¿Y ahora qué hacemos?

El movimiento de indignación moral que ha atraído la atención pública española, e internacional, desde mediados de mayo ha llegado seguramente a su cénit. Este es ya, de por sí, un logro notable. Si sus militantes consiguen que se transforme en algo más sólido y de mayor alcance, saldrá ganando la calidad de la vida democrática. Si no es así, solo los reaccionarios más recalcitrantes intentarán hacernos pensar que fue un efímero episodio primaveral.

Dejando de lado, como debe ser, cualquier elemento nocivo y violento, más o menos infiltrado entre los indignados, y también toda represión mal conducida por los guardianes del llamado orden público, es esencial evaluar la aportación que hayan podido hacer los manifestantes a la causa pública. (Entiendo por causa pública el interés común de la ciudadanía por compartir una vida más rica, solidaria y civilizada que la que ahora tenemos.) Esa aportación ha consistido hasta hoy en demostrar que una parte muy significativa de la población no está dispuesta a comulgar con ruedas de molino, es decir, a aceptar que el orden económico que tenemos, así como nuestro orden político, sean indiscutibles. Son perfectamente discutibles. Es más, si son mejorables es precisamente porque son discutibles. No es otra la grandeza de la democracia. Sin deliberación pública no la hay. La democracia deliberativa no se conduce solo en el parlamento ni, por extensión, en la prensa.

Hay, sin embargo, otra aportación que no se ha realizado del todo: la de haber propuesto soluciones satisfactorias. Quienes han considerado al movimiento indignado con mal disimulado paternalismo no han dejado de señalar que ese es su flanco más débil. Y algunos, como quien esto escribe, que se han identificado sin ambages con elementos muy cruciales de su protesta, también hemos señalado la importancia de esta ausencia, que considero relativa. Por ejemplo, exigir, como hacen los indignados, que las listas electorales sean abiertas es de lo más sensato. No hay que doctorarse en sociología política para saber que una de las causas de lo que los del gremio llamamos ley de hierro de la oligarquía -la tendencia a la consolidación de una clase política profesionalizada y cerrada, que se reproduce a sí misma en partidos y sindicatos- solo puede socavarse con listas abiertas. Una reforma crucial, pero que no basta.

Todo movimiento social que se quiera realmente renovador debe tener en cuenta lo que se ha hecho en el pasado para consolidar los principios que se quieren sostener. Los indignados deben entender que la única crítica seria al orden capitalista actual -o al de las democracias liberales tal cual son- ha de fundamentarse en aquellos logros que hasta hoy han dado resultados palpables en la buena dirección. La unidad básica del orden capitalista es la empresa, y su institución principal, el mercado. Pues bien, la empresa en un mundo distinto (para los que están persuadidos de que otro mundo es posible, como les complace afirmar) solo podrá abrir las puertas a ese otro universo económico si se transforma en una cooperativa de producción o de consumo. O si se reorganiza en términos de democracia industrial. Como hay precedentes, y realidades muy contundentes en diversos países, lo que aquí afirmo es todo menos utópico.

Los indignados, por lo tanto, deberían extender su crítica a aquellas fuerzas que se afirman como democráticas pero se alejan de criterios de autogestión y de libertad compartida como son la participación real de los trabajadores en sus empresas y el reparto cooperativo de responsabilidades en ellas. Sin ir más lejos, los sindicatos mayoritarios en toda Europa ignoran este asunto. Apoyan, cómo no, a los comités de empresa, fomentan la negociación colectiva y hasta se preocupan -no suficientemente- por la población desempleada o por aquella cuyos salarios son vergonzosamente bajos. Pero no ponen en tela de juicio la estructura de poder y la distribución del privilegio y la responsabilidad en las empresas. Eso, al parecer, lo están dejando para los indignados.

No puede sorprender si, acosados por el desgaste, el cansancio y el aislamiento, y minada su buena fe por la infiltración de gentes violentas, abandonan su sueño. Y sus desvelos. Hasta ahora solo han recibido el apoyo vaporosamente verbal de algún representante de la izquierda, o alguna que otra afirmación de los políticos que no pasan de afirmar que toman nota de lo que sucede. Ya nadie se acuerda, pero el general De Gaulle, presidente autoritario de la República Francesa, dijo en ocasión memorable «je vous ai compris» (os he comprendido) a quienes se rebelaron en toda regla contra el orden económico y político de aquellos años. Hace medio siglo. En otras palabras, tomó nota. Y todo siguió igual. O peor. ¿Va a ocurrir lo mismo hoy en este país?

Salvador Giner, presidente del Institut d’Estudis Catalans.

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