dicho hasta aquí no es más que la constatación de una realidad, las cosas que se van oyendo desde los portavoces de algunos partidos, aconseja hacer también algunas puntualizaciones.
En primer lugar ha de repetirse con firmeza que lo único que se ha elegido en Cataluña son los representantes en su Parlamento, lo que no puede convertirse en un referéndum para elegir entre la república catalana y la monarquía de España, ni entre la unión o la secesión y ni siquiera tampoco si se quiere o no un referéndum de autodeterminación de la Comunidad Autónoma, porque cualquiera de esas pretensiones, jurídicamente disparatadas, además pueden constituir la señal de que quienes intentaron dar un golpe de Estado y se encontraron de frente con la Constitución y los Tribunales, están pensando en volver a las andadas.
En segundo lugar, no se puede ignorar, como hacen los separatistas desde la misma noche del recuento electoral, que la fuerza más votada y con más diputados es la de un partido constitucionalista que tuvo su origen precisamente en Cataluña y que aunque no pueda gobernar por la aritmética parlamentaria, acredita que nadie puede seguir hablando en nombre de Cataluña.
Tampoco se ignora que la mayoría de los diputados elegidos pertenecen a formaciones políticas que patrocinan la secesión y que pueden hacerlo sin problemas por el generoso reconocimiento de libertad ideológica y acción política de la Constitución española, al no establecer una «democracia militante»; pero esa circunstancia no puede confundirse con que sea ingenua o estúpida, hasta el extremo de no distinguir entre lo que puede pretender un partido político o cualquier ciudadano y lo que no puede aceptarse que se promueva cuando se ejercen funciones en las instituciones públicas, desde las que se pretenda actuar para derribarlas, contra lo que se ha jurado defender para acceder al cargo; como tampoco es aceptable la confusión entre «legal», que es lo que no está prohibido, con «legítimo», que es lo que ética y hasta moralmente y no solo jurídicamente, constituye un derecho inalienable y esto es así porque si la pretensión secesionista se califica de «legítima», habría que tachar de «ilegítima» a la República Francesa, cuya «democracia militante» no tolera que se cuestione, ni la forma republicana de gobierno, ni la integridad territorial de Francia y lo mismo habría que decir de Alemania, en la que tampoco se permiten partidos políticos o iniciativas que pongan en peligro la existencia de la República Federal.
En tercer y último lugar, el resultado electoral del pasado día 21 de diciembre no extingue las responsabilidades criminales por los supuestos delitos de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación, por los que están siendo investigados algunos de los elegidos diputados, que inexorablemente habrán de ser juzgados y si resultaran probados los graves hechos que les imputa el Ministerio Fiscal, resultaran condenados y habrán de cumplir las penas que se les impongan.
A la pregunta ¿y ahora que? que suele formularse, ha venido a responder S.M. el Rey en su mensaje de Navidad, con claridad, prudencia y firmeza. Ahora los secesionistas catalanes tendrán que elegir entre dos caminos: el que conduce al «enfrentamiento o la exclusión que solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y –por supuesto– económico» o el otro, el de la concordia, que «debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana –tan diversa y plural como es– recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo; de manera que las ideas no distancien, ni separen a las familias y a los amigos».
Bien claro está por dónde quiere caminar Don Felipe VI y que nadie se engañe, tras él, con las banderas que unen y no excluyen a nadie, le siguen más de cuarenta millones de españoles, de diversa condición y variada ideología política, pero que miran a todos los que viven en España como compatriotas, respetando su diversidad. Y frente a esa muchedumbre los que no quieran seguir por el camino de la concordia, volverán a encontrarse de frente con la Constitución y los Tribunales, lo que sería un triste destino que solo ellos pueden evitar.
Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional | @RguezArribas